El Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) rechazó “categóricamente” las imputaciones formuladas en la querella interpuesta por la empresa Social Arquitectura al Serviu y al Fisco por la paralización anticipada de las obras de reconstrucción en el sector El Olivar, tras el megaincendio que afectó a Viña del Mar en 2024.

A través de un comunicado, el Minvu señaló que las decisiones en torno a las obras de aquel sector han sido “tomadas sobre la base de antecedentes técnicos objetivos, la normativa vigente y el deber legal de resguardar los recursos públicos y, especialmente, la seguridad de las familias damnificadas”.

La querella, interpuesta ante el Primer Juzgado Civil de Valparaíso, tiene el fin de invalidar una serie de actos administrativos decretados por el ministro de Vivienda, Iván Poduje, quien ordenó revocar el convenio con la empresa y continuar con el cobro de una boleta de garantía por 500 UF que, posteriormente, fue suspendido de forma provisoria.

En ese sentido, Social Arquitectura está exigiendo una indemnización de más de $12 mil millones por los perjuicios ocasionados.

La acción judicial se enmarca, además, en las reiteradas denuncias a Poduje por supuestas presiones a funcionarios del Serviu Valparaíso para elaborar informes técnicos “forzados” que justificaran el término anticipado de contratos con la Constructora San Sebastián Ltda. y la mencionada empresa, y la decisión de demoler 52 viviendas con más de un 90% de avance en El Olivar.

En ese sentido, respecto a los cuestionamientos sobre la veracidad de los documentos, el ministerio precisó que los informes fueron elaborados por los Fiscalizadores Técnicos de Obra (FTO) del Serviu de Valparaíso y descartaron falsificación, señalando que los eventuales errores administrativos deben ser “revisados por las instancias regionales pertinentes”.

Sobre la coacción, la subsecretaria Natalia Aguilar que “el ejercicio legítimo de una potestad pública no constituye coacción”.

“El ministro ha actuado dentro de sus atribuciones, con responsabilidad y con el objetivo de asegurar que las viviendas que se entreguen a las familias cumplan con los estándares técnicos y de seguridad que corresponden”, agregó Aguilar.

La cartera de Vivienda negó además las acusaciones de fraude al Fisco y señaló que “dicha acusación carece de lógica, ya que la intervención del Ministerio ha buscado precisamente evitar que el Estado continúe financiando proyectos que presentan observaciones o fallas de diseño”.

En tanto, el ministro Poduje ya había denunciado ante el Ministerio Público a Social Arquitectura y a la Constructora San Sebastián Ltda por eventuales delitos de fraude al Fisco, estafa, uso malicioso de certificación fraudulenta, coacción y amenazas contra familias beneficiarias, entre otras figuras penales.

Es así que el Minvu sostuvo que todos los antecedentes ya fueron puestos a disposición de la Fiscalía y del Consejo de Defensa del Estado para esclarecer los hechos.

Defensa de Social Arquitectura acusa que Minvu ignoró informes técnicos y paralizó obras sin incumplimientos acreditados

Tras conocerse la definición del Minvu, Erika Maira, la abogada de Social Arquitectura, hizo hincapié en que las casas no se habían terminado de edificar ni se habían entregado y que, en el curso normal de un contrato, podrían haber terminado de construirlas con las observaciones “que son perfectamente posibles de plantear y son comunes en los contratos de construcción”.

En esta línea, Maira señaló que “para nosotros es llamativo que el ministro reiteradamente ha ignorado los antecedentes técnicos que el mismo ha solicitado, y que no refrendan su posición”. Esto, en alusión al informe del Centro de Investigación, Desarrollo e Innovación de Estructuras y Materiales (Idiem), que plantea soluciones respecto al reforzamiento de las viviendas.

“Social Arquitectura fue sacada de los otros 22 proyectos que no tenían ningún cuestionamiento e incluso donde se estaba, en algunos casos, a punto de entregar viviendas a las familias, con la consiguiente incertidumbre para un número no despreciable de beneficiarios de subsidio habitacional”, afirmó la abogada.

Asimismo, subrayó que los tribunales de justicia determinaron que no era posible cobrar boletas de garantía en la causa en la que estaban demandando al Minvu, por las acciones del ministro Poduje, esto porque no había evidencia “del incumplimiento de los contratos, en particular de los contratos de El Olivar”. Al mismo tiempo, enfatizó que en un Estado de Derecho corresponde que el titular de Vivienda acote las instrucciones de los tribunales.

“Por nuestra parte seguiremos con las acciones judiciales, que tienen como único propósito hacer valer la ley, los contratos vigentes y los antecedentes técnicos, que son de público conocimiento”, afirmó, señalando que han sido víctimas de arbitrariedades con un fin “comunicacional, que puede entrar en un relato político del ministro”.

Maira añadió que les llama la atención el comunicado de la subsecretaria de Vivienda y Urbanismo que “con mucha certeza avala los antecedentes que habían tenido a la vista para dictar estas resoluciones relativas a la paralización de obras del Olivar y a la revocación de los contratos que sustentaban dichas obras”.

“Eso se contradice ampliamente con la solicitud de aumento del plazo para informar en el recurso de protección que plantea el ministro para adicionar ocho días hábiles más, en relación a su posibilidad o el tiempo que requiere para informar”. La abogada sumó que la gran certeza que el ministro ha mostrado en todos los ámbitos en cuanto a la solidez técnica de sus decisiones “a nosotros nos queda refutada con que hoy día requiera 16 días hábiles para informarle a la Corte de Apelaciones de Valparaíso sobre una decisión que tomó hace 38 días”.

“Es una solicitud muy poco consciente con la situación de las víctimas del incendio, que en El Olivar esperaban la entrega de casas que Social Arquitectura, como entidad patrocinante, estaba acompañando en su desarrollo y la constructora San Sebastián desarrollaba, en un contrato que aún no terminaba y que fue interrumpido por el ministro, donde efectivamente podríamos haber recibido aún las observaciones que hoy él nos plantea en esta fiscalización que arma desde Ditec del Ministerio de Vivienda, que no es la entidad que está llamada, según contrato y normativas”, cerró.