Uno de los principales reclamos del hoy oficialismo contra los supuestos “amarres” del anterior gobierno de Gabriel Boric fue el de aquellos concursos por Alta Dirección Pública que finalizaron a meses de terminar la administración. De la vereda saliente se ha justificado que se le debía dar continuidad a la administración del Estado, y del gobierno de José Antonio Kast se ha criticado que eso deja impedido de nombrar personeros.

En medio de ese tira y afloja, la ley 19.882 que regula la Nueva Política de Personal a los Funcionarios Públicos establece que “durante los ocho meses anteriores al inicio de un nuevo periodo presidencial se requerirá la autorización del Consejo de Alta Dirección Pública para convocar a los procesos de selección de cargos de alta dirección pública”. Es decir, los concursos no pasaron por la decisión exclusiva del Ejecutivo saliente.

La Tercera solicitó vía Ley de Transparencia al Servicio Civil la cantidad de concursos públicos que finalizaron entre el segundo semestre de 2025 y hasta febrero de 2026 en los ministerios y sus servicios dependientes.

En total son 200 cargos que fueron llenados a través de concursos desde julio 2025 a febrero del 2026. El desglose por entidad muestra que la institución que lidera con más concursos adjudicados durante esas fechas fue el Ministerio de Educación con 77 casos, empujado por los nombramientos en los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP), y luego el Ministerio de Salud, otra de las carteras grandes del gobierno central, con 21 situaciones. Cabe destacar que estas dos entidades son las que más funcionarios tienen, por lo que suele ser habitual que encabecen rankings de trabajadores.

Luego sigue el Ministerio del Trabajo y Previsión Social con 17 personas, el Ministerio del Medio Ambiente con 13, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos con 10. Después el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo con 9 y el Ministerio de Desarrollo Social y Familia con 8.

Pero, además, la cantidad de concursos va aparejada a un aumento en la dotación de funcionarios públicos que se ha ido dando con los años, hoy cifrada en cerca de un millón de trabajadores. A eso se suma que hay entidades donde, por la calidad técnica del trabajo, es imperiosa la necesidad de un concurso, lo que no necesariamente implica un “amarre”.

A pesar de esto, el gobierno entrante ya ha dado señales de producir desvinculaciones de algunos funcionarios públicos que vienen del periodo anterior.

Los datos abiertos del Servicio Civil permiten hacer un contraste con administraciones anteriores. Por ejemplo si se analizan los nombramientos por ADP, considerando el segundo semestre del 2021 -en ese entonces Sebastián Piñera de Presidente- y enero y febrero del 2022 hubo un total de 156 nombramientos, un 22% menos que en el mismo periodo de Boric.

El segundo semestre del 2017 -con Michelle Bachelet gobernando- y enero y febrero del 2018 registraron un total de 128 nombramientos por ADP.

Vale recordar, nuevamente, que los cargos necesarios en el Estado cada vez son más, por ende, también los concursos.

Quiénes son

Dentro de los cargos nombrados la mayoría son posiciones directivas o de jefaturas. Entre los concursos que terminaron en 2026 se encuentra por ejemplo el director del Parque Metropolitano de Santiago -quien renunció en medio de un sumario, según El Líbero- además de varios directivos de Servicios Locales de Educación Pública dependientes del Ministerio de Educación.

En septiembre y octubre del año pasado el Ministerio del Interior se nombraron a directores dentro del Servicio Nacional de Migraciones y el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres. También un directivo del Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol.

En Hacienda en esos mismos meses se nombró al jefe de división administrativa en el servicio de tesorerías de la Tesorería General de la República, y a un subdirector de avaluaciones en el Servicio de Impuestos Internos. También un jefe de división de gestión usuaria en la Dirección de Compras y Contratación Pública.

En Defensa hubo un fiscal y un jefe de división de administración y finanzas en la Caja de Previsión de la Defensa Nacional.

En Justicia se nombró un subdirector de administración y finanzas en el Registro Civil, el director nacional del Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil, un subdirector en el Servicio Médico Legal, entre otros.

Desde Mujer se nombraron directores regionales del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género (Sernam), mientras que en el Minvu hubo directores del Servicio de Vivienda y Urbanización de Atacama y Aysén.