La Contraloría realizó un informe especial para analizar el control de armas que debe realizar el equipo de OS11 de Carabineros, en donde constataron deficiencias en los procedimientos implementados a personas poseedoras de armas inscritas.

“Dicha investigación detectó que dicha Autoridad Fiscalizadora N° 28 no realizó validaciones previas a las inspecciones para enfocar sus procesos de control a personas de su jurisdicción que, teniendo armas inscritas fueron condenadas con posterioridad por crimen o simple delito, con el objetivo de confiscar tales armas", indicaron desde el órgano controlador.

En el informe se reveló que se identificaron 37 armas asociadas a 26 personas en que dichos objetos, si bien fueron inspeccionadas por la autoridad luego de que sus titulares fueran condenados por delitos o simples delitos, éstas no fueron incautadas o, en su defecto, la situación no fue denunciada al Ministerio Público, “lo que constituye un grave incumplimiento de sus obligaciones legales”.

Junto con ello, la auditoría realizada por la Contraloría detectó que en “30 inspecciones realizadas a armas inscritas cuyos titulares eran personas fallecidas, estas no fueron encontradas en sus domicilios ni se acreditaron las transferencias conforme a la normativa”.

“Si bien el sistema informático de control registraba que se habrían efectuado las denuncias correspondientes, la autoridad fiscalizadora no pudo respaldar dichas denuncias con documentación válida”, explicaron desde el ente fiscalizador.

Desde la Contralaría calificaron como “deficiente actuar” las acciones del OS11 de Carabineros. Por ello, y las situaciones advertidas el órgano contralor iniciará un procedimiento disciplinario directo y remitió los antecedentes al Ministerio Público.

Armas no localizadas ni denuncias acreditadas

En el documento emitido por Contraloría, indicaron que en 159 reinspecciones detectadas -en que los usuarios mantenían condenas registradas estaban asociadas 223 armas y vinculadas a 153 personas- “no fueron hallados en los domicilios o el arma no fue exhibida en la fiscalización, sin que la autoridad fiscalizadora realizara la correspondiente denuncia al Ministerio Público”.

Por otro lado, en el marco del plan “Calles sin Violencia”, en 14 casos donde el sistema informático registró que se realizó la denuncia en Fiscalía, ello no fue acreditado por el Ministerio Público.

Asimismo, junto con los 30 casos de armas a nombre de personas fallecidas, se registraron 46 en donde “no se encontró la presencia de familiares del difunto en el domicilio inscrito o la dirección declarada no existía”. Y que, además, las situaciones no fueron denunciadas al Ministerio Público.