Luego de que la Contraloría General de la República (CGR) revelara, a través de un informe, que entre 2023 y 2024 más de 25.000 funcionarios públicos viajaron fuera del país mientras gozaban de licencia médica, este martes el Senado realizó una sesión especial para analizar el tema a cabalidad.

A la cita fue invitada la contralora Dorothy Pérez, quien entregó detalles sobres el Consolidado de Información Circularizada (CIC) número 9 del ente fiscalizador, que indicó que, en esos años, un total de 25.078 trabajadores de entidades estatales emitieron 35.585 permisos médicos cuyo período de reposo incumplieron al realizar viajes al extranjero, lo que derivó en sumarios en las 777 entidades del Estado donde se detectaron las irregularidades.

En este marco, la contralora explicó que se pudo verificar tales cifras al realizar el cruce de información entre bases de datos de la Superintendencia de Seguridad Social (Suseso) -respecto de los permisos- y de la Policía de Investigaciones (PDI) -que indicaban las salidas y entradas del país de los funcionarios.

Y en este sentido, la abogado aprovechó su concurrencia a la Cámara Alta para pedir, al Ejecutivo y al Congreso, mayores atribuciones para la Contraloría, para poder acceder a mayores bases de datos con el fin de fiscalizar de mejor manera este tipo de hechos y “desincentivar a las personas que trabajan en el sector público a incurrir en esta irregularidad”.

Así, indicó una serie de nuevas fiscalizaciones que pretenden realizar a través de CIC respecto de esta materia.

“Nosotros queremos hacer este CIC todos los años, específico para licencias médicas, pero también para otras materias”, sostuvo la contralora, quien recordó que la entidad que preside está levantando información para hacer cruces de datos en otras instituciones previsionales, como la Caja de Previsión de la Defensa Nacional (Capredena) y la Dirección de Previsión de Carabineros de Chile (Dipreca).

Asimismo, relevó que se busca fiscalizar a funcionarios públicos que durante su licencia médica vulneren su reposo al trabajar para otro empleadores o de manera particular. “Queremos hacer esto de manera masiva. Nos vamos a demorar un poco porque nuestras capacidades son muy escasas y limitadas, pero vamos a entregar a la ciudadanía y a las autoridades los resultados a la brevedad posible”, manifestó Pérez.

La contralora general de la Repúbica informó que, además, están analizando bases de datos de otros organismos para tratar de pesquisar viajes nacionales efectuados por trabajadores con reposo médico. “Eso nos presenta dificultades”, indicó, al señalar que desde la Contraloría sondean si es posible hacer un cruce con las bases de datos de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), del sistema de transporte público interurbano de pasajeros y/o mediante el dato de uso de pórticos en carreteras, entre otras.

“Estamos viendo múltiples vías, pero en todas ellas nos vamos dando cuenta de que nos faltan atribuciones para pesquisas de algunas bases de datos. Y nosotros necesitamos solicitar a los poderes colegisladores que pudieran reforzar nuestras facultades en algunos puntos específicos para poder obtener los resultados”, destacó Pérez.

“Nosotros solicitamos al Ejecutivo, al Senado y a la Cámara de Diputados que evalúen la posibilidad de que las atribuciones de la Contraloría incorporen mayores potestades para requerir bases de datos adicionales a las que hoy podemos requerir”, relevó la contralora.

Informes financieros

A renglón seguido, Dorothy Pérez destacó la necesidad de que el ente contralor amplie sus atribuciones más allá del tema de las licencias médicas y apuntó directamente a poder tener acceso a los informes financieros de las entidades estatales, con el fin de realizar un mejor control de los dineros públicos.

“La situación de la falta de atribuciones en algunas cosas demasiado básicas genera daño al patrimonio públicó”, sostuvo, al relevar que “en la mayoría de los países, las contralorías y órganos de control externos tienen atribuciones para requerir las cartolas de bancos de los servicios públicos, no de los funcionarios ni de las autoridades. Estoy hablando de la cartola donde se invierten los fondos públicos y nosotros no tenemos esa atribución. Tenemos que pedirle ‘por favor’ al servicio público en cuestión si es que quisiera entregarnos la cartola del banco donde está depositado el dinero que nosotros tenemos que ir a fiscalizar”.

Esto, destacó, es necesario “para poder saber si los dineros se están fugando. Por que si no, llegamos cuando ya los dineros desaparecieron”.

Finalmente, Dorothy Pérez solicitó que se pueda evaluar que en algunas situaciones la Contraloría pueda aplicar directamente sanciones en los sumarios que realiza. “Después de realizar una auditoría extensa, realizar un sumario, proponer una medida disciplinaria y que nos llegue un sobreseimiento de vuelta, o una censura cuando son situaciones gravísimas, que amerita la destitución, demoraliza la institución y a la ciudadanía”, destacó.

Asimismo, pidió celeridad en proyectos de ley que se tramitan en el Congreso y que podrían ser una ayuda en la fiscalización, como el proyecto de transparencia municipal y la llamada ley de Lobby 2.0.

Tras su intervención, el presidente del Senado, José Manuel Ossandón, solicitó a la contralora que envíe un oficio a la presidencia de la Cámara Alta explicando cada uno de estos puntos, con el fin de someterlos a un análisis exhaustivo.

Esto, sostuvo, para que tales puntos “puedan ser discutidos por los parlamentarios, porque a lo mejor ahí podríamos, junto al Ejecutivo, perfeccionar el sistema con algún proyecto de ley”.

Respuestas a parlamentarios

Tras una ronda de intervenciones y preguntas de varios senadores, la contralora general de la República abordó una serie de temas relativos a la fiscalización.

Sobre las demandas realizadas en la sesión, aseguró que “nosotros vamos a ingresar este oficio que ha solicitado el señor presidente (Ossandón) con nuestras propuestas. Por supuesto que nosotros las hacemos pensando en el mejor sistema de control que se pueda obtener dentro de las circunstancias de nuestro país y por supuesto le corresponde a los poderes colegisladores evaluarlo”.

Ante consultas respecto de los proyectos de ley que mencionó en su discurso para buscar más atribuciones para la Contraloría, Pérez sostuvo que “di una lista de proyectos que ustedes conocen bastante mejor que yo, que son muy interesantes y que tienen herramientas útiles y potentes y que los distintos gobiernos han impulsado y que están en tramitación, transparencia municipal, Lobby 2.0, prevención de conflictos de interés. Hay una serie de recursos, el que apunta a determinar quién es el beneficiario final de las contrataciones públicas y de las transferencias. Todo ese tipo de medidas legislativas realmente podrían ayudar mucho a la transparencia y a la prioridad”.

Sobre eventuales casos donde podría haber atenuantes para la realización de viajes al extranjero durante el período de licencia médica, la contralora indicó que cada entidad debe realizar una auditoría interna.

Al respecto, indicó que en los 36 trabajadores detectados en la propia Contraloría, hay funcionarios que incurrieron en irregularidades más de una vez, “pero también tenemos casos de funcionarias que, en las primeras indagaciones, yo ya me enteré de que hay algunos casos de funcionarias que, en una situación de cáncer agravado, en una situación donde ya no hay respuestas de salud en nuestro país, han tenido que buscar una última alternativa de tratamiento en el extranjero. Entonces sabemos que existen esas situaciones, pero no son los 25.000 casos, por supuesto que no lo son”.

Consultada respecto de los casos de licencias psiquiátricas, de prenatal o de hijo menor de un año, Dorothy Pérez indicó que “la verdad es que nuestra revisión incluye licencias psiquiátricas, y la Superintendencia de Seguridad Social ha sido muy clara en dictámenes desde hace muchos años señalando que las licencias psiquiátricas tampoco permiten salir del país”.

“Respecto de las licencias prenatales y de los hijos menor de un año hay que conjugar las normas de licencia médica con otros derechos, por ejemplo, el amamantamiento ese derecho está establecido en favor del bebé del menor y este menor este bebé tiene derecho a ser amamantado por su madre y es una obligación para la madre y por ende hay casos en que la madre puede haber viajado al extranjero, dejado al bebé con la nana, con otra persona, con una mamá, con un pariente y haber incumplido”.

“Todos esos son determinaciones de detalle que los sumarios administrativos van a poder esclarecer”.

En tanto, afirmó que en el caso de las personas que viven en zonas extremas y que cruzan a países vecinos para visitar a un familiar o por otras circunstancias, recordó que “la normativa no permite ese tipo de cosas. El reposo es para el restablecimiento de la salud en el domicilio indicado, salvo que el mismo médico haya dado una indicación médica distinta, que son casos muy excepcionales”.

Ante consultas sobre eventuales fiscalizaciones al sector privado, la contralora sostuvo que “nosotros tenemos pocas atribuciones respecto al sector privado, pero sí podemos revisar si el Compin o la Suseso o las distintas entidades públicas hacen su tarea respecto de los privados, y lo hacemos”.