El fiscal judicial de la Corte Suprema, Jorge Pizarro Astudillo, encabezó una reunión de trabajo sobre la Ley de Notarios que le entrega nuevas atribuciones al Poder Judicial.

A principios de julio, el proyecto que reforma el Sistema Notarial y Registral fue aprobado por el Congreso luego de seis años de tramitación legislativa.

En lo fundamental, la iniciativa establece un nuevo sistema de nombramiento de notarios, archiveros y conservadores, dejándolo en manos de la Alta Dirección Pública y finalmente en el Ejecutivo.

La norma también fija requisitos mínimos para la prestación del servicio de cada una de las notarías del país, incluyendo exigencias en materia de infraestructura, equipamiento, página web, horarios de funcionamiento y atención al público.

En ese sentido, se establece que la supervisión y control estará a cargo de los fiscales judiciales de las cortes de apelaciones del país.

Pizarro Astudillo inició el diálogo, que incluyó vía remota y presencial a una comisión de fiscales judiciales del país que se abocaron al estudio y análisis del proyecto, enfatizando que la ley les entrega altas responsabilidades y que está completamente seguro de que el Poder Judicial estará a la altura de este desafío.

“El sistema necesita de confianza y necesita de fiscalización. Nuestra tarea sin duda es garantizar, mediante nuestra supervisión, que la ciudadanía tenga el mejor sistema notarial y registral posible, a la altura de las exigencias legales y de los tiempos de modernidad y tecnología que corren”, señaló la autoridad judicial.

La reforma del Ejecutivo implica también un “jubilazo” de 49 notarios y conservadores que dejarán sus labores por las disposiciones de la norma que debe ser promulgada una vez que pase el control obligatorio en el Tribunal Constitucional (TC).