El informe de la Contraloría que en 2024 reveló graves falencias en el Hospital San José solo fue la punta del iceberg. Desde entonces, se han sucedido distintos conflictos y nuevas irregularidades que lo han instalado como uno de los recintos más cuestionados del sistema público. El episodio más reciente involucra al director del Servicio de Salud Metropolitano Norte -institución de la que depende el hospital- y esta semana sumó un nuevo capítulo.

Todo se inició a comienzos de agosto, cuando la Contraloría formuló cargos contra Antonio Infante, director del Servicio, acusándolo de presuntas presiones indebidas en un despido en el San José. Ahora, es el propio Infante quien contraataca: denunció ante la Fiscalía y la misma Contraloría la filtración de documentos reservados del sumario, asegurando que ha sido expuesto públicamente de manera ilegítima y que es víctima de un quiebre del deber de reserva.

“Presenté mis descargos ante la Contraloría en un proceso que todavía está en curso, donde voy a demostrar que los cargos son infundados y ajenos a la realidad. Lamentablemente, en medio de este procedimiento ocurrió algo grave y decepcionante: se filtró un documento reservado, lo que afecta el debido proceso y mi honra, porque se trata de un expediente que aún no termina. Por eso denuncié esta situación ante el Ministerio Público y también ante la propia Contraloría, porque no puede ser que el organismo llamado a resguardar la legalidad administrativa tenga filtraciones en procesos en curso”, afirma el director a La Tercera.

Y es que además de conocerse dichos documentos, los cargos que se le imputan también fueron publicados en distintos medios. Eso es parte de lo que detalla en su contraataque. “Hago presente que por mi parte no he publicado ni accedido a que terceros publiquen piezas del proceso disciplinario en cuestión; asimismo, he sido expuesto públicamente en forma maliciosa por parte de terceros de quienes desconozco sus motivaciones reales”, sostiene el escrito que Infante presentó ante la Contraloría.

Y luego procede a apuntar contra los funcionarios del órgano dirigido por Dorothy Pérez: “Se evidencia que derechamente sólo funcionarios públicos, a la sazón, personal de la Primera Fiscalía Administrativa Permanente de la Contraloría General de la República, y yo, hemos tenido acceso al proceso disciplinario en cuestión, y se ha producido un quebrantamiento al deber de reserva, sin que exista disposición alguna que haga plausible la exposición del contenido del proceso y divulgación del mismo, por parte de terceros que no ostentan la calidad de servidores públicos".

Finalmente, el director del servicio concluye ambas denuncias solicitando que se investigue penalmente la filtración de documentos, denunciando que podría constituir el delito de revelación de secretos establecido en el artículo 246 del Código Penal.

Detalles de la filtración

En concreto, el documento filtrado detalla que la Contraloría acusa a Infante de haber vulnerado el principio de probidad administrativa al intervenir en la desvinculación de un funcionario con el que mantenía una relación laboral cercana de dos décadas.

Según el expediente, habría realizado gestiones directas —llamados, oficios y reuniones— para revertir el despido de Aldo Yáñez, subdirector administrativo del Hospital San José. Además, se le imputa un segundo cargo por abuso de autoridad, al ejercer presiones sobre directivos del hospital, advirtiendo eventuales sanciones si no accedían a su solicitud. Finalmente, la desvinculación fue dejada sin efecto en marzo de 2025.

Incluso, semanas más tardes Yáñez se convirtió en el cuarto director del hospital en lo que iba de 2025. Esto es precisamente, según varios funcionarios, uno de los factores que han convertido al San José en un problema: la alta rotación de cargos directivos.

De hecho, Yáñez no permaneció mucho tiempo, y desde el 1 de agosto Rodrigo Infante asumió el cargo.