La mañana del martes -noche del lunes en horario chileno-, en la Corte Federal de Nueva Gales, Australia, se llevó a cabo la audiencia pública en la que se comunicó el fallo más reciente que involucra a la secretaria del jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINA), Manuel “Mamo” Contreras, Adriana Elcira Rivas González. La exintegrante del órgano represor de la dictadura de Augusto Pinochet, había recurrido a esa instancia para evitar su extradición a Chile.

Hasta esta instancia Rivas había llegado luego de que el 28 de agosto de 2024, el ministro de Finanzas determinara que la secretaria de Contreras debía ser extraditada a Chile, luego de que la justicia de ese país acogiera el requerimiento del Poder Judicial chileno que acusa a la “Chani” de una serie de secuestros catalogados como delitos de lesa humanidad.

Precisamente la catalogación de los delitos fue el último argumento presentado por Rivas ante la justicia australiana, quien ha recurrido a una serie de instancias judiciales de ese país para evitar su expulsión a Chile. Sin embargo, en el más reciente intento, la Corte Federal de Australia rechazó su requerimiento, dejándola al borde de la extradición.

En dicha audiencia, los familiares de las víctimas de violación a los derechos humanos durante la dictadura, fueron representados por la abogada Adriana Navarro. Rivas, por su parte, fue defendida por el abogado Barón Levi.

El reciente portazo jurídico

En el más reciente fallo en la causa de Rivas, el tribunal federal del país oceánico desestimó los dos argumentos por los cuales la defensa de la exsecretaria del “Mamo” apuntaba a posibles ilegalidades en la resolución de extradición. En particular alegaba, según el fallo, que el magistrado de la primera sentencia “constituyó un error de derecho” toda vez que “no comprendió el delito de extradición”.

La defensa de Rivas apuntaba a que los hechos por los cuales la Corte Suprema chilena requería a Rivas debían tener coherencia con la tipificación australiana. A juicio de los abogados, esta falta de concordancia invalidaba la extradición al no ser delitos tipificados de la misma forma en ambas naciones. El segundo argumento, de tipo jurídico, se basaba en la falta de consideración de la resolución anterior ante los riesgos legales de la decisión.

Ante el primer requerimiento, el juez Michael Lee resolvió que “si se interpretan con objetividad, los documentos no sugieren que el delito por el que se solicita la extradición sea distinto del identificado en la solicitud y en la documentación adjunta: secuestro agravado. Las referencias a crímenes de lesa humanidad no alteran la naturaleza jurídica del delito por el que se solicita la extradición; más bien, proporcionan el contexto para la aplicación del derecho chileno en relación con dicho delito”.

“Esta distinción es fundamental. El marco legal y los tratados se basan en la identificación del delito que justifica la extradición, remitiéndose al delito descrito en la solicitud. El hecho de que la misma conducta pueda considerarse, según la legislación del Estado solicitante, como ocurrida en circunstancias que justifican su clasificación como crimen de lesa humanidad no transforma el delito que justifica la extradición en otro delito, ni obliga al ministro a proceder sobre esa base”, agrega el fallo en el que el juez Lee determinó que los argumentos -basándose en lo anterior- “pierde validez”.

Las cartas de la “Chani”

Tras conocerse la resolución, la abogada Navarro afirmó a través de un comunicado que “esta decisión tiene un significado profundo para las familias de las víctimas, ya que resuelve respecto de la entrega de Rivas a Chile, recordando que la Sra. Rivas se fugó de Chile en 2011 justamente para evadir el proceso judicial que ya había comenzado”.

Según detalló la abogada “en términos prácticos, la decisión acorta los recursos judiciales disponibles para Rivas con el fin de retrasar su regreso a Chile, quedándole únicamente la posibilidad de apelar el fallo del juez Lee siempre que este haya incurrido en un error de derecho”.

Conocedores de la causa explican a La Tercera que ahora existen tres escenarios para Rivas, aunque sólo una “carta” para hacer frente a su situación judicial. La primera opción es que ella, voluntariamente, no apele a la decisión de Lee y que finalmente acoja la solicitud de extradición y acepte viajar a Chile a enfrentar la justicia.

La segunda opción, y la única jurídicamente viable, es que apele, como señaló la abogada Navarro, y para lo cual tiene 28 días a partir del fallo. Si ese requerimiento es admitido, la causa podría ser vista en julio o agosto de este año y en esa instancia Rivas debería demostrar que, nuevamente, el juez Lee incurrió el errores de derecho importantes a la hora de resolver.

El tercer escenario, y en caso que se resuelva la apelación al fallo de este lunes, es que apele nuevamente a dicha resolución, aunque esta vez ante la Alta Corte de Australia (High Court). Sin embargo, desde la parte recurrente explican que esta tercera vía es poco probable, dado que el máximo tribunal australiano establece requisitos elevados para declarar este tipo de solicitudes admisibles, algo que en este caso no aplicaría.

Por lo mismo, quienes conocen del proceso explican que la única opción que le queda a la “Chani” es apelar al fallo de este lunes del juez Lee.

“Nos emociona”

Para el abogado chileno Francisco Ugás, quien representa en Chile a los familiares de las víctimas, “la resolución del juez Michael Lee, de la Corte Federal de Nueva Gales del Sur, constituye un paso decisivo en este proceso de extradición de Adriana Rivas González, que ya enfrenta su etapa postrimera”.

“Nos satisface, claro está, la decisión contundente del magistrado, para desestimar cada uno de los argumentos y las pretensiones de la defensa de Rivas. Nos emociona, por cierto, avizorar un horizonte que pondrá término definitivo a este asunto, que se ha extendido por más de 15 años, contados desde el 2011, cuando ese año advertimos en Chile la fuga de ella a Australia”, agregó.

Por último, el abogado afirma que “deseamos que a la brevedad ella esté a disposición de la justicia de Chile, por lo que lo ideal, para nosotros, es que ella consienta en dar curso a la extradición. Que ella y su defensa no dilaten más la ocurrencia de un destino ineludible, cual es, que una criminal de lesa humanidad enfrente la justicia nacional”.