La controversia por las reuniones no registradas por ley de lobby de la ministra de Ciencia, Ximena Lincolao, abrió una discusión que excede el plano estrictamente legal y se instala en un terreno más complejo: el estándar de transparencia que deben observar las autoridades cuando interactúan con representantes de grandes empresas tecnológicas.

La ministra salió a defenderse mediante una carta al director enviada a La Tercera, luego de los cuestionamientos surgidos en un reportaje de este mismo medio por encuentros con representantes de Google y Meta que no fueron incorporados al sistema de Ley de Lobby. Según sostuvo, ninguno de esos episodios requería registro formal porque no involucraron materias reguladas por la normativa.

Respecto de la reunión del 4 de abril, Lincolao afirmó que correspondió a una “mesa de trabajo estrictamente técnica y operativa” con BS Tecnología y Google Workspace para recuperar el acceso a la consola de administración del correo institucional del ministerio. Según explicó, se trató de soporte TI vinculado a un servicio ya contratado por el Estado.

Sobre el episodio con Meta, ocurrido el 9 de abril, la ministra aseguró que la reunión formal de lobby sí fue realizada y registrada previamente por el entonces subsecretario. Lo que ocurrió después, según su versión, fue solo un saludo informal encabezado por la ministra de Energía, Ximena Rincón, quien llegó acompañada por una comitiva ya registrada bajo Ley de Lobby en su cartera. En ese encuentro posterior, sostuvo Lincolao, “no se abordó ninguna materia regulada ni de interés comercial”.

La explicación, sin embargo, no logró cerrar completamente las dudas. El foco no está únicamente en si existió una infracción literal a la ley, sino en si el estándar aplicado por la ministra se ajusta al espíritu de probidad y transparencia que busca resguardar la normativa.

Ahí aparece una primera distinción clave. Técnicamente, la Ley de Lobby obliga a registrar reuniones cuando estas buscan influir en decisiones públicas determinadas: modificaciones legales, decisiones administrativas, contratos con el Estado u otras materias específicas reguladas por el artículo 5° de la norma. Bajo esa interpretación estricta, varios especialistas coinciden en que un saludo protocolar o una reunión puramente técnica podrían quedar fuera de la obligación formal de registro.

El abogado y académico de la Universidad Central, Claudio Pimentel, sostiene precisamente ese punto. “Si lo ponemos estrictamente por el ámbito de la Ley del Lobby, podría no haberse registrado sin incumplir la normativa”, afirma. Pero agrega inmediatamente un matiz político y ético: “Con el único ánimo de reforzar el principio de transparencia y probidad, sí se hubiese debido registrar”.

Para Pimentel, el problema no está necesariamente en la legalidad de la omisión, sino en la señal pública que deja una reunión informal con representantes de compañías como Meta o Google. “Ante cuestionamientos, siempre la mejor decisión va a ser registrar la reunión”, plantea.

Leonardo Ortiz, académico de Derecho de la U. Diego Portales agrega que la ley de lobby conceptualiza a “gestores de intereses” como aquellos que defiendan o representen cualquier interés particular, sean o no de interés económico, para influir en decisiones que correspondan de competencia de la autoridad.

“Toda reunión sostenida en estos objetivos debe ser declarada por ley del lobby”, comenta.

El artículo 6 de la ley, detalla Ortiz, no considera como parte de las obligaciones de declaración a los planteamientos o las peticiones realizadas con ocasión de una reunión, actividad o asamblea de carácter público y aquellos que tengan estricta relación con el trabajo en terreno propio de las tareas de representación realizadas por un sujeto pasivo en el ejercicio de sus funciones.

Sin embargo, advierte el entendido en esta materia, si se trata de una reunión de carácter privado y que no tiene por objeto la realización de actividades de terreno, debe declararse aun pese a tratarse de saludos protocolores. “Los mandatos de probidad lo exigen en situaciones especialmente como las descritas, debido a los grados de opacidad de lo que podría significar un saludo protocolar y los intercambios y conversaciones allí producidos”.

La discusión se vuelve particularmente sensible porque el mismo día en que ocurrió el saludo informal con representantes de Meta sí existió una reunión oficial y registrada entre la empresa y autoridades del ministerio, donde se abordaron materias de “diseño, implementación y evaluación de políticas, planes y programas efectuados por los sujetos pasivos”. Aunque Lincolao no participó de esa cita formal, el contexto alimentó las suspicacias respecto de la conveniencia de transparentar también cualquier encuentro posterior.

Desde la Fundación América Transparente, su director Cristóbal Hahn endurece el diagnóstico y apunta a un problema estructural de la legislación. “El caso de la ministra Lincolao demuestra exactamente por qué la actual Ley de Lobby es un colador”, sostiene. A su juicio, el problema no es si la ministra puede ampararse técnicamente en que se trató de una reunión “técnica” o un “saludo protocolar”, sino que el sistema permita que encuentros con gigantes tecnológicos queden fuera del escrutinio público.

“Cuando participan transnacionales de este calibre, el estándar no puede ser el mínimo legal; debe ser la máxima trazabilidad”, afirma Hahn. “Ante la duda, el deber de una autoridad es registrar la reunión, no esconderla en las zonas grises”.

Una mirada algo más moderada entrega el académico de la Escuela de Derecho de la Universidad Mayor, Sergio Peña. El experto sostiene que la discusión jurídica debe centrarse en si la normativa obliga o no a registrar el encuentro, más que en las motivaciones personales de la ministra. Sin embargo, también advierte que las autoridades deben actuar con especial cuidado frente a este tipo de interacciones.

“La mujer del César no solamente debe ser casta y pura, sino parecerlo”, señala Peña. Y añade que, aun cuando eventualmente no hubiese existido gestión de intereses propiamente tal, la situación demuestra la necesidad de extremar precauciones en la relación entre autoridades y representantes privados.

El académico incluso desliza que pudo existir desconocimiento o falta de experiencia administrativa por parte de la ministra, apuntando a que los equipos jurídicos y asesores debieron advertirle sobre los riesgos de no registrar encuentros de este tipo.

El debate podría escalar ahora al plano institucional. Este lunes asistió a la Comisión Desafíos del Futuro del Senado para hablar sobre el trabajo del Ministerio de Ciencia y su visión respecto a la ley de Inteligencia Artificial. Desde las 15 horas, la Comisión de Ciencias de la Cámara abordará la controversia en una sesión donde la ministra está citada originalmente para exponer sobre ciberseguridad. Parlamentarios ya anticipan que también se pedirán explicaciones respecto de las reuniones con representantes de Meta y Google.