Así cayó el número uno del Ejército: las frenéticas últimas horas del general Martínez que terminaron en su renuncia

Los escenarios que debía enfrentar el general Ricardo Martínez eran analizados hora tras hora desde que fue convocado por la magistrada Romy Rutherford a declarar. También eran observados por personeros de La Moneda. Algunos presentes en las reuniones, que se sucedieron en especial todo el martes, recuerdan una frase que repitió el alto oficial: “Más importante que mi nombre, está el puesto. No se puede mancillar la Comandancia en Jefe”.


Cuando el comandante en jefe del Ejército, Ricardo Martínez, ingresó al palco izquierdo del Aula Magna de la Escuela Militar tenía la decisión tomada. Sería su última intervención como jefe máximo de la institución militar.

Antes de hacer ingreso al podio, algunos militares lo notaron inquieto. En sus manos portaba las hojas del discurso de la Cuenta Pública en la que resumiría los hitos de su gestión. En esas mismas hojas, hacía pocas horas, había agregado párrafos que no estaban en la alocución original y en la que explicaba los motivos que lo habían llevado, el martes por la tarde, a presentar su renuncia ante el Presidente Sebastián Piñera, a sólo ocho días de dejar el cargo y traspasar el mando a su sucesor. En frenéticas reuniones con su grupo de asesores más estrecho concluyeron que ante el complejo escenario judicial en el que quedó -tras la citación como inculpado por parte de la ministra en visita Romy Rutherford en el caso “fraude en el Ejército”- no había más salida que dimitir ante el riesgo de convertirse en la primera máxima autoridad castrense en ser arrestada estando activa en el mando.

Ante una audiencia de más de 300 militares, Martínez alzó la voz. En las galerías se notaba la ausencia de autoridades. Ni siquiera asistió el ministro de Defensa, Baldo Prokurica, ni los subsecretarios de la cartera. Antes de develar que ya había tomado la decisión de dar un paso al costado, no dejó pasar la ocasión y la atención de los medios presentes de lanzar una crítica a lo que estaba viviendo en la arena judicial. “Al igual que todos miembros de las FF.AA., sujetos al Código de Justicia Militar, me deberé someter cuando corresponda a la jurisdicción de un sistema que no tiene ni entrega las debidas garantías procesales, como sí las tiene la mayoría de los chilenos, entre ellas el derecho a guardar silencio, a declarar con la asistencia de un abogado y conocer los hechos por los cuales se les investiga y que son derechos básicos y universalmente reconocidos”, apuntó.

Pese a que desde que llegó a sus manos el oficio con el que la jueza Rutherford lo requería ante su tribunal se comenzó a urdir su salida, faltaba el impulso final. Este se concretó ayer en la tarde, cuando sus abogados y asesores castrenses admitieron que ante el rechazo de la magistrada de reagendar su interrogatorio había altas posibilidades de empañar la ceremonia en que ascenderá su sucesor, el general Javier Iturriaga. Entonces, debía, “una vez más”, pensar “en la patria y dejar una semana antes la institución que tanto amó”, explica uno de sus cercanos.

Los escenarios que debía enfrentar Martínez eran analizados hora tras hora desde que fue convocado por la magistrada. También eran observados por personeros de La Moneda que reconocen preocupación por lo que estaba ocurriendo en esa rama de las Fuerzas Armadas. Algunos presentes en esas sucesivas e interminables reuniones recuerdan una frase que repitió el alto oficial en más de una ocasión: “Más importante que mi nombre, está el puesto. No se puede mancillar la Comandancia en Jefe”.

Y así quedó de manifiesto cuando al terminar su Cuenta Pública leyó aquellos nuevos párrafos de su discurso ante la mirada atenta de los presentes en la Escuela Militar. “Pese a que debiera contar con la presunción de inocencia de que goza todo ciudadano, pero que en la práctica aplica para algunos y no para todos, comunico que he resuelto presentar al Presidente de la República mi renuncia al cargo de comandante en jefe del Ejército, asunto que le fue informado a Su Excelencia en la tarde del día de ayer”, anunció.

Una dimisión planificada

Su inminente renuncia era tema este miércoles desde muy temprano al interior del Ejército. Incluso, ya la mañana del martes 1 de marzo había quienes aseguraban que el decreto que oficializaba su salida estaba listo en la Auditoría General del Ejército (AUGE), a la espera de la respuesta que Rutherford le entregaría al abogado del comandante en jefe, Juan Carlos Manríquez, respecto de la postergación del interrogatorio. Las señales que dio la ministra en su breve reunión con el defensor y su posterior rechazo, a través de una resolución, fueron el inicio del fin de un mandato que quedó trunco a cuatro años de nombrado.

Pasadas las 18 horas del martes llegó a la casilla del correo electrónico del abogado de Martínez la decisión de la magistrada. “No ha lugar a lo solicitado”, se leía. Entonces, los asesores del general se dieron por rendidos: “Ya no hay margen de acción”. La jueza confirmó que el alto oficial sería interrogado el jueves, y en calidad de inculpado, lo que terminó por mermar sus posibilidades de salir airoso de esta diligencia. Algunos, incluso, tenían la leve esperanza de que sería entrevistado como testigo. Otros, al interior del Ejército, advertían: “Esos no entendieron nada de cómo ha trabajado la ministra”.

La alternativa de la renuncia ya era un hecho, pues Martínez, afirman, “más que no querer darle el gusto a la ministra, le preocupaba ser interrogado como civil y no como comandante en jefe”. Esto le complicaba, incluso, antes, ya que en las últimas semanas Rutherford interrogó a parte de su círculo cercano en el tribunal militar. A medida que el cerco se estrechaba, su situación judicial se volvía más compleja y él lo sabía.

El riesgo, asumen, era demasiado alto, incluso para aquellos que defienden al general sosteniendo que no existen pruebas que lo vinculen a maniobras de defraudación como las que se investiga de sus antecesores. Pese a eso, ir a declarar como imputado, siendo el más alto general, estando activo y exponiéndose a un eventual procesamiento o detención por cinco días era algo que Martínez y sus generales tenían que evitar. “Hubiera sido manchar el cargo”, explican algunos oficiales que pujaban por la salida de la autoridad y así evitar que el comandante en jefe entrante, Javier Iturriaga, estuviera en el mismo cuadro de foto que un militar cuestionado por la justicia.

Una de las cosas que más lamenta Martínez, señalaron las fuentes consultadas, es que quedará en los libros de historia como el primer comandante en jefe del Ejército en no entregar el mando a su sucesor. Por la tarde de este miércoles la defensa del general, invocando sus prerrogativas como general, pidió que la diligencia sea en su domicilio y tener acceso al expediente judicial y las pruebas que hay en su contra. El sumario, tal y como lo establece el antiguo régimen penal, es secreto para todos los intervinientes y también para el indagado si la jueza así lo estima.

Más tarde la defensa de Martínez recibió un nuevo portazo por parte de Rutherford. Si bien la ministra en visita acogió la solicitud de acceso al sumario, rechazó tanto que el interrogatorio sea realizado en la casa del general como la presencia de sus abogados.

Los momentos tensos

En estos cuatro años, la relación entre Rutherford y Martínez estuvo marcada por las solicitudes de información que la jueza pedía al Ejército y que muchas veces tensionaron las diligencias en la causa.

Uno de los primeros episodios de esta compleja relación ocurrió el 15 de noviembre de 2018, cinco meses después de que la ministra destapara la arista “empresas de turismo”. De eso dejó constancia en el procesamiento al coronel Alejandro Villagra, quien fue uno de los primeros encausados por esta hebra investigativa. “La ministra en visita que suscribe (Rutherford), junto a la ministra de fe y en compañía de funcionarios de la Bridef y del Cibercrimen de la Policía de Investigaciones de Chile, se constituyeron en las oficinas del Edificio Bicentenario del Ejército de Chile, específicamente en las oficinas de la Sección Pasajes y Fletes, a objeto de recabar antecedentes que dicen relación con la presente indagación”, parte señalando.

Enseguida, revela: “Hacen entrega de dos libros, uno de Registro de Rol de Agencias del año 2012 y el segundo libro de Registro de Entrega de Documentación del año 2010, los que se encontraban en una de las bodegas de la Sección Pasajes y Fletes; el primero de cuyos libros presentaba claros indicios de haberle sido arrancadas las 20 primeras páginas y encontrándose el resto en blanco”.

Catorce días después, la magistrada tendría su primer cara a cara con el general Martínez. El 29 de noviembre de 2018, el comandante en jefe llegó hasta el despacho de la jueza, en Morandé con Compañía, para explicar lo que había dicho hacía algunos días en un acto en la Escuela Militar, y que se reveló a través de un audio grabado en la ceremonia. Esa vez cuestionó que solo se investigara al Ejército y no a todas las FF.AA., algo que cayó mal en el Poder Judicial, pues se interpretaba que la crítica era explícita a la ministra.

El tiempo pasó y la tensión entre ambos, lejos de bajar, siguió en aumento. En abril de 2019, Rutherford resolvió allanar el Edificio Bicentenario del Ejército en compañía de la PDI. Llegó a la oficina principal de la institución castrense, pues luego de reiteradas solicitudes de antecedentes no contestadas, decidió concurrir personalmente al lugar.

Nunca más hablaron

Esa vez, a través de un comunicado, el Ejército señaló que la diligencia había sido “coordinada” con la ministra, lo que motivó a la Dirección de Comunicaciones del Poder Judicial -en un hecho inédito y autorizado por la ministra- a señalar que “no se coordinó nada”.

Entre tiras y aflojas por la entrega de información y las citaciones a declarar, en el Ejército siempre han apuntado a que Rutherford arremetió contra el alto mando de la institución y no también contra los suboficiales, quienes, apuntan, utilizaban el sistema de “derecho a pasaje”.

Esta tesis ha sido rechazada en más de una ocasión por Rutherford. Así se lo expresó a sus cercanos, pues señalaba que entre los procesados y condenados también había mandos medios y bajos involucrados en la causa.

Sin embargo, fue a fines de 2020 que se cortaron las comunicaciones entre ambos. La ministra denunció a la Fiscalía Centro Norte que dos personas estaban en la ventana mirando hacia su despacho. Luego de ser controlados, resultaron ser funcionarios del Ejército.

Rutherford llamó directamente a Martínez para contarle lo que había ocurrido, manifestándole su preocupación. El comandante en jefe le respondió que haría todas las averiguaciones y que iría a entregarle explicaciones el propio director de Inteligencia de la institución. Desde entonces, nunca más hablaron, y este jueves volverán a verse no en un ambiente protocolar, sino como investigadora e investigado.

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“Es lamentable esta falta de civilidad, que incluso tiene pena de cárcel”, dijo la jefa comunal Daniela Peñaloza.