Eventual inhabilitación de fiscal Armendáriz en causa por el 18-0 no anula formalización de general director de Carabineros

Hasta el 3 de enero no había dudas respecto de la valoración y confianza que el fiscal nacional Ángel Valencia tenía respecto de los fiscales regionales que se desempeñan en todo el país. Sin embargo, ese día el punto quedó en entredicho cuando se conoció que había determinado desistir del titular de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, Xavier Armendáriz, como opción para subrogarlo en el cargo.

De inmediato se interpretó como una fuerte señal. Porque además de reflejar un cambio en la ponderación que había hecho para inicialmente definir el orden de subrogancia, la determinación de Valencia vino justo cuando sobre su escritorio está la solicitud de la defensa del general director de Carabineros para que deje fuera a Armendáriz de la investigación que se sigue contra el alto mando de la policía, por responsabilidades en las violaciones a los derechos humanos durante el estallido social.

La petición fue ingresada el 24 de noviembre por el abogado del general Ricardo Yáñez, Jorge Martínez, y el 6 de diciembre el máximo persecutor respondió que analizaría los antecedentes junto con los que solicitó a la citada fiscalía. Esto, porque también se le pidió evaluar la continuidad de Ximena Chong, pues a juicio de la defensa del mandamás de Carabineros -que será formalizado el 7 de mayo-, ambos fiscales estarían imposibilitados para seguir en el caso dada su “falta de objetividad”.

Y aunque Valencia no tiene plazo legal que le imponga una fecha límite para resolver, fuentes del Ministerio Público consultadas por La Tercera confirmaron que estaría ultimando los detalles de su pronunciamiento. De hecho, como indicaron los mismos personeros, durante este fin de semana estuvo trabajando en el asunto y definiendo cuándo sería el mejor momento para responder.

De todas maneras, profesionales del organismo aclaran que el fiscal nacional no emitirá opinión sobre la eventual inhabilidad de la fiscal Chong para seguir con la investigación, dado que por reglamento sólo tiene competencias para pronunciarse sobre un fiscal regional, o sea, respecto de Armendáriz. La inhabilitación de un fiscal adjunto depende del fiscal regional correspondiente.

Sea cual sea la determinación, en todo caso, desde fiscalía sostienen que no habrá efecto inmediato en la formalización de Yáñez como autor del delito omisivo de apremios ilegítimos con resultado de lesiones graves y homicidio. Esto, como explican fuentes conocedoras de la materia, porque una eventual inhabilitación de Xavier Armendáriz en la causa no puede anular una solicitud que ya fue ingresada y acogida por el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago.

Si el fiscal nacional resolviera inhabilitarlo, otro persecutor será designado y él pasará a tener las atribuciones para solicitar, si lo estimase, modificaciones respecto de lo obrado por su antecesor.

En ese caso hipotético, el fiscal regional que asuma las pesquisas por la responsabilidad de los mandos de Carabineros podría agregar o restar imputados a la solicitud ingresada, podría cambiar la calificación jurídica, ampliar o reducir los hechos, solicitar un aplazamiento o que se adelante la fecha, o también que quede sin efecto la petición de audiencia.

En la práctica, entonces, que Ángel Valencia acoja la solicitud de inhabilidad respecto de Xavier Armendáriz no implica nulidad de lo realizado, sino sólo cambio de fiscal regional titular de la causa.

Ante la situación, el fiscal nacional ha optado por desdramatizar, y pese a la serie de posiciones que han surgido, indicó: “Todos los fiscales regionales y adjuntos cuentan con mi respaldo en general. Una cosa es la institución, otra cosa es la situación de un fiscal en particular”.

En cuanto al futuro del general director de Carabineros, en tanto, La Moneda ha optado por poner foco en que lo importante es resguardar a Carabineros y el futuro de la agenda en seguridad.

Tal como lo hizo el ministro Luis Cordero en entrevista con La Tercera, la vocera de gobierno, Camila Vallejo, sostuvo en Radio Nuevo Mundo que “hay que ser capaces de separar las aguas por el bien de nuestra democracia, de nuestras instituciones, las instituciones tienen que funcionar (...) El proceso judicial que se está llevando a cabo no puede afectar la labor del Estado en el combate a la delincuencia”.

Y sobre las imputaciones, complementó: “Lo importante es que aquí hay una fiscalía, que es autónoma, y que ha presentado una solicitud de audiencia de formalización. Son fiscales que han estado hace años en una investigación en materia de derechos humanos (...) y eso tiene que tener una respuesta de la justicia”.