Llamados al presidente de la Suprema y al general Martínez: El día en que personal de Inteligencia del Ejército llegó a la oficina de la ministra Rutherford

Romy Rutherford

El 28 de agosto pasado, dos efectivos de la Dine fueron detectados por Carabineros en la ventana del despacho de la jueza. Solo pudieron controlar a uno, pues el otro salió corriendo. El desconocido hecho valió un llamado telefónico entre la magistrada y el comandante en jefe de la institución, Ricardo Martínez, y las explicaciones presenciales del jefe del área en el tribunal militar. Según la entidad castrense, los agentes estaban ahí por razones de seguridad de personal que estaba bajo amenaza.




Desde que la ministra en visita Romy Rutherford -encargada de investigar el caso del fraude en el Ejército- abrió las aristas de los gastos reservados de la institución militar y los viajes realizados por uniformados al extranjero, a través del sistema Pasajes y Fletes, las jefaturas castrenses se encuentran atentos sobre lo que pasa en la oficina de la magistrada, ubicada en Morandé con Compañía.

La indagatoria ha llevado a más de un episodio de tensión entre el Ejército y la jueza. Por un lado, la magistrada ha acusado tardanza en la entrega de documentos. En la otra vereda, la entidad uniformada ha resentido allanamientos que la jueza ha ordenado a sus instalaciones, en el marco de una indagatoria que incluso incluye al periodo del actual comandante en Jefe, Ricardo Martínez, en la arista de viajes al extranjero. Esos capítulos se han conocido, pero no así el desencuentro que ocurrió el 28 de agosto del año recién pasado, en medio del estado de excepción y con altos números de contagios por el coronavirus registrándose día a día.

Ese día, la ministra Rutherford dictó los procesamientos de siete militares por la presunta malversación de $ 16 mil millones en gastos reservados. En medio de este proceso, uno de sus escoltas, el suboficial mayor de Carabineros Leonardo Sandoval, detectó algo inusual, que reportó de inmediato a la Central de Comunicaciones de la policía uniformada: hacía ya varios minutos, dos sujetos en actitud sospechosa estaban, por fuera del edificio, detrás de la ventana de la oficina de la magistrada.

De inmediato, personal de Carabineros de Radio Patrullas llegó hasta la intersección de Morandé con Compañía. Los sujetos comenzaron a correr. Pero, uno de ellos pudo ser alcanzado por los efectivos policiales, quienes le pidieron que se identificara bajo un control de identidad, tipificado en el artículo 85 del Código Procesal Penal.

El personal controlado se identificó como Aníbal Simón Fernández Gajardo (35). No arrojó antecedentes penales, y solo tenía un control vehicular del 5 de agosto en Quilpué. ¿Quién era? Dijo ser funcionario de la Dirección de Inteligencia del Ejército (Dine) y señaló estar en una diligencia en relación al tribunal militar de la ministra Rutherford.

En el Ejército se enteraron a los minutos, y al más alto nivel. El comandante en jefe, el general Ricardo Martínez, recibió un llamado de la jueza informándole de la situación. La máxima autoridad castrense comentó el caso con sus generales subalternos para ver qué medidas tomar: se decidió enviar al jefe de la Dirección de Inteligencia de ese entonces, el general de brigada Pedro Varela Sabando (hoy a cargo de la Misión Militar en Washington), a darle explicaciones a la magistrada.

El general Varela llegó ese mismo día donde Rutherford. Según explicaron fuentes militares, se le explicó lo ocurrido, se extendieron las disculpas por la preocupación que esto pudo generarle y se acordó en que esto no volvería a ocurrir.

La Tercera PM consultó sobre el caso a ambas instituciones involucradas. Desde el Poder Judicial señalaron que Rutherford no se referiría al caso, y que la magistrada “le informó de la situación, en su oportunidad, directamente al presidente de la Corte Suprema, Guillermo Silva, y luego al ministro visitador, don Arturo Prado”. Este medio preguntó cómo califica el máximo tribunal el hecho: indicaron que “no hay ningún comentario al respecto”.

Al Ejército se le consultó cuál era la diligencia que estaban realizando en el tribunal, si el operativo fue conocido antes por el comandante en jefe, por qué los funcionarios estaban en la ventana del tribunal, por qué el otro funcionario salió corriendo, en qué quedó el diálogo con la ministra y si se abrió algún sumario.

Desde la institución señalaron que “el personal institucional que se encontraba en las calles cercanas al tribunal, donde se desempeña la Ministra Srta. Romy Rutherford, realizaba labores de seguridad a los efectivos de la Institución que se encontraban cumpliendo diligencias en dichos tribunales, producto de algunas amenazas que se habían recibido a través redes sociales”.

Finalmente, agregaron que “se descarta que esa actividad se relacione con alguna acción distinta a la señalada, tal como fue explicado en su momento a la ministra en visita por parte del Director de Inteligencia de la época, General de Brigada Pedro Varela S., quien concurrió a su oficina para entregarle detalles de las funciones realizadas por los efectivos mencionados”.

En tanto, el pleno de la Corte Suprema extendió por un año más la exclusividad de la jueza en la causa. La ministra cuenta con más de 31 cuadernos investigativos en relación al fraude en el Ejército.

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