Fue al terminar el mes de julio que el gobierno rompió su propio récord de rotación en la cabeza del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, cuando removió a la ministra Aisén Etcheverry para incorporarla al Segundo Piso de La Moneda -donde había estado reemplazando a la ministra Camila Vallejo durante su posnatal- como jefa de Planificación. El Presidente Gabriel Boric designó entonces al abogado Aldo Valle como nuevo jefe de la cartera creada en 2018. El exrector de la Universidad de Valparaíso, exvicepresidente del Consejo de Rectores de las universidades chilenas y exconstituyente en el primer proceso constitucional, se convirtió así en el cuarto ministro de Ciencias en cuatro años, sucediendo a Flavio Salazar, Silvia Díaz y la propia Etcheverry en el escritorio principal del octavo piso de Morandé 226.

Con un mandato circunscrito a apenas meses, Valle asume que su tarea es llevar a puerto final la gestión en esta área de un gobierno que prometía darle un papel prioritario y alcanzar el 1% de inversión del PIB en ciencia e innovación.

¿Qué le pidió el gobierno cuando lo convocó para estos meses que quedan? ¿Qué cree usted que implica que usted sea el cuarto ministro en cuatro años?

Se trata de concluir políticas que se han estado impulsando por el ministerio, que son muy relevantes para nuestro desarrollo social, económico y político. Por ejemplo, en materia legislativa, lograr que tengamos un marco regulatorio pertinente, ojalá muy bien ponderado por todos, en materia de inteligencia artificial y de transferencias tecnológicas. Chile es un país que tiene que mirar con mucha atención que las economías van a tener una dimensión digital predominante. Estamos viviendo una coyuntura muy especial. Nadie pensó hace tal vez 15 años atrás que íbamos a necesitar más talentos en economía digital con urgencia y por lo mismo tenemos que orientar la política pública en ese sentido. Y entonces ahí hay dos proyectos muy importantes. Desde luego, concentrarnos también en nuevos instrumentos de política pública. Uno de ellos que dice relación también con que las universidades, independientemente de su carácter, públicas o privadas, deben sumarse institucionalmente a las tareas del sistema de ciencia, tecnología, conocimiento e innovación. Que junto con lo que se ha venido haciendo, muy valioso, puedan contar con instrumentos dirigidos a las comunidades científicas que están distribuidas en todo el país. Por eso entonces había que crear un fondo para la investigación universitaria (FIU), que nos parece muy importante para que las universidades también se sumen a las respuestas que se deben dar desde la ciencia, desde el conocimiento, desde la tecnología, desde la innovación, a las necesidades de hoy.

Concretamente, ¿usted aspira a que quede aprobada la ley de inteligencia artificial?

Sí, buscamos eso, que se apruebe. Y respecto del FIU, que podamos avanzar incorporando a más universidades. Ello va a ser gradual, por razones también presupuestarias, pero en definitiva ya todas las universidades están en la primera etapa. Que avancemos de modo tal que al cabo de unos tres o cuatro años todas las universidades estén incorporadas a este nuevo instrumento de política pública.

¿Qué podemos esperar en el sentido del último presupuesto que negocie este gobierno, respecto de esta área?

Bueno, yo esperaría, desde luego, que podamos continuar con los niveles de productividad científica que ha alcanzado el país. Chile es un país que tiene un desarrollo y un reconocimiento en su producción científica, en la calidad de su producción, y obviamente eso no puede estar en riesgo; y tengo confianza en que este presupuesto no va a alterar eso, que vamos a poder continuar con los compromisos que se han ido asumiendo en relación a nuevos instrumentos y desafíos.

El compromiso de llegar al 1% del PIB es algo de lo que se despide el gobierno, ¿no?

Yo creo que es muy difícil que se pueda lograr en el próximo presupuesto. Desde luego que no. No he dejado de señalar que los gobiernos no eligen las coyunturas económicas, ni tampoco las coyunturas políticas, y Chile obviamente ha tenido que desarrollar tareas prioritarias para desde luego ordenar las cuentas fiscales. Chile ha sido un país responsable desde el punto de vista fiscal y reconocemos también entonces en las autoridades correspondientes esa capacidad para finalmente lograr metas muy significativas. Y eso obviamente que ha tenido un impacto en cuánto más se pudo haber incorporado al presupuesto de ciencias.

Usted mencionaba recién a Conicyt, la institucionalidad actual es la ANID -la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo-, que el año pasado fue objetada en sus rendiciones de cuenta por la Contraloría y cuyos tiempos y exigencias de fondos concursables parecen entrar en tensión con los plazos y exigencias de fiscalización general de los fondos públicos. ¿Cómo cree que esto impacte en el presupuesto de Ciencias 2026?

Creo que si uno pondera estas situaciones debiera tener la confianza que Chile por años ha desarrollado una política en un contexto institucional, administrativo, de rendición de cuentas nada distinto al que se tiene hoy. En general, la ejecución presupuestaria no es comparable con la de otros servicios por la naturaleza de la prestación que hacen ellos. Cada vez que se asigna un proyecto, ha habido antes un acto administrativo que establece las bases de un concurso. Aquí la prestación de los recursos requiere de una serie de actos, y desde ese punto de vista, se concluye que hay un contrato entre el Estado y un investigador o varios investigadores o un centro de investigación, en fin. Obviamente, la ejecución presupuestaria es distinta porque supone convocar a un concurso. No se asignan los recursos sobre la base del mismo criterio del año anterior, ni a las mismas personas, sino que luego de un concurso, donde hay jurados que evalúan y finalmente deciden. Aquí interviene la comunidad científica en los jurados, en las comisiones evaluadoras de los proyectos.

Todo esto ha puesto a la ANID en una posición difícil. ¿Cómo cree usted que se sale de esto? ¿Cuál es su plan de acción al respecto? Porque ahora lo que está sucediendo es que hay centros importantes que ven con preocupación la posibilidad de quedarse sin financiamiento...

Bueno, actualmente la ANID está en un plan de actualización de rendiciones, que está desde luego concordado con la Contraloría, y se ha ido cumpliendo fielmente por parte de agencia. De modo que desde ese punto de vista no hay inconvenientes. Luego, es muy difícil, me parece a mí, que eso repercuta en que no se vayan a financiar determinados instrumentos, concursos, porque ese daño sería mucho peor, el remedio sería mucho peor que la enfermedad. Lo que nosotros vemos es que siempre es necesario estar revisando los procedimientos. A veces hay cambios también en los procedimientos administrativos que no dependen de la ANID. La agencia forma parte de la institucionalidad pública y desde luego que está muy bien que así sea. Se trata de recursos públicos para fines públicos. Y por lo mismo estamos también mirando y revisando qué cambios podemos introducir para ojalá no demorar las rendiciones, entendiendo que en general los objetivos de los proyectos son debidamente informados, verificados, pero claro, a la hora de terminar con el máximo de detalle, muchas veces ha habido situaciones en que tampoco todo depende de ANID, también tenemos una relación con una comunidad. Aquí es muy importante tener presente que la ANID en el año 2024 gestionó 170.508 consultas sobre ejecución de proyectos. En el año 2024 tuvo 57 instrumentos en ejecución y convocó a 62 concursos. El año 2024 la ANID transfirió recursos a 12.383 proyectos. No son solo los proyectos de un año, sino de tres, cuatro o cinco años antes. Entonces, la ANID es una agencia que desde el punto de vista del ministerio, que tiene un estándar de eficiencia significativo. Solo un 4,6% de su presupuesto en el año 2024 se destinó a gastos de gestión y operación y sólo un 4,8% de su presupuesto en el año 2025. El acento ha estado puesto en esa capacidad para hacer llegar directamente el 95% del presupuesto a quienes son sus destinatarios finales: los investigadores, las comunidades científicas.

Hay un punto que preocupa a una comunidad importante de científicos: el problema que acusa el Observatorio Europeo Austral (ESO) sobre el proyecto energético INNA, que perjudica de manera importante la calidad de los cielos y por tanto la observación astronómica, algo que además comprende compromisos internacionales del país. En octubre se terminan de presentar los descargos ante el Servicio de Evaluación Ambiental (SEIA). ¿Cuál es la posición del gobierno y de su ministerio frente a todo esto?

Bueno, nuestro país tiene sin duda una tradición muy reconocida en cuanto al cumplimiento de sus obligaciones, particularmente las que emanan de tratados internacionales. Y en esto creo yo que nadie debiera esperar que Chile no tenga una conducta consecuente con ello. Ahora claro, se producen hechos sobrevinientes, superposiciones, hay distintas actividades en el país. Y lo que corresponde también siempre, es respetar el procedimiento establecido en la ley. Debemos esperar que ese procedimiento se lleve a cabalidad, con respeto al Estado de derecho, con la legalidad.

¿Pero tiene el gobierno una posición?

Lo que ocurre es que en procedimientos administrativos, en que el Poder Ejecutivo llega a tener una participación decisiva en momentos claves, no es conveniente que otros ministerios anticipen juicios al respecto. Aquí hay efectivamente un proyecto que está sometido hoy día a una evaluación de impacto ambiental. Hay unos órganos competentes establecidos por la ley. Son esos órganos competentes los que en su momento los juicios, las decisiones, hacerlo en la forma que corresponda. Esto es también mediante las solemnidades y actos administrativos que establece la ley.

En lo que se refiere a la institucionalidad de ciencia en el país, la creación del ministerio estuvo precedida un largo debate; el proyecto nace en la administración Bachelet y lo concreta el gobierno de Piñera. En todo ese debate había quienes planteaban, desde la ciencia, que no era necesario un ministerio. Considerando la alta rotación de ministros de esta administración. ¿Cuál es la importancia que debemos pensar que este gobierno le da a este ministerio?

Siempre unos mismos hechos pueden dar lugar a interpretaciones distintas, e interpretaciones respetables y legítimas de las que también podemos discrepar. Objetivamente ha habido un cambio. A veces, claro, uno puede en la conducción de un ministerio tener más o menos infortunios. Y es también tarea de los gobiernos reaccionar, encauzar, corregir. Y lo cierto es que a pesar de esos cambios, el ministerio ha podido desarrollar sus objetivos, sus principales ejes de actividad. El Ministerio ha ido consolidando sus divisiones, la división de políticas públicas, la de ciencia y sociedad, la de tecnologías emergentes. Y desde luego su estructura organizativa, administrativa, su división de administración y finanzas, su división jurídica, que son de soporte a su vez para que las otras tres que mencioné antes puedan llevar a cabo sus tareas. Interviniendo en distintas áreas de la política pública, respondiendo al rol del ministerio de efectivamente procurar que en la acción estatal esté presente la ciencia al servicio de las personas, la ciencia contribuyendo al desarrollo de nuestra economía. Desde ese punto de vista, no ha habido un impacto, ¿por qué? Entre otras cosas, por la estructura que tiene el ministerio, con un equipo profesional permanente. En consecuencia, yo creo que la ciudadanía puede estar tranquila en el sentido que cuando hagamos finalmente la evaluación de los aportes y resultados que ha tenido el Ministerio de Ciencia durante el gobierno del Presidente Boric, se va a encontrar con que el ministerio estuvo presente en aquellos lugares para los cuales se constituyó.

Se lo pregunto porque los dos principales candidatos de oposición están proponiendo un recorte considerable del gasto público, sobre todo quien lidera las encuestas hoy. ¿Usted cree que este ministerio necesita justificar su existencia?

Yo creo que todos los ministerios, siempre dicho en positivo, necesitan justificar su existencia. Y tengo confianza en que este ministerio ha llevado a cabo tareas muy relevantes desde su fundación. Y tengo mucha confianza que el gobierno que venga, independientemente del signo político, una vez que esté en la tarea de administrar los recursos públicos, de poner por delante los fines que a diario está atendiendo el Estado y sus instituciones, va a actuar con la responsabilidad que uno puede esperar.

Y considerando las conversaciones y consultas que recibe en el Congreso, ¿tiene la misma confianza en nuestros parlamentarios?

También tengo esa confianza. Claro, a veces las coyunturas de la contingencia política generan también relatos, discursos que se asocian más a clivajes del momento. Pero a la hora de reconocer prioridades en el presupuesto nacional, no tengo dudas de que nuestros parlamentarios van a actuar con responsabilidad a la hora de enfrentar desafíos tan sensibles como los que están encargados al Ministerio de Ciencia.