En reuniones en el edificio Bicentenario en Santiago, audiencias regionales y sesiones telemáticas. Así fue como los ocho integrantes de la Comisión para la Paz y el Entendimiento intentaron durante un año y 10 meses dar un marco de solución a uno de los conflictos más arraigados del país: la disputa territorial en la Macrozona Sur.

Más de 500 horas de trabajo, decenas de reuniones con comunidades, víctimas de violencia, agricultores, académicos y autoridades, terminaron dando forma a un documento definido por la mayoría de los comisionados como “histórico”.

Pese a que no logró unanimidad, pues solo fue aprobado por siete de sus ocho integrantes, la Comisión logró elaborar un informe final con propuestas concretas para abordar el conflicto territorial en la Macrozona Sur y que será entregado el próximo martes al Presidente Gabriel Boric en La Moneda.

La senadora por La Araucanía Carmen Gloria Aravena, quien debió renunciar al Partido Republicano para firmar el documento, destacó el carácter técnico y realista de las propuestas. “Teníamos cinco puntos que atacar, que resolver y de alguna manera lo logramos”, dijo.

Según quienes conocen el texto -que aún no es público- uno de los temas en los que se pudo avanzar de manera sustantiva fue aquel que se refiere a la reparación integral a las víctimas de violencia en la zona.

La comisión propondrá un proyecto de ley de reparación similar a la promulgada en España para víctimas de terrorismo, que incluye reconocimiento, homenaje, indemnizaciones y asistencia en salud. “Este capítulo menciona expresamente la palabra terrorismo”, subrayó Aravena, pese a las críticas del Partido Republicano, que consideró insuficiente esa referencia.

La senadora justificó además que el documento no hiciera mención al crimen organizado: “Fuimos cautos porque no hay claridad de que eso tenga que ver con los mapuches, no hay cómo comprobarlo. Decidimos no hacer juicios para no entrar en opiniones de odio”.

Otro punto en los que los comisionados destacan avances en el informe es el que se refiere a ahondar en el catastro de tierras, elaborado con apoyo del Ministerio de Bienes Nacionales y del Servicio de Impuestos Internos. Así, se logró determinar que la deuda estatal en esta materia supera los 4 mil millones de dólares, y podría duplicarse en 30 años si no se reforma la actual Ley Indígena.

Cifras que según comentan conocedores de la instancia, fueron difíciles de obtener debido a que la Corporación Nacional Indígena (Conadi), que maneja la data de los pueblos originarios, es un organismo antiguo que no cuenta con información digital. Por lo mismo, se propuso digitalizar los documentos para crear un catastro nacional de tierras indígenas -inspirado en modelos como Canadá o Australia- y acotar la deuda a un plazo de 15 años mediante entrega de tierras o compensación económica para maquinaria agrícola.

Y aunque una de los mayores cuestionamientos que ha recibido el acuerdo de la comisión apunta a que se establecen distintos tipos de chilenos, quienes conocen el texto sostienen que el informe no plantea plurinacionalidad ni autonomía, pero sí reconoce a Chile como un país con pueblos indígenas.

Por lo mismo, el texto propone fortalecer la participación y dar mayor autonomía a las comunidades, permitiéndoles, por ejemplo, gestionar sus propios cementerios y elegir a sus representantes.

Un punto que va de la mano con la propuesta para crear un instituto para el fortalecimiento de la lengua indígena, para así adoptar medidas transversales y acciones orientadas al reconocimiento, revitalización y difusión de la lengua, cultura y cosmovisión.

Esta última propuesta incluso fue aprobada por el comisionado y presidente de la Asociación de Agricultores Victoria Malleco A.G., Sebastián Naveillán, el único disidente de la instancia.

“Voté a favor del instituto porque hay un mundo indígena, y creo que es importante que se preserve la cultura de los pueblos originarios. Eso no lo puedo desmerecer. Hay una lengua que ellos hablan. Yo no conozco mucho del mundo indígena, pero creo que es clave que su cultura y su forma de vida puedan sostenerse en el tiempo”, explicó.

Acuerdo histórico

Aunque son varios los actores que han manifestado su escepticismo con el avance de las propuestas de la comisión, el subsecretario del Interior, Víctor Ramos, otrora secretario ejecutivo de la comisión, destacó que “uno de los problemas que más ha sufrido la ciudadanía en la región de La Araucanía y en el Biobío, es que cuando cambian los colores políticos de quien gobierna desde La Moneda, cambian los criterios con los cuales se implementan las medidas en la zona”.

“Necesitábamos una ruta que pudiéramos transitarla todos, independiente del color político que llegara al Ejecutivo, porque eso iba a dar mayor certeza y tranquilidad a las partes de la zona”, remató.

El copresidente de la comisión, Alfredo Moreno, en tanto, salió al paso de los cuestionamientos al trabajo de la instancia que se han levantado, particularmente de republicanos. El exministro de Sebastián Piñera señaló que “este trabajo muestra que sí se puede, cuando se trabaja detalladamente, encontrar acuerdos con personas diferentes cuando se trabaja en común”, sostuvo en La Segunda.