Carmen Castillo, exministra de Salud, llevó adelante en el gobierno pasado la ley antiaborto e impulsó los protocolos para hacer operativa la norma. Tras la publicación de ayer, la exsecretaria de Estado dice que "quedamos conformes con la norma; se recuperó la razón del reglamento".

¿Ven este nuevo reglamento como un 'triunfo'?

Estamos conformes, pues contiene elementos que era necesario dejar detallados. Queda a firme, por ejemplo, que esta ley se aplicará en pabellones y no en el sistema de atención primaria del sector privado.

¿Por qué es relevante que se especifique eso?

El reglamento rige desde que llega la paciente, cuando la evalúan, por ejemplo. Hay muchos pasos antes de que la persona pueda llegar a recibir la prestación. Así, se plantea que antes de llegar al pabellón el equipo no puede ser objetor. En el pabellón es donde es importante respetar la objeción de conciencia.

¿Cómo evalúa el primer año de la ley?

El balance muestra que las mujeres han sido responsables ante este tema. Se dijo que habría una exageración de la interrupción del embarazo y las cifras que se dan a conocer son acordes a las estimaciones que hicimos. Hablamos en ese entonces de 2.500 casos.

¿Los centros privados que se declaren objetores deberían informar sus razones?

Las personas pueden pedir explicaciones y tienen derecho a saber qué pasa. Una mujer tiene derecho, por ejemplo, a ser informada sobre por qué se le negó la atención, si a ella le correspondía ese centro de salud privado. Así, la clínica debería informar por qué objeta.

¿Qué piensa de que casi el 40% de los médicos ginecoobstetras sean objetores?

Pienso que algunos tienen desconocimiento sobre la ley y de cómo opera en su institución. Por eso, debe haber instancias de diálogo y de que compartan la información. También deben escuchar a las mujeres sobre por qué toman la decisión de interrumpir el embarazo. Son condiciones muy duras para ellas.