El debate de la megarreforma continúo este lunes. Pero este inicio no estuvo exento de polémicas por los plazos con que el Ejecutivo lo quiere tramitar lo que generó la molestia de la oposición y tensionó el ambiente entre los parlamentarios (ver página 5 de La Tercera)

Superado esa discusión, comenzó la exposición del Servicio de Impuestos Internos (SII). Si bien en la sesión estuvo presente el director, Jorge Trujillo, el que hizo la presentación fue el subdirector de normativa, Simón Ramírez, quien centro su presentación en las nuevas facultades que el proyecto de ley le otorgaría en caso de ser aprobado el proyecto y que buscan terminar con lo que el gobierno califica como “fraude social”, que incluye la falsificación de antecedentes de ingresos y otras materias.

En ese contexto, señaló que “para el ejercicio de sus facultades de fiscalización, el Servicio podrá requerir, recibir y efectuar cruces de información con datos nominados provenientes de todos los órganos de la Administración del Estado, incluyendo los contenidos en registros administrados por dichos órganos. El Servicio adoptará las medidas para resguardar la confidencialidad y seguridad de los datos, de conformidad a la ley, sin perjuicio de las demás normas sobre secreto o reserva aplicables”.

Ramírez indicó que se agrega nuevo art. 85 quáter: “El Ministerio de Desarrollo Social y Familia, así como las entidades que administren el Instrumento de Caracterización Socioeconómica deberán proporcionar al Servicio información sobre las personas naturales contenida en dicho registro necesaria para el ejercicio de sus funciones (fiscalización y correcta aplicación de los tributos).

El personero del SII detalló que “el ministerio de Desarrollo Social y Familia, así como los otros órganos o entidades involucrados, deberán proporcionar al Servicio información sobre personas naturales beneficiarias de programas sociales, no sociales y gubernamentales para el ejercicio de sus funciones de fiscalización y correcta aplicación de los tributos”.

Aclaró que “la información que se proporcione en virtud de este artículo estará sujeta a las normas de secreto y reserva”.

Y se puntualizó que “la información señalada deberá ser compartida por el Servicio con la Dirección de Presupuestos. Dicha información estará sujeta a las normas de secreto y reserva establecidas en la legislación vigente“.

Impuesto de donaciones

La rebaja transitoria del impuesto a las donaciones que propone el proyecto de ley de Reconstrucción, ingresado hace dos semanas por el gobierno al Congreso, no sólo despertó la atención de buena parte del mundo jurídico, sino también de muchas personas de altos ingresos que han evaluado una transferencia anticipada del patrimonio familiar.

El texto propone una ventana de 12 meses, contados desde el primer día hábil del mes subsiguiente a la publicación de la ley, en que las donaciones pagarán solo el 50% del impuesto que actualmente rige. La ley establece hoy que las donaciones y las herencias pagan un impuesto con una tasa progresiva, cuyo máximo es de 25% para los montos superiores a las 1.200 Unidades Tributarias Anuales, unos $ 1.000 millones.

Las donaciones, esta vez, podrán formalizarse mediante escritura pública y ya no habrá que hacer el trámite de la insinuación judicial, lo que simplifica un procedimiento que suele tardar meses. Además, permite financiar el impuesto a pagar con mediante préstamos otorgados por las mismas sociedades donadas o sus relacionadas. Se podrá donar hasta el 75% del patrimonio.

Ante las dudas de los parlamentarios y en especial de la oposición por los espacios de elusión que se generarán, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, defendió la aplicación de esta medida en la Comisión de Hacienda.

“Más que una elusión pura y simple es que ocurren planificaciones muy a largo plazo. Por ello, cuesta mucho después detectar en qué punto de todos los pasos pudo haber habido una figura elusiva”, explica.

En otras palabras, la visión que tiene Hacienda es que, con el sistema actual, la expectativa de recaudación no se terminará concretando, ya que la planificación tributaria que hacen les permite en la práctica reducir la recaudación estimada.

Por eso, afirman que con el esquema que se está proponiendo lo que se busca es asegurar una recaudación presente versus una expectativa futura.

“Muy conservadoramente es nuestra expectativa, pero (esperamos) una recaudación importante de dinero”.

La proyección del gobierno es recaudar unos US$ 300 millones por esta medida. Y esta norma tiene un sentido recaudatorio, a diferencia del grueso del paquete tributario del proyecto más importante del gobierno de José Antonio Kast.