Una auditoría de la Contraloría General de la República (CGR) detectó una serie de irregularidades en la contratación y control de jornadas de carabineros que se desempeñan como oficiales de justicia.

Entre los principales hallazgos, el organismo estableció que 36 funcionarios mantenían simultáneamente dos contratos de 22 horas semanales para desarrollar las mismas funciones.

La situación fue detectada en el marco de la auditoría INVE N° 540 de 2025, realizada a la Dirección Nacional de Personal de Carabineros y que examinó durante 2024 el cumplimiento de las jornadas laborales de los oficiales de justicia y de funcionarios contratados adicionalmente bajo la modalidad CPR, destinada a labores transitorias.

En total, la institución contaba con 144 abogados ejerciendo como oficiales de justicia, quienes recibieron remuneraciones por más de $5.540 millones durante 2024. De ese grupo, 36 contaban además con un segundo contrato CPR de 22 horas semanales, por el que percibieron en conjunto más de $1.944 millones.

Según estableció la Contraloría, ambos contratos contemplaban las mismas tareas. Esto contraviene la normativa vigente, que permite una contratación adicional únicamente cuando las funciones son distintas a aquellas que corresponden al funcionario en su jornada como oficial de justicia.

Contraloría no pudo comprobar jornadas de 23 funcionarios

Otro de los hallazgos corresponde al control de asistencia. Durante las inspecciones en terreno, la Contraloría constató que 23 de los 36 funcionarios que mantenían ambos contratos no contaban con registros de asistencia o mecanismos de control horario.

Esta situación impidió determinar si efectivamente cumplían las jornadas laborales por las cuales estaban siendo remunerados y, de acuerdo con el informe, dificulta garantizar un adecuado control de los recursos públicos y de las obligaciones funcionarias.

Por ello, Carabineros deberá ajustar las designaciones y prórrogas de los funcionarios CPR que también se desempeñen como oficiales de justicia, de manera que las funciones realizadas bajo esa modalidad sean distintas de aquellas correspondientes a su jornada institucional.

El organismo también señaló que, si las 22 horas establecidas para los oficiales de justicia resultan insuficientes para atender las necesidades del servicio, corresponde al General Director de Carabineros actualizar la normativa que fija dicha jornada, sin perjuicio de la obligación de extender la jornada ordinaria cuando sea necesario para cumplir las funciones.

Boletas por $434 millones y pagos en exceso

La auditoría también detectó actividades remuneradas realizadas fuera de Carabineros. Cinco de los 36 funcionarios que mantenían ambos contratos emitieron boletas de honorarios a particulares por más de $43 millones durante 2024.

A nivel general, de los 144 oficiales de justicia de la institución, 23 emitieron boletas por más de $434 millones en total. La Contraloría precisó que la realización de actividades remuneradas adicionales no constituye necesariamente una infracción, pero advirtió que la falta de registros de asistencia impide establecer con certeza si esas labores se efectuaron fuera de la jornada correspondiente a Carabineros.

Por esta razón, la institución deberá implementar mecanismos de control que permitan verificar que cualquier actividad remunerada adicional sea desarrollada fuera del horario institucional.

El informe, además, identificó pagos en exceso a dos funcionarios durante 2024, por $9.048.041 y $881.527, respectivamente. Frente a estos casos, la Contraloría informó que realizará las acciones correspondientes ante el Juzgado de Cuentas para obtener la restitución de los recursos mediante un reparo.

Carabineros, asimismo, deberá informar los resultados de la investigación disciplinaria iniciada para determinar eventuales responsabilidades administrativas de los funcionarios involucrados.