En la tarde de este viernes, se encontró una corona de flores en el ingreso de la ex Penitenciaría en Santiago. Esta tenía escrito el nombre “Capitán Q.E.P.D.“.

Además, incluía una tarjeta que decía: “Adiós capitán. Descansa en paz tu familia (…) Atentamente la Calle ‘6’“.

Esta acción se interpreta preliminarmente como una amenaza hacia un gendarme relacionada con el traslado de un reo desde ese centro penitenciario.

Ahora, este sábado, la Asociación Nacional de Oficiales Penitenciarios (ANOP) publicó una declaración en la que manifestaron su rechazo a esta supuesta amenaza.

Esto “obedece al modus operandi del crimen organizado que busca amedrentar el accionar de quienes deben dirigir los recintos penales del país”, indicaron.

“Esta nueva amenaza hacia un oficial penitenciario se suma a otros hechos de la misma o mayor gravedad, como lo ocurrido en la ciudad de Cauquenes en abril de este año y hace un mes en Talagante, que demuestra la alta exposición al riesgo que significa el crimen organizado para la Oficialidad de Gendarmería”, comentaron.

También apuntaron en contra del ministro de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Gajardo, por no dar “un real apoyo y reconocimiento del riesgo que enfrentan los y las Oficiales Penitenciarios frente al crimen organizado, más bien apreciamos una actitud particularmente indolente hacia nuestro escalafón, no así frente a otros estamentos qué al ser más numerosos, se disponen con rapidez las iniciativas legales e importantes recursos para satisfacer sus demandas”.

Sumaron que “denunciamos el desinterés o incapacidad de la autoridad para solucionar por ejemplo los problemas previsionales que nos afectan, lo que explica también la ausencia de medidas concretas que entreguen las mínimas condiciones de seguridad, protección y garantías, acordes a los riesgos de la nueva criminalidad, no solamente hacia la Oficialidad, sino que hacia el personal de Gendarmería y sus familias en general, siendo entregados a su suerte frente al crimen organizado”.

“Hacemos presente que el único legado que nos deja esta administración es un hacinamiento histórico con una población penal sobre los 63.000 reclusos, siempre en ascenso, con graves problemas de infraestructura que vulneran los derechos humanos y una dotación de personal insuficiente que no ha crecido, pese a la urgente necesidad, falencias que se maquillan llamando a Retiro sin un debido proceso a las Jefaturas de la Unidades Penales por responsabilidades de mando frente a cualquier evento crítico, como la reciente fuga desde la Cárcel de Valparaíso, para evitar que se asuman las responsabilidades políticas por la mala conducción ministerial que ha normalizado la crisis del sistema penitenciario", subrayaron.

Finalizaron diciendo que “el crimen organizado no se combate solamente con discursos o buenas intenciones, se combate con medidas concretas, efectivas y oportunas que protejan y den garantías a quienes día a día lo enfrentan en las cárceles del país”.