La Contraloría General de la República se refirió al oficio presentado por el diputado Daniel Manouchehri (PS) respecto a la situación ocurrida en marzo, donde la primera dama, María Pía Adriasola, participó en la repartición de almuerzos en el casino del Palacio de La Moneda, y descartó irregularidades.

En concreto, el diputado solicitó inspeccionar los “protocolos administrativos o instrucciones internas que regulen el ingreso de autoridades o visitantes a las dependencias del casino emplazado en el Palacio de La Moneda”. Además de revisar si estas acciones podrían haber implicado un incumplimiento de la normativa sanitaria.

En ese escenario, el organismo encabezado por Dorothy Pérez estableció que, en virtud de la revisión “del análisis de todos los antecedentes, no se advierte algún reproche de juridicidad en torno a lo obrado por las entidades públicas requeridas”.

Vale decir, que no se presenciaron irregularidades en el actuar de la primera dama.

Para llegar a esta conclusión, la contraloría solicitó informes a la Dirección Administrativa de la Presidencia de la República, la Subsecretaría de Salud Pública, la Secretaría Regional Ministerial de Salud Metropolitana y el Instituto de Salud Pública.

“De lo informado aparece que la autoridad sanitaria, luego de las diligencias realizadas -que incluyó una visita inspectiva al recinto al que se refiere la denuncia- no constató una vulneración concreta a la normativa sanitaria. ni un riesgo efectivo o una transgresión verificable de los procedimientos de control y tampoco una afectación a las condiciones sanitarias del servicio”, señala en su dictamen la Contraloría.

Finalmente, el ente contralor hace ver que si bien está obligado a ejercer en forma preferente sus atribuciones en los casos de denuncias hechas o investigaciones solicitadas “en virtud de un acuerdo de la Cámara de Diputados”, la entidad también busca atender con la mayor prontitud posible las presentaciones parlamentarias, aunque estas no surjan de un acuerdo.

Pero en ese sentido, Contraloría recalca que para poder ejercer sus funciones requiere de esfuerzos significativos y recursos humanos, financieros y materiales (...) “de modo que, por regla general, debe desarrollar su tarea conforme a planes y programas previamente elaborados, que abarcan las materias más relevantes en un estricto orden de prioridades, según su trascendencia jurídica, económica y social”.