“Lo que planteaba el Ministerio Público carecía de sustento serio”. Con esta frase se refirió el abogado de Alberto Larraín, Cristian Arias, al duro revés judicial que sufrió el Ministerio Público este martes en el denominado caso ProCultura, luego de que el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago rechazara la solicitud de prisión preventiva contra cinco imputados.

El juez Patricio Álvarez decretó únicamente medidas cautelares menos gravosas, como el arraigo nacional y la firma quincenal, resolución que fue calificada por las defensas como "contundente y sólidamente fundada", al estimar que el ente persecutor no logró acreditar la existencia de delitos ni un concierto para defraudar al Fisco.

Tras la audiencia, el abogado Arias sostuvo que el fallo “destaca principalmente que el juez no observó ningún indicio de algún tipo de concierto para defraudar al Fisco”.

Según el defensor, los antecedentes expuestos -incluidos los aportados por la propia Fiscalía- no permitieron configurar delitos, sino a lo más eventuales irregularidades administrativas.

Ausencia de ánimo defraudatorio

Uno de los puntos centrales valorados por Arias fue que el juez dio por establecido que los proyectos ejecutados por la fundación ProCultura eran reales, descartando que se tratara de iniciativas ficticias creadas para desviar fondos públicos.

“Claramente los proyectos que hace y en ese momento hacía Procultura son proyectos reales, que no pudieron seguir desarrollándose, pero todos los antecedentes mostraron que no eran proyectos de pantalla, eran completamente reales dentro de procedimientos que podrían ser discutibles en cuanto a sus procedimientos administrativos” acotó.

Al respecto, el profesional letrado enfatizó que, si bien algunos procedimientos administrativos pueden ser discutibles, no se detectó ninguna conducta de carácter penal, ni enriquecimiento indebido de los imputados.

“No se observó ningún indicio de un grupo de personas tratando de defraudar al Fisco. No se observó ningún delito en el sentido como lo plantea el Ministerio Público, sino solamente una fundación que pudo tener unos problemas de funcionamiento administrativo, pero nada que tenga que ver con intentar apropiarse de dinero del Fisco, ni nadie que se haya enriquecido de una manera extraña o anómala”, dijo.

En esa misma línea, el tribunal también resolvió que Alberto Larraín no es funcionario público, cuestión debatida durante la audiencia. No obstante, para la defensa este punto resultó secundario frente a lo principal, que era la inexistencia de indicios de fraude al Fisco o de un acuerdo delictivo entre los imputados.

Reacción de Larraín

Al salir de la audiencia, Alberto Larraín se limitó a realizar breves declaraciones, evitando profundizar en el fondo del fallo.

“Creo que la prensa ya ha hecho suficiente daño en todos los casos”, señaló, pidiendo respeto por su familia. Consultado por sus próximos pasos, fue enfático: “Voy a ver a mi hijo”.

Otras defensas respaldan la resolución

La abogada Javiera Corvalán, defensora de Evelyn Magdaleno, calificó el resultado como “muy positivo” y sostuvo que refleja los antecedentes expuestos durante extensas jornadas de formalización.

A su juicio, se aclaró que las imputaciones de la Fiscalía “no tenían sustento”, y que su representada actuó dentro del marco de sus competencias como jefa de división del Gobierno Regional Metropolitano.

La defensora advirtió, eso sí, que la decisión aún no está firme, ya que el Ministerio Público podría recurrir ante la Corte de Apelaciones. En ese escenario, adelantó que la defensa mantendrá los mismos argumentos, confiando en que se ratifique el criterio del tribunal.

“La intervención, por lo menos de mi defensa, fue tratar de explicar el panorama tanto jurídico como también el origen de este proyecto que es cuestionado por la Fiscalía. Y efectivamente entendemos que no hay comisión de ningún delito ni tampoco indicio de delito, en caso alguno”, remarcó.

Por su parte, Alejandro Alegría, abogado de María Constanza Gómez, coincidió en que se trató de una resolución categórica, al no tenerse por acreditado el delito ni la participación de los imputados, ni tampoco la necesidad de cautela extrema.

Destacó que el tribunal solo decretó arraigo nacional, y afirmó que la defensa seguirá colaborando para esclarecer cualquier duda que mantenga la Fiscalía durante los 90 días fijados para la investigación.

Cuestionamientos a la investigación

Durante la audiencia, varias defensas cuestionaron la calidad de la investigación del Ministerio Público, apuntando a errores en la atribución de audios y confusiones temporales en los antecedentes presentados.

Estos elementos fueron considerados por el tribunal al momento de evaluar la solidez de la imputación y la existencia de riesgos procesales.

Pese al revés, la Fiscalía -representada por el fiscal Cristián Aguilar- insistió en que existió un acuerdo concertado para adjudicar fondos del Gobierno Regional Metropolitano a ProCultura por más de $1.600 millones, tesis que el juez estimó no suficientemente acreditada en esta etapa del proceso.

Con esta resolución, el caso ProCultura entra en una nueva fase, marcada por el avance de la investigación sin privación de libertad para los imputados y con un debate jurídico que, previsiblemente, continuará en instancias superiores si el Ministerio Público decide recurrir del fallo.