Fue durante este jueves que el ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, por primera vez cifró la cantidad de dinero que debe esa cartera al sector de construcción: un estimado de US$ 130 millones.

Anteriormente se hablaba de una mora de US$ 1.000 millones, pero el propio secretario de Estado, y a su vez el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, habían desestimado el monto. “Todos los datos nuestros indican que esto es 1/9, 1/10 de esa cifra. Es otra cantidad, muy distinta”, había dicho el martes el ministro de Hacienda, Nicolás Grau.

Y este jueves el titular de Vivienda reafirmó que la deuda más se acerca a una décima parte de ese total. Fuentes cercanas al proceso sostienen que la cifra es dinámica y podría cambiar, pero es lo que hoy se conoce en el Minvu.

Montes reconoció que “efectivamente existe una deuda”, que el plazo para pagar ya pasó, pero que ese proceso ahora se está recuperando.

“Eso es como US$ 130 millones, efectivamente. Es más o menos de ese orden. Pero ¿qué es lo que hacen? Le suman a estas cifras otras cosas que no tienen mucho que ver", dijo Montes en Tele13 Radio en referencia a quienes lo cifran en 1.000 millones de la divisa norteamericana.

Como sea, la situación ha sido abordada desde las mismas constructoras, donde sostienen que las deudas han tenido costos para las empresas. La Cámara Chilena de la Construcción habló de “serias consecuencias” para las operaciones.

Además, los dichos de Montes durante este jueves no lograron apaciguar la tensión latente en su cartera, la que ha estado sumida en críticas que lo tienen al borde de una interpelación en el Congreso Nacional y con la oposición pidiendo su renuncia. Todo esto, marcado por otras crisis relacionadas en el sector, como por ejemplo los desalojos pendientes en terrenos tomados, las fallidas negociaciones por la megatoma de San Antonio, o el inicio del caso Convenios que se produjo a partir de una seremi dependiente de esa cartera.

En tal sentido, el presidente de la Comisión de Vivienda, Desarrollo Urbano y Bienes Nacionales, Juan Manuel Fuenzalida (UDI), sostuvo que “las cifras que dice el ministro, la verdad, es que no calzan. Esta situación es gravísima. Aquí se vulneraron los sistemas de control a pesar de haber sido un secreto a voces desde abril y mayo de este año, y donde no se adoptó ningún tipo de precauciones”.

El parlamentario recalcó que están pensando en una arremetida opositora que involucre citar a la directora de Presupuestos, Javiera Martínez; al presidente del Banco Estado, Daniel Hojman, además de otras autoridades del Serviu, como el director metropolitano, Roberto Acosta.

Montes también abordó las críticas que ha hecho en torno a este tema la candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei, y afirmó que le gustaría reunirse con ella para explicarle la situación.

“Esto está muy politizado por la coyuntura electoral. O sea, la coyuntura electoral tiende a ponerle una característica y un peso a la información, que es parcialmente verdad”, dijo.

Con todo, la autoridad reconoció la denuncia de algunas empresas respecto a que se les pide que no entreguen la factura para tener más tiempo para pagar y que efectivamente ahí hay un problema de abuso administrativo.

“Eso yo creo que existe y tenemos que ir reduciendo, y no solo existe en Vivienda, existe en general, en el Estado”, sostuvo.

Montes explicó que todo esto se produjo porque durante un tiempo hubo un presupuesto en expansión y ello ocurrió particularmente en Vivienda, pero que luego se restringió.

“Eso hace que cueste mucho más operar con menos recursos que con más recursos y no había como el hábito de operar. Entonces eso genera desfase” en el pago, afirmó.

El secretario de Estado salió al paso también de las aprensiones de Matthei respecto a que la deuda y que los trabajos de construcción comprometidos pasarán al próximo gobierno. “La verdad es que siempre hay un traslado de un año al otro. Yo le puedo decir: una parte del presupuesto nuestro en estos cuatro años ha sido de algunas obras que inició incluso Bachelet”, señaló.

Montes también le respondió a la Asociación de Desarrolladores de Vivienda Social (ADVS), que reúne a 46 empresas, principalmente constructoras de viviendas nuevas, que estimó que el déficit presupuestario del Serviu Metropolitano para este año alcanzará $ 312 mil millones. “Lo que quiero decirle es que él (Carlos Marambio, titular de ese gremio) suma muchas cosas que no corresponden. Suma deuda vencida, suma el confirming, suma los préstamos que se decidió no entregarlos (...) Suma muchas cosas y llega a esa cifra. Pero si lo queremos plantear en términos de deuda propiamente vencida, es distinta la cifra”, aclaró.