La Corte de Apelaciones de Copiapó está revisando la solicitud de desafuero del expresidente de la República, Gabriel Boric, realizada por el exdirector ejecutivo suplente del Servicio Local de Educación Pública (SLEP) de Atacama, Daslav Mihovilovic.

El otrora funcionario público busca levantar la protección legal que mantiene el exmandatario con el fin de juzgarlo por el presunto delito de injurias graves con publicidad, luego de que Boric declarara en una actividad pública que: “Qué bueno que echamos al director del Slep, porque no he conocido a una persona más descriteriada. De los descriterios más grandes que he visto”.

Esto, luego de que Mihovilovic dejó el cargo luego de que el exministro de Educación, Nicolás Cataldo, le solicitara la renuncia tras la polémica que suscitó la celebración organizada por el quinto aniversario de la entidad regional en el Casino de Copiapó. En un video que se viralizó por redes sociales, se observaba que los festejos incluyeron una limusina de lujo, así como también iluminación especial, tortas, tragos y cámaras 360°.

En el escrito presentado por el abogado defensor de Mihovilovic, Raimundo Palamara, se descarta que haya sido “echado” y sostiene que los dichos del exmandatario afectaron “gravemente la dignidad, honra y reputación profesional” del exfuncionario.

Los alegatos de la defensa: “La única motivación era aludir a mi representado”

El abogado Palamara inició su defensa citando el pronunciamiento de la Contraloría General de la República (CGR) en torno a la publicación de la Vocería de Gobierno sobre un “Estado en quiebra”, y lo nombra a razón de que el dictamen apunta que “cuando habla una autoridad del Estado, tiene que hablar con un lenguaje claro”.

“Lo mismo que se promueve por la misma, por judicial. Se tiene que promover la verdad. No continuar ni profundizar polémicas. Y lo que hizo el expresidente Gabriel Boric en el ejercicio de su cargo, en el estándar que le ofrecía la Constitución y las leyes, fue lisa y llanamente profundizar una polémica. Atacar directamente al ex director del SLEP de Atacama, personalmente”, indicó Palamara.

Asimismo, el abogado sostuvo que su representado “renunció voluntariamente. En ninguna parte lo echaron. No hubo sanción”, añadiendo que en el decreto que emite el Ejecutivo no se señala sumario administrativo en contra de Mihovilovic y se acepta su “renuncia voluntaria”.

Palamara cuestionó las razones del expresidente Boric para nombrar al exdirector del SLEP, aseverando que “la única motivación era aludir a mi representado, aprovecharse de su situación, aprovecharse de su podio y así afectar la honra moral y el crédito de mi representado”.

Añadió que “fue con publicidad, era un acto público, con numerosas personas en el auditorio, con cámaras presentes, que se grabó para todo Chile, que continuaba en las páginas oficiales del gobierno”.

“Su señoría, lo único que se está haciendo contra mi representado es sepultarlo públicamente, es sepultarlo en su vida profesional, es sepultarlo a sus aproximadamente cuarenta y algo años que tiene el día de hoy, que está en la plenitud de su vida, su señoría, y con estos dichos, sencillamente, se requiere que haya un reconocimiento en cuanto a un tribunal de justicia que conozca los hechos”, acusó el abogado.

“Una solicitud de desafuero llamativamente desprovista de fundamento”

El penalista Jorge Cabrera es quien representó al expresidente Boric ante los magistrados, donde aseguró que solicita el rechazo de la solicitud de desafuero que es “llamativamente desprovista de fundamento que se construye sobre la base de una interpretación sorprendentemente caprichosa de las expresiones proferidas por mi representado”.

El abogado acusó que “con el fin de sostener la acusación y la querella, el solicitante tergiversa y descontextualiza intencionadamente las palabras de mi representado y, en realidad, una serie de otros cuerpos jurídicos, prescindiendo antojadizamente de múltiples elementos de contexto que permiten valorarlas y calificarlas correctamente desde un punto de vista jurídico”.

Asimismo, Cabrera apuntó que “el reglamento imputado no satisface ni los estándares legales ni los estándares constitucionales que permiten autorizar a que se forme causa en contra de mi representado”.

Dentro de ello, señaló que “resulta evidente que la acción intentada no tiene sino otro fin que instrumentalizar políticamente el derecho penal por medio de la presentación de una acción manifiestamente infundada y sin destino, distrayendo así innecesariamente el valioso tiempo de esta Corte de los Tribunales y sometiendo a mi representado a una serie de escrutinios que es precisamente lo que el fuero ha querido prevenir”.

El abogado del expresidente descartó que existiera delito alguno por su representado por los dichos emitidos.