El abogado Hernán Bocaz representa a Andrés Astorga, el líder que según la Fiscalía estaba al mando de la estructura ilícita que traficaba marihuana y que se desmontó con la operación Imperio Ámsterdam. También defiende al hermano de Astorga, su padre y trabajadores del Dispensario Nacional.

¿Persiste en la tesis de que sí cumplían con los parámetros legales?

Absolutamente. Que no haya una normativa clara que regule el qué, el cómo, el límite y la forma genera evidentemente un vacío y el Dispensario Nacional se ha ajustado a lo que tenemos. Nos llama la atención que ocupen 500 efectivos policiales y 20 fiscales para perseguir a personas que estaban en sus casas, en sus trabajos, que no tienen historia delictiva.

Hubo resoluciones judiciales que vieron mérito en los antecedentes, por algo se autorizaron diligencias intrusivas.

Es que los baches en la norma dan pie a esto. Hemos hecho consultas al SAG para saber si ellos tenían la supervigilancia de los cultivos, porque la verdad es que necesitamos que alguien nos regule. El SAG dos veces nos dio la misma respuesta: ‘No somos competentes’. Entonces, los exiguos pasajes que tiene la Ley 20.000, sumado con la Ley 20.500, nos dan un sistema súper endeble, en el que usuarios y pacientes intentan recurrir a un proveedor de cannabis que sea seguro y donde no te vayan a balear.

Pero esas falencias abren espacio para los delitos imputados.

Se nos ha cuestionado por eventuales recetas irregulares, pero resulta que la Fiscalía, en una investigación de dos años, ha citado a cero médicos. Acá estamos ante un problema de desregulación que no les corresponde a los privados resolver.

¿A quién le corresponde?

Al Congreso, pero el Congreso está regulando sobre el ‘día de la payaya’. Y mientras existen organizaciones que alejan a las personas del narcotráfico, que les dan una medicina que es segura, el Ministerio Público, por culpa de una exigua regulación, termina dejando a 16.000 pacientes sin tener un lugar donde ir a buscar el cannabis que requieren. Eso abre la opción a que esos pacientes terminen yendo al mercado negro. De esta forma, la Fiscalía, que debería combatir el tráfico, sin querer lo está favoreciendo.

¿Lo asocia al perfil socioeconómico de los imputados?

No quiero presumir mala fe, pero tenemos derecho a sospechar que buscan mostrar que capturaron narcotraficantes del barrio alto. El problema de ser performático es que acá hay pacientes. Tenemos pacientes que no han podido dormir por tres o cuatro días, porque las enfermedades de dolor crónico que padecen requieren de un uso de cannabis permanente.

¿Incidieron factores políticos?

Es bastante complejo que hubiesen destinado 500 efectivos policiales sin que no lo hubiesen sabido las altas cúpulas de las policías y obviamente del Ministerio de Seguridad. Parecía una película donde estaban buscando a Pablo Escobar.

Los fiscales han recalcado que entregaban productos con alta concentración de THC. ¿Eso no sería delito?

El Dispensario tiene que tener su propio jardín o cultivo, porque es imposible que el cannabis surja por aparición espontánea. La autorización de MA Botanics permitía un cultivo de cannabis con bajo THC. El rol del Dispensario Nacional es encargarse de los tratamientos de sus pacientes, y quien dictamina eso es el médico tratante, que entrega una receta médica, documento que está indicado en el artículo final del inciso octavo de la Ley 20.000. Eso nos sirve para acreditar que lo que estamos realizando no es un delito. La Fiscalía ha insinuado en innumerables ocasiones que el THC no tiene un valor médico, pero los indicados para señalar eso no son los fiscales, son los médicos que dan la receta, pero no han sido citados.

¿Entonces sí reconoce que vendían productos con THC?

Eso nunca se ha negado.

La Fiscalía lo posiciona como parte importante de la imputación.

Pero la Fiscalía no ha probado nada con respecto a eso. No nos han mostrado ningún análisis. Lo que han hecho es mostrar análisis de campo, que sólo sirven para mostrar que algo tiene THC, pero no te indica cuál es la concentración. No quiero ser desafiante, pero que nos muestren que nos pasamos en el porcentaje.

La Fiscalía dijo que no todo el cannabis provenía de cultivos autorizados y ha reprochado las ganancias.

Aparentemente, la Fiscalía confunde tres conceptos que son distintos: lucro, ganancia y aporte social. Y no son lo mismo. Acá todo lo que recauda la corporación por aportes sociales es reinvertido, gastado o utilizado para el mismo funcionamiento de la corporación. No existe la compra de un yate, de un campo o de un Lamborghini.

Hay escuchas donde Andrés Astorga se jactaba de esas ganancias.

Son conversaciones entre personas cuicas que planean o se encargan de proyectar montos de dinero para proyectos. Y es lo que hacen la mayoría de los empresarios, trabajar con plata ajena. No digo que Andrés Astorga no tuviera un interés expansionista, de ganancias, pero era para la corporación. Además, no han probado el lucro. El patrimonio de Andrés Astorga es inferior al que tenía cuando entró a la corporación, básicamente hoy es más pobre.

Quedó la idea de que el Dispensario Nacional sólo era una fachada para traficar marihuana con fines recreacionales. ¿Lo descarta?

En lo que tiene que ver con el Dispensario, absolutamente. Si los productos no fueran para uso medicinal, nos tendrían que probar que las 16.000 recetas que tenemos de pacientes son falsas y deberían ir en contra de ellos. Puede no parecerles el tratamiento, pero acá la Fiscalía no puede obligar a la gente a determinada medicina. Si quiero usar cannabis para tratar mi enfermedad, lo puedo hacer porque la ley me lo permite. Es grotesco que se persiga a quien usa cannabis medicinal cuando el Estado debería estar preocupado de perseguir al tipo que está asaltando a la señora en la esquina.

Agentes encubiertos obtuvieron recetas en minutos, sin tener necesidad médica, ¿les vendían a personas que no estaban enfermas?

Se entregaban los productos previa receta, y si acá la Fiscalía quiere acreditar que hay una desprolijidad tiene que probar que la receta entregada por el médico era falsa.

¿Puede descartar que se accedía al Dispensario para fines no medicinales?

No, podría eventualmente haberse producido esa situación. Si en el Hospital de Talca se cambiaban guaguas, evidentemente puede haber un error en el Dispensario.