Este miércoles se retomó la discusión en particular de la reforma judicial del gobierno que pretende modificar por completo la manera en como se nombran los jueces.

El ministro de Justicia, Jaime Gajardo (PC), llegó hasta la Comisión de Constitución de la Cámara para continuar la votación de las indicaciones a la reforma constitucional que impulsa el Ejecutivo. La jornada finalmente cerró con un triunfo cerrado para Gajardo.

La comisión no solo dio luz verde al Consejo de Nombramientos Judiciales, sino que mantuvo su mayoría judicial. Además se confirmó que es un órgano de selección, que el nombramiento sigue como una facultad del Ejecutivo y se mantuvo la participación de los tres poderes del Estado en la designación de ministros de la Corte Suprema.

Junto con eso, Gajardo consiguió al apoyo de toda la comisión para reponer el primer artículo de la reforma, el que se había rechazado a inicios de abril cuando se inició la votación en particular tras un traspié de último momento.

La luz verde para el futuro consejo vino acompañada de algunas sorpresas. Una de ellas apunta a que el Ejecutivo renunció a su cupo en la instancia, para agregar un representante para el Senado y la Cámara.

De esa forma, el consejo quedó con la siguiente integración: un ministro de la Corte Suprema; un ministro de una corte de apelaciones; dos jueces letrados del Poder Judicial; un representante designado por el Consejo de Rectores, entre las personas que hayan ejercido como decano de alguna de sus facultades de Derecho; un abogado designado por 4/7 de la Cámara; y un abogado designado por 4/7 del Senado.

La jugada fue vista por la oposición como la forma que tuvo el Ejecutivo de satisfacer al oficialismo, quienes pretenden disminuir la injerencia del Senado.

Otro punto que se aprobó esta jornada fue la creación de un órgano de administración, que ya no estará bajo la tutela de la Corte Suprema. Este consejo será el sucesor de la actual Corporación Administrativa del Poder Judicial.

Gremio de jueces en alerta

La incorporación de representantes del Congreso en el futuro consejo generó preocupación en los jueces. “Aumentar el control político en el nombramiento de jueces es un camino que solo nos llevará a profundizar la deslegitimación del sistema”, afirmó la presidenta de la Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados (ANMM), Mariela Hernández.

La jueza agregó que la discusión en particular de la reforma “es una oportunidad para que los actores políticos escuchen las recomendaciones del mundo académico, el consejo consultivo europeo, la relatora para independencia judicial de la ONU, y sobre todo a las juezas y jueces”.

Las palabras de Hernández se explican ya que uno de los grandes nudos que atraviesa todo el debate de esta reforma apunta a cómo regular quién es el responsable de la designación de los jueces de tribunales de instancia, ministros de corte y magistrados de la Corte Suprema.

Gajardo defiende que en un régimen presidencial como el chileno, la designación de los magistrados debe seguir en manos del Presidente de la República, pero a proposición de ternas jerarquizadas elaboradas por un nuevo consejo. Junto con eso, también defiende que participe el Poder Legislativo, ya que junto con el Ejecutivo es ahí donde radica la representación del principio democrático.

Pero lo cierto es que el núcleo de la reforma judicial del gobierno genera resistencias. El oficialismo -con voces del Frente Amplio y el PS- empuja para disminuir la incidencia del Senado en las designaciones de ministros en la Corte Suprema. La derecha, sobre todo la UDI, intentó sin éxito que la designación de jueces deje de ser una potestad del Ejecutivo y pase a ser una función exclusiva del futuro consejo.

A esas dos presiones, se suma también la ANMM. El gremio judicial está firme en que tras el escándalo del caso Audio y los chats de Luis Hermosilla, se limite al máximo la injerencia política -del Senado y del Ejecutivo- en las designaciones judiciales y todo quede en manos de un consejo con mayoría judicial. Sin embargo, esto último choca con la idea del Ejecutivo de evitar tener un órgano cooptado por el gremio judicial.

De hecho hace unas semanas, cuando la ANMM se reunió con la Comisión de Venecia, expuso ante los juristas europeos una propuesta concreta sobre cómo debía ser el nuevo órgano encargado de los nombramientos judiciales.

La ANMM propone que el órgano debe tener mayoría judicial y ser paritario y, a diferencia de la decisión de los diputados, excluye a representantes del Congreso.

La integración del consejo de la ANMM sería así: un abogado designado por el Presidente de la República; dos representantes designados por el consejo de rectores de las universidades chilenas, entre las personas que hayan ejercido como decano de alguna de sus facultades de Derecho; un miembro de la Corte Suprema elegida por el pleno, quien presidirá el órgano; y tres miembros del escalafón primario del Poder Judicial elegidos por sus pares.