“Llegó la PDI, te vienen a detener”. En los días previos a la aprehensión del exsubsecretario Manuel Monsalve, la que se concretó el 14 de noviembre de 2024, los abogados que por ese entonces lo defendían -María Inés Horvitz, Lino Disi y Cristián Arias- se reunieron con los fiscales de la zona Centro Norte para conocer cuál era la situación que estaba enfrentando la exautoridad, imputado por los delitos de violación y abuso sexual. En esa reunión, comentan quienes conocieron del encuentro, los persecutores aseguraron que, por el momento, no habría detención.

Pero, días después, los persecutores decidieron hacerlo. Ese día, Monsalve se encontraba en su departamento en Viña del Mar con uno de sus abogados, quien fue el que le avisó que la policía civil estaba en la entrada, esperándolo. El episodio tomó por sorpresa a la autoridad, quien minutos antes había recibido un mensaje de WhatsApp de una periodista quien le comentó que la policía se dirigía a su domicilio. “¿Soy capaz de aguantar la cárcel?”, fue una de las preguntas que lanzó el médico según quienes fueron testigos de ese momento.

Quien fuera una de las figuras mejor evaluadas del gobierno del expresidente Gabriel Boric se encuentra acusado por dos delitos sexuales ocurridos entre el 22 y 23 de septiembre de 2024 cometidos, presuntamente, contra una subalterna de la Subsecretaría del Interior.

En los últimos hitos procesales del caso, la Fiscalía presentó de nuevo la acusación en su contra pidiendo 14 años de cárcel para Monsalve y el 7° Juzgado de Garantía fijó para el 5 de octubre la audiencia de preparación de juicio oral. En esa instancia los intervinientes desplegarán las pruebas que se presentarán a lo largo del juicio.

Desde su detención ese 14 de noviembre, el exmilitante del Partido Socialista ha estado siempre bajo una medida cautelar. Primero estuvo en prisión preventiva durante seis meses, entre la cárcel de Rancagua y Capitán Yáber, y luego con arresto domiciliario total.

Corte de pelo y ver el matinal

Al interior de la cárcel de Rancagua, el primer penal al que Monsalve fue enviado durante la madrugada del 20 de noviembre, compartió celda con un excarabinero y un empresario condenado por atropello con resultado de muerte. Fue con este último reo con quien generó lazos durante los cuatro días en que permaneció allí.

En medio de las rutinarias caminatas en el patio de ese módulo, como en una suerte de confesionario, los reos se acercaban a él para relatarle por qué estaban allí y preguntar qué le había pasado.

En esos mismos paseos Monsalve se percató que había un teléfono dispuesto para que los reos llamaran a sus familias y que funcionaba con monedas.

Fue justamente su compañero de celda quien le facilitó una bolsa de monedas para que pudiera llamar. Lo mismo ocurrió cuando la exautoridad preguntó si podía cortarse el pelo. Sí se podía. De hecho, contaban con otro reo que oficiaba de peluquero y cobraba $3 mil.

Dicho sujeto llegó hasta un punto del recinto penal dispuesto para estos efectos con un maletín de peluquería y los brazos descubiertos enseñando sus tatuajes. Sin embargo, esos mismos utensilios, entre los que se encontraban tijeras y navajas, generaron preocupación de los gendarmes que se apersonaron a observar el corte de pelo para evitar un eventual ataque a la exautoridad.

La misma preocupación de los funcionarios se producía cuando Monsalve iba a hablar por teléfono, lugar donde se formaba una fila y, en ocasiones, ocurrían riñas. Desde su entorno destacan que Monsalve buscó que no se le diera un trato especial por parte de los gendarmes para no generar molestias entre los otros internos del módulo 86.

Su estadía por ese recinto penal terminó abruptamente luego de que recibiera una supuesta amenaza de una interna. Iba caminando por un pasillo, al regreso de visitar a la psicóloga de la prisión, que Antonella Marchant, vinculada al clan Los Marchant, le gritó a Monsalve lo que los gendarmes identificaron como una amenaza de muerte.

“Lo acaban de amenazar de muerte”, le dijeron los gendarmes esa tarde, por lo que se activó un operativo para cambiarlo de cárcel. El cambio fue resistido por el exsubsecretario, dicen desde su entorno, debido a que estaba comenzando a adaptarse.

Fue también durante la madrugada que llegó a Capitán Yáber, donde por esos días se encontraban Ariel y Daniel Sauer, Rodrigo Topelberg y Luis Hermosilla, imputados por el caso Audio. Fue con este último con quien generó mayor vínculo, compartiendo conversaciones, almuerzos, rutinas de limpieza de los espacios comunes y con quien se instalaba a ver los matinales por la mañana.

A su salida de la cárcel, concedida por la Corte Suprema el 19 de mayo de 2025 a raíz de un recurso de amparo presentado por defensor penal público Víctor Providel, pasó a estar con arresto domiciliario total. En esos días, en su departamento de Viña del Mar, recibió visitas de algunos exfuncionarios de Interior, familiares y amigos.

Por 12 días Monsalve alcanzó a estar con arresto domiciliario nocturno, el que había sido concedido por el 7° Juzgado de Garantía. La Corte de Apelaciones de Santiago, en un fallo 2 a 1, revocó el cambio de medida cautelar y lo devolvió a arresto domiciliario total, en una decisión que es criticada por la defensa del exdiputado.

Los cuestionamientos giran en torno a la supuesta falta de fundamentación de quienes estuvieron a favor de revocar. A su vez, destacan el voto disidente del juez Guillermo Rodríguez, quien sostuvo que “durante todo el tiempo en que ha estado sujeto al arresto domiciliario total no ha existido reporte alguno de incumplimiento de esa medida, ni tampoco del arraigo nacional ni de la prohibición de comunicarse con la víctima y su familia”.

En ese periodo de 12 días en que podía salir de su casa durante el día, dicen conocedores de su causa, salió a caminar por las empinadas calles que circundan su departamento en la Ciudad Jardín.

Por estos días Monsalve y Providel se encuentran afinando detalles de las pruebas que presentarán en la audiencia del 5 de octubre. Quienes conocen de esa defensa comentan que han preparado varios peritajes propios con los que pretenden demostrar la inocencia de la exautoridad. De acuerdo a los plazos que manejan los intervinientes, el juicio podría partir recién en marzo de 2027.