Los últimos resultados del Censo 2024 confirmaron una tendencia que ya preocupaba a demógrafos y autoridades: la tasa global de fecundidad en Chile cayó a 1,06 hijos por mujer en el año de medición, y se proyecta que para este año caiga a 0,92, una de las más bajas del mundo. El país se encamina así a un escenario de envejecimiento acelerado y eventual decrecimiento poblacional, con impactos directos en el mercado laboral, el sistema previsional y el crecimiento económico.

Frente a este escenario, el debate político se ha intensificado en torno a qué tipo de políticas públicas pueden revertir la caída de los nacimientos. El gobierno del Presidente Gabriel Boric ha optado por un enfoque centrado en mejorar las condiciones estructurales para formar familia, mientras que el programa del presidente electo José Antonio Kast propone, entre otras medidas, incentivos económicos directos por hijo nacido.

Para la socióloga Martina Yopo, investigadora del Instituto de Sociología de la Universidad Católica, el descenso de la fecundidad no puede explicarse por una sola causa. “Aquí no hay explicaciones simples frente a un fenómeno que es multicausal y complejo”, señala. Si bien reconoce transformaciones culturales profundas, como cambios en los roles de género, nuevas formas de familia y mayor control reproductivo, advierte que el factor decisivo es la existencia de condiciones sociales adversas para tener y criar hijos.

“En Chile hay lo que yo llamo una infertilidad estructural”, afirma Yopo. “No solo influyen los altos costos de vida o la falta de seguridad social, sino también la precariedad laboral, la ausencia de vivienda, la pobreza de tiempo y modelos de parentalidad cada vez más demandantes, que hacen muy difícil el proyecto de formar familia”.

En ese marco, una de las iniciativas clave del Ejecutivo ha sido el proyecto de ley de sala cuna universal, que buscaba garantizar el acceso a cuidado infantil a todas las personas trabajadoras, sin depender del tamaño de la empresa o del género del trabajador.

“La evidencia comparada demuestra que la sala cuna universal, disponible tras el posnatal y durante la jornada laboral, es una de las políticas que efectivamente contribuyen a generar condiciones para que las familias tengan los hijos que quieren tener”, subraya Yopo. A su juicio, se trata de una medida estructural que impacta tanto en la conciliación trabajo-familia como en la participación laboral femenina, uno de los déficits históricos del país.

A esto se suman anuncios del Presidente Boric en materia de fertilización asistida, orientados a facilitar el acceso a tratamientos reproductivos, y un énfasis discursivo en avanzar hacia una planificación demográfica de largo plazo, que incluya también la adaptación del sistema de cuidados, salud y pensiones a una población más envejecida.

Sin embargo, el proyecto de sala cuna universal quedó recientemente frenado en el Congreso, tras no avanzar en su tramitación legislativa, en medio de reparos planteados desde la UDI. El presidente de la tienda, Guillermo Ramírez, acusó que el proyecto del Ejecutivo tendría efectos negativos en la competitividad de las empresas y en el empleo femenino. Además sostuvo que desde el inicio su partido advirtió las falencias de la iniciativa y propuso correcciones, pero que el gobierno no ingresó las indicaciones necesarias durante cuatro años. Asimismo, cuestionó que el oficialismo intentara aprobar el proyecto al final del período y responsabilice a la oposición por los retrasos, afirmando que la iniciativa se aprobaría en 2026, pero sería modificada en el gobierno de José Antonio Kast.

Las propuestas de Kast

El Plan Renace, incluido en el programa presidencial de José Antonio Kast, plantea que Chile enfrenta una crisis estructural de natalidad y una caída de más del 30% en los nacimientos en la última década. El diagnóstico atribuye este fenómeno a altos costos de vida, dificultades de acceso a la vivienda, inestabilidad laboral, problemas para conciliar trabajo y familia y una pérdida cultural del sentido de trascendencia asociado a los hijos. El plan advierte impactos futuros en la fuerza laboral y en el aumento de la soledad en la vejez.

Como respuesta, el gobierno de Kast propone volver a situar a la familia en el centro de las políticas públicas, combinando medidas económicas y culturales. Entre las iniciativas destacan una asignación universal por hijo nacido, que contempla la entrega de $2 millones por nacimiento —$1 millón directo a la madre y $1 millón en ahorro para el hijo—, exenciones al impuesto a la renta según número de hijos y la reestructuración de la asignación familiar.

Desde esa perspectiva, Yopo es categórica frente a propuestas basadas exclusivamente en transferencias monetarias. Según explica, los bonos por nacimiento no generan aumentos sostenidos de la fecundidad y pueden incluso producir “incentivos perversos”, como el aumento de embarazos en contextos de alta vulnerabilidad, sin resolver las condiciones estructurales que están en la base del problema.

Por otro lado, el plan del gobierno entrante propone la implementación de una sala cuna universal. Eso sí, no hay especificaciones de esa propuesta y qué tan distinta podría ser del proyecto que recientemente fue frenado en el Congreso.

El objetivo declarado, según detalla el programa, es reducir barreras económicas, apoyar la maternidad y fomentar una cultura que valore la formación de familias. El énfasis está puesto en aliviar directamente el costo económico de tener hijos, bajo la premisa de que la falta de recursos es una de las principales barreras para la natalidad.

Desde el sector que asumirá el próximo gobierno, la futura vocera, Mara Sedini justificó el freno al proyecto de sala cuna universal, planteado por la administración actual, señalando “que la ley salga mal hecha y apurada es un error”. Si bien reconoció la relevancia del cuidado infantil, sostuvo que una iniciativa de esa magnitud debe discutirse con mayor profundidad técnica para evitar problemas en su implementación.

Para Yopo, la diferencia entre ambos enfoques es clave. “Esto no tiene que ver con fomentar la natalidad ni con hacer que las personas tengan más hijos”, enfatiza. “Tiene que ver con apoyar a quienes quieren tener hijos y hoy no pueden hacerlo por condiciones adversas”. En ese sentido, advierte que sin políticas estructurales de cuidado, empleo y seguridad social, los incentivos económicos difícilmente lograrán modificar una tendencia demográfica de largo plazo.

Las proyecciones demográficas indican que Chile entrará en una fase de crecimiento natural negativo a partir de 2028, cuando las defunciones superen a los nacimientos. Este cambio, junto con una menor migración neta, llevaría a que la población total alcance su máximo en 2035, con cerca de 20,6 millones de habitantes, para luego iniciar un descenso, según las proyecciones del INE.

Desde ese año también comenzaría a reducirse la población en edad de trabajar, que hacia el final del período sería menor a la registrada en 1992. El envejecimiento, en consecuencia de lo mismo, se profundizaría con rapidez: en 2045 las personas de 65 años o más triplicarían a la población menor de 15 años y, de mantenerse las tendencias, en 2070 habría cerca de seis adultos mayores por cada niño.