Más de cuatro años han pasado desde que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) declaró responsable, de manera internacional, al Estado de Chile de vulneraciones a los derechos de 846 docentes por la denominada “deuda histórica”.

En ese proceso, 21 mil profesores fueron representados por el abogado Ciro Colombara, quien -a un día de que el Presidente Gabriel Boric encabece un acto de reconocimiento de responsabilidad estatal-, levanta críticas a la “solución” que se encontró para este conflicto.

El profesional, que ha hecho suya esta demanda, sostiene reparos a la forma de pago de la deuda impulsada por el actual gobierno, tras la aprobación del proyecto de ley que busca entregar $ 4.500.000 a cada académico.

Con todo, dice, participará del acto que se desarrollará la tarde de este martes 6 en La Moneda, ceremonia que es parte de la condena que se logró ante la CIDH.

¿Qué importancia tiene el acto para los docentes?

El acto es extremadamente importante y simbólico, y lo que esperamos es que el Presidente de la República, en representación del Estado, de manera pública, abierta y transparente, reconozca la responsabilidad del Estado de Chile, reconozca la obligatoriedad de la sentencia, señale que se ha cumplido parcialmente con la sentencia -al menos con el pago en su totalidad de cerca de 95 millones de dólares entre todos los demandantes- y también pida disculpas como acto de reparación.

¿Aunque sea solo simbólica?

La perspectiva simbólica de la reparación es sumamente importante, porque para las víctimas significa que el Estado es el que ha violado sus derechos durante décadas, que reconozca esto y les pida perdón.

¿Qué le parece lo que ha hecho el gobierno para reparar esta deuda histórica?

La CIDH dictó la sentencia más alta en su historia en cuanto a monto indemnizatorio respecto a un Estado, pero hay que diferenciarlo respecto a la situación de los demás profesores y profesoras. Son decenas de miles que hoy son objeto de una ley aprobada muy rápidamente y sin mayor discusión parlamentaria hace pocos meses y yo diría que es muy importante ver que tiene aspectos positivos, pero también negativos.

¿Cuáles son esos aspectos positivos?

Entre los aspectos positivos está ley de reparación de la deuda histórica que reconoce de manera expresa, por primera vez, la existencia y la validez de la denominada “deuda histórica”. También es valorable porque establece pagos de sumas de dinero a profesores y profesoras.

¿Qué sería lo negativo, entonces?

Claramente dentro de los aspectos negativos está el monto de la reparación recibida, el tiempo que ello toma y, tercero, y lo más importante, la obligatoriedad de que renuncien a las acciones judiciales interpuestas a nivel nacional e internacional.

¿No le parece el monto?

El pago de una suma cercana a los $ 4,5 millones es absolutamente insuficiente si consideramos en términos generales la sentencia de la Corte Interamericana, que considera un pago cercano a los $ 100 millones para cada uno de los 846 profesores que interpusieron la demanda.

¿Es decir, hay mucha diferencia entre un profesor del grupo de los 846 y el resto?

Desde esa perspectiva, si hablamos en términos promedios estadísticos, la reparación que se ofrece ahora es ínfima e irrisoria. Obviamente que es importante para personas vulnerables, adultos mayores que han esperado durante décadas, y que debieran recibir esa suma de inmediato. Pero es una suma absolutamente insuficiente en relación al total que se les adeuda.

Más allá del monto, ¿tienen otros reparos?

Sí, en segundo lugar nos parece que dentro de los nudos cuestionables está el tiempo para el pago. Eso debería hacerse de inmediato y en este caso se establece un plazo que no nos parecen correctos.

Y en tercer lugar, y probablemente lo más importante, es que la ley establece que los profesores y profesoras para recibir el pago deben renunciar a las acciones judiciales tanto a nivel nacional como internacional.

¿Cómo califica aquello?

Eso es claramente incorrecto y es contrario al derecho internacional de los derechos humanos, y existen sentencias de la Corte Interamericana que expresamente rechazan leyes que obliguen a los ciudadanos a renunciar a acciones a cambio de recibir prestaciones por parte de un Estado.

A su juicio, ¿qué buscaba el gobierno con eso?

En este caso, el gobierno con esta ley buscó que los afectados renuncien a los casos judiciales a nivel local y a nivel internacional. A nivel local nosotros representamos a profesores que están discutiendo la deuda histórica, que demandan sumas sustancialmente mayores desde hace décadas, y lo que se pretende es que renuncien recibiendo una cantidad ínfima, un 5% de lo que de verdad se les adeuda.

¿A nivel internacional, siguen con acciones?

Junto a otros abogados representamos a cerca de 18 mil profesores y profesoras ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en un caso cuya admisibilidad data del año 2020, que esperamos sea prontamente llevada a la CIDH y, desde esa perspectiva, la renuncia que se está incentivando por parte del gobierno es completamente improcedente. Es una presión ilegítima.

¿Qué pasa si un docente quiere seguir buscando reparación tras recibir el dinero que ofrece el gobierno?

De acuerdo a los fallos de la CIDH, estas cláusulas no tienen ninguna validez. Esto significa que los profesores que reciban el monto que se les ofrece, pese a eso van a poder seguir litigando. El problema es que se va a demorar mucho tiempo más y desde esa perspectiva lo que ha hecho el gobierno nos parece incorrecto y violatorio de los derechos de los profesores y profesoras.