Al ministro Jaime Gajardo (PC) solo le quedan seis meses al mando de la cartera de Justicia. En ese plazo no solo tendrá que darle el vamos a la reforma a los notarios, sino que, además, tiene que despachar la reforma a los nombramientos judiciales, designar supremos, cambiar Punta Peuco y monitorear el estado de las cárceles.

En medio de todos esos pendientes, y tras la conmemoración del Golpe de Estado, el secretario de Estado dice que el principal legado de este gobierno en derechos humanos es el Plan Nacional de Búsqueda. En esta entrevista reivindica dicha política pública y asegura que “no hay ninguna razón para terminar con este plan”.

¿Cuáles son los resultados concretos de esta política a dos años de su implementación?

Ya existe una plataforma con una nómina única de las víctimas. Son 1.469 personas detenidas desaparecidas y se ha aportado en la reconstrucción de sus trayectorias. Lamentablemente, todavía tenemos 1.162 personas de las cuales no hemos podido identificar su paradero final. Pero gracias al Plan de Búsqueda, los ministros y ministras en visita del Poder Judicial cuentan con todo el apoyo estatal para realizar las diligencias en causas vigentes. Se ha trabajado con los archivos del Estado y agrupado antecedentes de distintos órganos públicos. Igualmente, se han entregado copias de carpetas de calificación.

¿Persiste la esperanza de encontrar a quienes no han sido ubicados?

Hay más de 50 causas que están vigentes, con más de 70 diligencias en desarrollo, con diferentes tipos de objetivos. En algunos casos, encontrar más antecedentes para las investigaciones, pero también para acotar y cerrar espacios donde había incertidumbre sobre eventuales hallazgos. No en todos los lugares hubo búsquedas exhaustivas. La idea es entregar certeza a los familiares de que se están utilizando todas las herramientas que hay disponibles y que se ha hecho todo por encontrarlos.

¿Sería un fracaso que trascurridos cinco años más, por ejemplo, no se encuentre a alguna de esas personas?

El Plan de Búsqueda tiene como objetivo central determinar las trayectorias de la desaparición forzada y los patrones macrocriminales. Lo principal es dar certezas de los paraderos y trayectorias finales de estas personas.

Lo que no implica necesariamente tener hallazgos.

Exacto.

¿Están en condiciones de asegurar la continuidad de esta política independiente de quién llegue a La Moneda en 2026?

Este es un deber, una obligación. Es un imperativo ético para nuestro país y los próximos gobiernos mantener el Plan Nacional de Búsqueda. Es una política en la que están involucrados distintos órganos del Estado, coordinados por el Poder Ejecutivo, pero donde participan muy fuertemente el Poder Judicial, la sociedad civil, la Iglesia Católica y que fue ratificado por las fuerzas políticas.

Pero este es un plan creado vía decreto, no por ley, el próximo gobierno podría modificarlo.

Este plan no requiere de una ley para funcionar, pero el Estado tiene la obligación de realizar la búsqueda de las personas detenidas desaparecidas. Como parte del sistema interamericano de derechos humanos, tenemos que cumplir con esa obligación. Hoy no hay ninguna razón para terminar con este plan.

En la conmemoración de los 52 años del Golpe de Estado, junto a usted y el Presidente Boric estaba la exsenadora Isabel Allende. ¿Se dio por superado el impasse tras la fallida compra de la casa del expresidente Allende?

Es muy importante que este 11 de septiembre Isabel Allende, hija del Presidente Allende, haya estado presente en este acto, porque su figura enaltece el acto, pero, además, porque también es muy importante dar cuenta de la importancia que tiene la familia Allende para la democracia y el respeto de los derechos humanos.

El decreto que convierte a Punta Peuco en una cárcel común sigue en Contraloría. ¿Se lograrán los primeros traslados antes del término de este gobierno?

Gendarmería ha estado preparando los planes de segregación y segmentación al interior de ese establecimiento. Además, se inició una licitación para hacer adecuaciones respecto de la cantidad de plazas. Una vez que se tome razón y se realicen e implementen las modificaciones, podrán ingresar las personas que cumplan con los planes y que hayan cometido delitos comunes.

¿Se logrará antes del 11 de marzo?

El objetivo es que durante nuestra administración Punta Peuco deje de ser un establecimiento especial y pase a ser un establecimiento común, teniendo población común en su interior.

¿Por qué se esperó hasta el último año de gobierno para avanzar en esta medida?

Las decisiones que toma el gobierno las toma en su mérito, las toma respecto de la oportunidad en la que cree conveniente que se desarrollen. Lo más oportuno era avanzar en esto con nuestro Plan Maestro de Infraestructura ya consolidado.

En medio de las definiciones del equipo de campaña de Jeannette Jara trascendió que usted podría integrarse al comando. ¿Por qué no ocurrió?

Yo he estado totalmente concentrado en mis tareas en el ministerio. Entiendo que ha habido rumores, pero yo estoy enfocado en mi rol de ministro de Justicia.

¿Está colaborando con Jara fuera de su horario laboral?

Su pregunta supone que yo tengo tiempo libre, pero la verdad es que el tiempo libre es muy escaso. Y mi labor es ser ministro de Estado, no asesor de candidatos.

¿Cómo evalúa el desempeño de la candidata de su sector?

Como ministro de Estado no me corresponde pronunciarme.

¿Ve al Partido Comunista comprometido con su candidatura?

Esa es una pregunta que la pueden responder los dirigentes del partido.

Se lo pregunto porque usted es parte del comité central del PC.

Soy ministro de Estado y mi opinión como miembro del comité central la doy en esa instancia.