Este martes la Fiscalía Regional Centro Norte dio a conocer las penas solicitadas contra los imputados en el marco del denominado caso Farmacias Populares, donde uno de los protagonistas es el exalcalde de Recoleta Daniel Jadue (PC).

Según había adelantado este medio, la acción fue presentada la semana pasada por la fiscal Giovanna Herrera, aunque durante esta jornada se precisaron las condenas solicitadas contra los sujetos que ahora enfrentarán juicio oral.

Así, se detalló que para el exjefe comunal se requirieron sanciones que, en suma, superan los 18 años de cárcel.

Por delitos reiterados de fraude al Fisco, se solicitó la pena de 12 años de presidio mayor en su grado medio; la multa de la mitad del perjuicio causado de 8.787 Unidades Tributarias Mensuales; 10 años de inhabilitación absoluta temporal en su grado máximo para cargos, empleos u oficios públicos; las accesorias legales del artículo 28 del Código Penal; y las costas de la causa.

Como autor del delito consumado de estafa, se solicita se le condene a 3 años y 1 día de presidio menor en su grado máximo; al pago de una multa de 21 Unidades Tributarias Mensuales; las accesorias legales del artículo 29 del Código Penal; y las costas de la causa.

Por el delito consumado de cohecho, se pidió las penas de 820 días de reclusión menor en su grado medio; pago de multa del tanto del beneficio solicitado correspondiente a $19.000.000 de pesos; 5 años de inhabilitación absoluta temporal en su grado mínimo para cargos, empleos u oficios públicos; las accesorias legales del artículo 30 del Código Penal; y las costas de la causa.

Y, como autor del delito consumado de concursal, se solicitó se le condene a la pena de 541 días de presidio menor en su grado medio; las accesorias legales del artículo 30 del Código Penal; y las costas de la causa.

Tras la presentación de la acusación por parte de la persecutora, este martes el Tercer Juzgado de Garantía de Santiago fijó para el próximo 3 de septiembre la audiencia de preparación de juicio oral.

En el marco de ese proceso, como se detalló en el escrito firmado también por el fiscal regional Xavier Armendáriz, el Ministerio Público expondrá un centenar de medios probatorios. Se expondrán declaraciones de 319 testigos, relatos de 21 peritos, 783 pruebas documentales y otros 134 elementos.

Los demás imputados

En cuanto a las penas solicitadas en contra del resto de los imputados, se precisó que para José Muñoz, exsecretario Ejecutivo de Achifarp, se solicitaron penas por cinco delitos que, en suma, superan los 25 años de cárcel. También se pide su inhabilitación perpetua para cargos y empleos públicos.

• Fraude al Fisco: 12 años de presidio mayor en su grado medio; multa de la mitad del perjuicio causado de 4.638 Unidades Tributarias Mensuales; 10 años de inhabilitación absoluta temporal en su grado máximo para cargos, empleos u oficios públicos; las accesorias legales del artículo 28 del Código Penal; y las costas de la causa.
• Cohecho: 820 días de reclusión menor en su grado medio; multa del tanto del beneficio solicitado correspondiente a $33.330.000 de pesos; 5 años de inhabilitación absoluta temporal en su grado mínimo para cargos, empleos u oficios públicos; las accesorias legales del artículo 30 del Código Penal; y las costas de la causa.
• Delito consumado de concursal: 541 días de presidio menor en su grado medio; las accesorias legales del artículo 30 del Código Penal; y las costas de la causa.
• Malversación de Caudales Públicos: 5 años y un día de presidio mayor en su grado mínimo; multa del doble de lo sustraído correspondiente a 1.228 Unidades Tributarias Mensuales; inhabilitación absoluta perpetua para cargos, empleos u oficios públicos; las accesorias legales del artículo 28 del Código Penal; y las costas de la causa.
• Lavado de Activos: 5 años y un día de presidio mayor en su grado mínimo; la pena de multa 200 Unidades Tributarias Mensuales; las accesorias legales del artículo 28 del Código Penal; y las costas de la causa.

Respecto del imputado Raúl Moraga, también exsecretario ejecutivo de Achifarp, por el delito de fraude al Fisco se solicitó la pena de 5 años y 1 día de presidio mayor en su grado mínimo; multa de la mitad del perjuicio causado de 4.633 Unidades Tributarias Mensuales; 5 años de inhabilitación absoluta temporal en su grado máximo para cargos, empleos u oficios públicos; las accesorias legales del artículo 28 del Código Penal; y las costas de la causa.

Para María Eugenia Chadwick, exfuncionaria municipal de Recoleta, por el fraude al Fisco se requirió condena de 5 años y 1 día de presidio mayor en su grado mínimo; multa de la mitad del perjuicio causado de 1.986 Unidades Tributarias Mensuales; 5 años de inhabilitación absoluta temporal en su grado máximo para cargos, empleos u oficios públicos; las accesorias legales del artículo 28 del Código Penal; y las costas de la causa.

En torno a Eduardo Sendra, por los delitos consumados y reiterados de fraude al Fisco, se pidió la pena de 10 años y un día de presidio mayor en su grado medio; multa de la mitad del perjuicio causado de 960 Unidades Tributarias Mensuales; 10 años de inhabilitación absoluta temporal en su grado máximo para cargos, empleos u oficios públicos; las accesorias legales del artículo 28 del Código Penal; y las costas de la causa.

Y contra Álvaro Castro, por cohecho, se solicitó condena por 541 días de reclusión menor en su grado medio, multa del tanto del beneficio dado correspondiente a $52.330.000 de pesos; 3 años y un día de inhabilitación absoluta temporal en su grado mínimo para cargos, empleos u oficios públicos; las accesorias legales del artículo 30 del Código Penal; y las costas de la causa.

Los hechos

Conforme los antecedentes relatados por los investigadores en la acusación, el punto inicial de este caso fue el concierto entre Jadue y Muñoz para adquirir una serie de insumos con fondos de la Asociación Chilena de Municipalidades con Farmacias Populares, que terminaron lejos del destino para el cual fueron requeridos.

A Best Quality, por ejemplo, le compraron mercaderías por $1.348 millones y a V Exponencial SpA insumos por $243 millones, sin que lograran ser vendidos de la manera estipulada. Los imputados habrían liquidado existencias por $40 millones cuando valían $19.900 millones, intentando ocultarlo. Para ello, emitieron una factura a MZ Asociados SpA, de Patricio Zavala.

Igualmente, se detalló que Jadue y Muñoz aumentaron los sueldos de Achifarp pese a las deudas que acarreaban. Las remuneraciones crecieron un 86% entre 2020 y 2021.

Para conseguir que las empresas creyeran en el proyecto, lo que configuraría el delito de estafa, la acusación detalla que Jadue se reunió, en su oficina en Recoleta, con César Ramírez, representante de Best Quality, dando cuenta de la supuesta espalda económica que hacía viable el vínculo entre la asociación y el mencionado privado. El exalcalde, se indica, se aprovechó del prestigio de su posición como presidente de la Achifarp y les terminaron generando un perjuicio de $ 931 millones.

Asimismo, se menciona que el cohecho se configuró cuando Matías Muñoz aceptó $ 33 millones de la misma empresa, a cambio de realizar distintas gestiones tendientes a materializar la contratación fraudulenta. Y Jadue incurrió en algo similar. Según el Ministerio Público, acordó y aceptó un beneficio económico como bonificación, consistente en una donación de productos adicionales que llegaron hasta una sede del PC, a cambio de concretar el negocio.

De la misma forma, se explicitó que las acciones de los imputados, por intermedio de Achifarp, dañaron el patrimonio de Recoleta. Utilizando información falsa, de acuerdo con la acusación, el otrora alcalde logró que los concejales aprobaran traspasar $ 204 millones a la asociación, por un convenio con la Universidad de Chile para el proyecto de Interferón. Sin embargo, los fondos fueron utilizados para pagar deudas de Achifarp.

Se agrega, también, que Jadue y Muñoz vendieron fraudulentamente 345 prótesis auditivas que eran propiedad de la asociación a Recoleta, por $99 millones. Y lo mismo con glucómetros y lancetas, por $10 millones. Para eso, nuevamente habrían recurrido a informes que tenían antecedentes falsos.

En lo referente a los delitos concursales, se afirmó que en el proceso de liquidación forzosa de Achifarp, Jadue y Muñoz ocultaron bienes a los acreedores y los entregaron a la Fundación de Salud Primaria, que había sido constituida por el mismo exalcalde.

Se explicitó, de la misma forma, que dado que Muñoz tenía acceso a la cuenta BancoEstado de Achifarp, sustrajo un monto que ascendió a los $ 18 millones, y que incurrió en lavado de activos, realizando una serie de transferencias a cuentas de terceros con miras a ocultar y distraer los dineros.