En 2021, un año antes de que comenzara a regir la Ley 21.334 sobre determinación del orden de los apellidos por acuerdo de los padres, Sebastián Sichel, entonces candidato presidencial y hoy alcalde de Ñuñoa, ya había tomado una decisión que hoy se ha vuelto cada vez más común: cambiar el orden de sus apellidos.

Su historia fue conocida durante la campaña, cuando explicó que al nacer fue inscrito como Sebastián Iglesias Sichel, tomando el apellido de su padrastro. Años más tarde, tras reencontrarse con su padre biológico, decidió recuperar el apellido Sichel. “Me costó harto llamarme Sebastián Sichel. Me lo gané a los 30 años cuando conocí a mi padre”, dijo en una entrevista en 2021. “Me cambié ese apellido porque me daba vergüenza llamarme Iglesias por los problemas que tuve con alguien que golpeaba a mi madre”.

Ese relato antecedió a lo que hoy es una tendencia creciente. Desde la entrada en vigencia de la Ley 21.334, el 11 de enero de 2022, más de 64 mil personas mayores de 18 años han decidido invertir el orden de sus apellidos, según datos del Servicio de Registro Civil e Identificación.

Solo durante el primer año de aplicación, 26.046 adultos realizaron el cambio. En 2023 fueron 13.468, en 2024 15.602, y en lo que va de 2025 ya se contabilizan 9.109 solicitudes. En total, 64.225 mayores de edad han gestionado el trámite que, aunque administrativo y sencillo, para muchos tiene un fuerte componente simbólico.

El proceso no tiene costo en el Registro Civil, pero sí requiere pagar la publicación en el Diario Oficial, que asciende a $ 5.100 para adultos sin hijos y $ 7.600 para quienes los tienen. A ello se suma la reposición de documentos de identidad, como cédula o pasaporte.

Promulgada en abril de 2021, la Ley 21.334 vino a modificar una práctica histórica: que el apellido paterno antecediera obligatoriamente al materno. Desde su implementación, los padres pueden decidir el orden al momento de inscribir a su primer hijo o hija -manteniendo la elección para los siguientes-, y las personas mayores de edad pueden solicitar la rectificación de su partida de nacimiento para cambiar el orden de sus apellidos. El derecho se puede ejercer solo una vez.

Aunque la mayoría de los cambios han sido individuales, el fenómeno ha despertado un interés social por lo que representa. Para la doctora Paz Concha, académica del Doctorado en Estudios Sociales Avanzados de la Universidad Central, “el aumento de personas adultas que deciden cambiar el orden de sus apellidos refleja una transformación mucho más profunda en las formas de familia que existen hoy”.

Según explica a La Tercera, este tipo de decisiones “pueden ser una forma de visibilizar historias familiares que antes no se tomaban en consideración” y de “honrar a la madre o al linaje materno”, especialmente cuando esa figura ha tenido un rol central en la vida de quien solicita el cambio. “También puede implicar marcar distancia con un pasado doloroso, como el abandono o la ausencia del padre”, añade. “En esos casos, modificar el orden de los apellidos es una manera de tomar control sobre la propia historia y construir un sentido de pertenencia coherente con la vida afectiva actual”.

Una visión similar sostiene la académica de la Escuela de Sociología de la Universidad Diego Portales, Ángela Boitano, quien considera que este fenómeno entre adultos “da cuenta de un cambio en la idea de legitimidad y filiación”. “Hasta hace poco, un niño era considerado legítimo solo si su padre lo reconocía. El apellido materno no tenía poder simbólico. Que hoy se pueda poner primero, es parte de los cambios que han debilitado ese orden patriarcal”, señala.

Omar Morales, director nacional del Servicio de Registro Civil e Identificación, comenta que la implementación de la ley ha significado un cambio profundo en cómo se entiende el derecho a la identidad en Chile.

“Gracias a esta norma, las personas mayores de edad pueden, de manera sencilla y sin costos judiciales, decidir el orden de sus apellidos, lo que representa un paso concreto hacia la libertad de elección en temas que antes estaban definidos rígidamente por la ley (...)”.

Boitano interpreta el cambio como un acto de verdad y justicia. “Verdad, porque revela una forma de familia en la que la madre ha estado presente en todos los aspectos, aunque sin reconocimiento legal. Y justicia, porque muchos hijos e hijas adultos buscan reconocer el esfuerzo de quien los crió o relegar a quien estuvo ausente”, sostiene. “Cambiar el orden de los apellidos supone restablecer un orden afectivo y simbólico: llevar la marca de quien estuvo y lo merece”.

Aunque el volumen de trámites ha disminuido respecto del primer año de la ley, los expertos coinciden en que el fenómeno llegó para quedarse. Para Concha, el cambio responde a una búsqueda de coherencia entre historia personal y pertenencia afectiva. “El apellido materno en primer lugar puede representar amor, cuidado y presencia; es una reparación íntima y, al mismo tiempo, un gesto político”, señala.

Boitano, por su parte, advierte que el debate también se trasladará a las nuevas generaciones. “Más allá de los adultos que hoy cambian su apellido, lo relevante será cómo las familias futuras deciden el orden de los apellidos de sus hijos. Esa conversación pondrá en juego afectos, tradiciones y estatus simbólicos”.