El proyecto de ley, que se discute en segundo trámite en el Senado, que crea el Subsistema de Inteligencia Económica -que incluye varias normas como la del secreto bancario-, provocó esta semana un conflicto en la Cámara Alta con el equipo de Hacienda -que lleva el proyecto bajo la conducción del subsecretario Juan Pablo Rodríguez- y el equipo legislativo de la ministra de Seguridad Trinidad Steinert.

Todo se originó debido a la discusión técnica sobre si el proyecto, tal como fue despachado de la Cámara, es compatible y coherente con el Sistema de Inteligencia del Estado. Este último es el proyecto, que está a la espera de salir del Tribunal Constitucional, respecto del cual se deben regir todos los subsistemas y agencias. El punto resultaba clave ya que con eso, los senadores debían decidir qué normas aprobaban y cuáles enviaban a comisión mixta.

Esa discusión se dio con mayor intensidad el viernes de la semana pasada en la mesa técnica de la Comisión de Seguridad de la Cámara Alta.

Para enfrentar ese debate, Hacienda solicitó a modo de consulta interna una minuta a Seguridad Pública que fue elaborada por el abogado Mauricio Fernández.

El asesor es uno de los que llegó a reforzar el equipo legislativo de Steinert. Fernández, abogado con experiencia de más de dos décadas en el Ministerio Público, estuvo a cargo de la Unidad Especializada de la Fiscalía Nacional -durante el mandato del exfiscal nacional Jorge Abbott- que se dedica a asesoría jurídica en asuntos patrimoniales y lavado de activos.

Quienes supieron de esto comentan que la minuta revisaba el corazón del problema, es decir, la compatibilidad del Subsistema de Inteligencia Económica con el Sistema de Inteligencia del Estado. El documento analizaba las normas y llegaba a una breve conclusión: ambos proyectos sí eran compatibles y coherentes.

El problema radicó en que el subsecretario Rodríguez utilizó dicha minuta en la mesa técnica de la Comisión de Seguridad para decidir, en función de eso, las normas que debían pasar al tercer trámite.

Fue en ese momento en que, según fuentes del Congreso, la mesa del Senado -que integra la presidenta Paulina Núñez (RN) y el vicepresidente Iván Moreira (UDI)- junto a senadores de la bancada UDI e incluso algunos de oposición intervinieron en el debate.

Esto debido a que dichas voces insistían en la existencia de problemas técnicos serios. Algunos de hecho son de la idea de que esas falencias podían provocar que el Sistema de Inteligencia del Estado fuera vulnerado a través del Subsistema de Inteligencia Económica.

Pese a esas advertencias, afirman las mismas fuentes, el subsecretario Rodríguez siguió empujando la tramitación y la Comisión de Seguridad pretendía enviar solo una norma a comisión mixta, cuando otros senadores planteaban que tenían que ser al menos seis. De hecho quienes supieron de lo ocurrido cuentan que en el Senado, Fernández fue reprochado punto por punto respecto de la conclusión de su minuta.

Fue en ese momento en que los senadores más críticos recurrieron al ministro Alvarado y le pidieron intervenir con urgencia el asunto. Los parlamentarios le expusieron sus críticas al proyecto e incluso algunos reclamaron sobre la falta de capacidad técnica del subsecretario y los asesores del Ejecutivo involucrados.

Ante ese escenario, Alvarado le pasó el asunto a su equipo legislativo, el que finalmente coincidió con los reparos técnicos. En el análisis que hizo Interior, a diferencia de Fernández, se concluyó que habían incongruencias graves, por lo que este tema no podía votarse el martes. Alvarado dio la instrucción de dilatar el asunto y así usar la semana regional para analizar con calma qué normas se deben enviar a tercer trámite.

Uno de los reparos más duros apuntó a Hacienda y tiene que ver con el hecho de que dicha cartera le pidiera la opinión a Seguridad Pública.

Esto debido a que varios senadores -del oficialismo y oposición- no tienen una buena evaluación del desempeño de la ministra y de sus asesores legislativos, algo que a raíz de esto también salpicó al subsecretario Rodríguez.

Además, cuentan las mismas fuentes, esto debió ser un asunto que siempre tuvo que ser liderado por Interior. La razón apunta a que el Sistema de Inteligencia del Estado es coordinado por la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI), entidad que depende directamente de Interior.

Fuentes que supieron de lo ocurrido dicen que este lío se tradujo en una diferencia de opinión normativa y que la minuta solo respondía, de modo interno y como consulta interinstitucional, a una solicitud de Hacienda. Además nunca tuvo como destinatario los senadores y menos aún el objetivo de determinar qué normas pasaban a tercer trámite.