Este lunes se desarrolló en el Tribunal Oral en lo Penal de Punta Arenas la apertura del juicio contra los responsables del vuelo del avión Lockheed Martin Hércules C-130 de la Fuerza Aérea que se estrelló rumbo a la Antártica en 2019, causando la muerte de 38 personas.

El fiscal Cristián Crisosto sostuvo que “ese avión nunca debió haber despegado”, y que la tragedia -producida luego del desprendimiento de una de las palas de las hélices- fue producto de “un problema en la mantención”, donde “no se aplicaron los protocolos que eran obligatorios en la mantención de las palas de las hélices por parte de los acusados que están en este juicio”.

El fiscal detalló además que la Fuerza Aérea adquirió esta aeronave en 2015 en Estados Unidos, y que “se adquirió sin cumplir con ninguna medida de seguridad. Particularmente, no se exigieron los certificados militares de aeronavegabilidad, no se exigió la trazabilidad, particularmente de los componentes más importantes del avión, motores, hélices, palas de las hélices, radares, y otros más”.

Es así como apuntó que “desde su recepción desde Estados Unidos por parte de la Fuerza Aérea de Chile, ese avión no contaba con los mecanismos o con el historial de seguridad que permitía efectuar la mantención de manera segura, ni mucho menos la aeronavegabilidad”; enfatizando que “ese avión nunca debió haber despegado de Santiago y mucho menos de Punta Arenas con rumbo a la Antártica”.

Es así como desde la Fiscalía solicitaron que se condene a Fernando Mondaca Rodríguez (oficial ingeniero), Julio Ojeda Puig (coronel de la Fuerza Aérea), Marcelo Mella Bertetti (comandante de Escuadrilla de la Fuerza Aérea), Roberto Avendaño Veloso (funcionario de la Fuerza Aérea de Chile) y Joaquín Urzúa Rentería (ingeniero aeronáutico, funcionario de la Dirección General de Aeronáutica Civil) a tres años de reclusión menor en su grado medio, además de la suspensión de ejercer cargos públicos durante el tiempo de condena, accesorias y el pago de las costas.

Además de Emanuel Carrasco Millaquén (sargento 2° de la Fuerza Aérea), acusado por la emisión de comunicaciones o señales aeronáuticas falsas o indebidas, contra quien se solicitó una pena de 541 días de presidio menor en su grado medio.

Es así como la acusación apunta que “producto de las conductas de los acusados, cada uno de manera independiente, incurrieron en negligencia e infracción de reglamentos en función de sus cargos y posiciones de garantes, y, a través de una sucesión de acciones y omisiones en los procesos de mantenimiento de la aeronave, tales como utilización, resoluciones técnicas, y o certificaciones, transgredieron el deber de mantener las condiciones óptimas de seguridad para su operación”.

Fiscalía apunta a orden técnica de Estados Unidos que no habrían cumplido

En la ocasión, desde la Fiscalía además recordaron que en 2017 se cayó un avión C-130 en Estados Unidos, ocasión en que la Fuerza Aérea de Estados Unidos emitió una orden técnica respecto a las palas de este tipo de aeronaves.

“Ellos sí tenían conocimiento, no solamente de la caída del avión, también de la orden técnica 515 que decía que fue por un problema de mantención, por corrosión intergranular en las palas de las hélices”, detalló el fiscal, añadiendo “nos van a decir, ‘no, ese avión era un poquito más largo’, pero era el mismo avión, el mismo tipo de hélice”.

“Ese boletín estaba en la biblioteca del comando logístico de la Fuerza Aérea de Chile. Ellos tenían la obligación de tener conocimiento y tenían que aplicarla. No lo hicieron”, explicó el fiscal.

El fiscal Crisosto también que “les tuvieron que notificar personalmente la orden técnica número 2252. Eso fue en abril de 2019. Y ahí ellos dijeron, ‘ah, parece que hay que aplicar esto’. Después de casi dos años”.

De acuerdo al persecutor, los acusados Urzúa y Mondaca “tenían perfecto conocimiento de la gravedad y de la urgencia de efectuar las inspecciones urgentes de las palas de las hélices del avión C-130 de todas las flotas. ¿Por qué? No solamente porque había una directiva mandatoria de los norteamericanos, sino porque ellos son ingenieros aeronáuticos".

Más adelante, el fiscal detalló que contabilizaron mal los plazos para la inspección del avión. “Es un error decir que se cayó el avión; no su señoría, se les cayó el avión. Si ellos hubiesen hecho la mantención a las hélices, como decían los norteamericanos, para ellos era obligatorio, el avión no se les cae”.

El Ministerio Público recordó que la causa se sigue contra oficiales y exoficiales de la FACH, acusados por el delito culposo de homicidio, y un funcionario vinculado a la operación aérea, por infracciones al Código Aeronáutico.

El juicio podría extenderse alrededor de 6 a 8 meses, con la participación de más de 300 testigos, 40 peritos y evidencia técnica y científica.

Los hechos

Los hechos ocurrieron el 9 de diciembre de 2019, cuando la aeronave Lockheed Martin Hércules C-130, de la Fuerza Aérea de Chile, fue autorizada para despegar desde la Base Aérea Chabunco de Punta Arenas con destino al Aeródromo Rodolfo Marsh, en la Base Aérea Eduardo Frei.

A eso de las 18.13 horas, el avión, con 17 tripulantes y 21 pasajeros, perdió todo contacto radial con tierra, cayendo al Mar de Drake y falleciendo todos sus tripulantes.