A casi seis años del 18 de octubre de 2019, el estallido social sigue siendo una herida abierta para una parte importante del país. Según la última encuesta Plaza Pública, de Cadem, publicada en el marco del sexto aniversario del inicio de las protestas, la mayoría de los consultados cree que los factores que detonaron aquella crisis aún no han sido superados y que existe un riesgo real de que las manifestaciones, incluso las violentas, vuelvan a repetirse dependiendo del resultado de las próximas elecciones presidenciales.

De acuerdo con el sondeo, un 52% de los encuestados estima que es “muy o bastante probable” que se registren manifestaciones violentas si gana un candidato de oposición, como José Antonio Kast, Evelyn Matthei, Johannes Kaiser o Franco Parisi. Solo un 21% considera poco o nada probable el retorno de hechos violentos.

En tanto, un 50% piensa que podrían surgir movilizaciones pacíficas en el mismo escenario electoral.

El estudio de opinión muestra además que la percepción ciudadana sobre las causas del estallido se mantiene dividida, puesto que un 27% lo asocia principalmente a un problema de orden público y violencia organizada, un 36% lo ve como expresión de descontento social generalizado, y otro 36% combina ambas visiones.

En cuanto a la evaluación del fenómeno, un 67% de los encuestados considera que las demandas sociales que dieron origen al estallido no han sido resueltas y que, por el contrario, han empeorado.

Además, un 60% opina que el estallido marcó el inicio de un periodo de declive en la calidad de vida, mientras que un 49% cree que fue necesario para visibilizar los problemas estructurales del país.

Respecto al origen de la violencia, el 51% apunta a grupos organizados como principales responsables, un 18% a Carabineros y Fuerzas Armadas, y un 13% a la ciudadanía indignada.

El uso de la fuerza durante las protestas sigue generando división, ya que un 53% considera que Carabineros y el Ejército actuaron de manera proporcional, mientras que un 43% estima que hubo abuso de poder.

En materia de derechos humanos, un 45% cree que las fuerzas de seguridad violaron sistemáticamente los derechos de los manifestantes, frente a un 31% que lo rechaza. Pese a ello, el 82% apoya una “mano dura” contra quienes inciten o ejerzan violencia en manifestaciones, y el 79% rechaza la idea de que la violencia callejera sea legítima o justificable.

Sobre el futuro, la visión no es optimista. Un 50% considera que Chile es hoy un país peor que antes del estallido, un 31% cree que sigue igual, y solo un 18% opina que ha mejorado.

En cuanto a las razones por las que se habrían terminado las manifestaciones de 2019, el 48% las atribuye a la pandemia, mientras que un 21% las relaciona con el Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución.

La encuesta también refleja que un 35% ve poco o nada probable que se repitan eventos similares al estallido, pero un 31% aún teme que vuelvan a ocurrir.