Esta jornada se dio a conocer que el gobierno expropiará 100 hectáreas de la megatoma de San Antonio, justo a dos días que se cumpla plazo de desalojo establecido por la Corte de Apelaciones de Valparaíso.

El proyecto contempla el uso de las facultades legales del Minvu para expropiar y adquirir casi la mitad de las 215 hectáreas del predio ocupado, para dar solución habitacional a las familias que residen en el campamento y evitar el desalojo.

Para detallar la solución habitacional, el gobierno brindó una vocería desde La Moneda, en la que participaron los ministros Carlos Montes (Vivienda), Camila Vallejo (Segegob) y Álvaro Elizalde (Interior).

“Quiero comunicarles que el gobierno ha tomado una decisión frente a una situación muy compleja, generando una solución concreta y viable a través de la herramienta que entrega la Constitución. La toma de San Antonio no es una toma cualquiera, se inició hace seis años en el gobierno anterior y en muy poco tiempo llegó a cubrir 215 hectáreas con 10 mil personas”, comenzó señalando el titular del Minvu.

“Hemos conversado con los dueños del terreno y con los pobladores. Se levantó una comisión técnica con técnicos de los dueños y técnicos del ministerio y se ayudó a la familia a organizarse en cooperativas para que ellas mismas compraron los terrenos. 40 cooperativas en las cuales están incorporadas 8.700 familias”, continuó el ministro.

“Lamentablemente esas conversaciones no han generado un acuerdo con los dueños debido al precio a nuestro juicio exorbitante del metro cuadrado que exigieron en la negociación”, sostuvo.

“Llegado a este punto hemos tomado la decisión de impulsar un proyecto habitacional que nos solicitaron las cooperativas”, afirmó.

Dicho eso, Montes explicó que “este proyecto habitacional ocupará menos de la mitad de la actual megatoma. El Estado adquirirá el terreno y los pobladores colaborarán en el financiamiento de la urbanización, manteniendo el principio de corresponsabilidad”.

En ese sentido, el titular de Vivienda sostuvo: “Usaremos todas las herramientas que nos da el Estado de Derecho para materializar esta solución. Esto incluye la expropiación de 100 de las 215 hectáreas. La expropiación es una herramienta que ha ocupado este gobierno, el anterior y todos los gobiernos”.

“Hay un marco legal específico para la expropiación. Permanentemente el Ministerio de la Vivienda lo hace. Avanzaremos en esta dirección siendo respetuosos de lo que determinan los tribunales, partiendo el desalojo por los terrenos que no serán adquiridos por el Estado para el proyecto habitacional”, argumentó.

“Así cumpliremos con lo que diga la Corte, sin fallar a nuestro deber de evitar una crisis humanitaria, que es el punto fundamental”, culminó el ministro.

258 expropiaciones desde 2018

Por su parte, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, informó que son 258 las veces que se ha utilizado la expropiación como herramienta entre los años 2018 y 2025, 135 ocasiones en la administración pasada y 123 en la actual gestión.

“Desde un principio el gobierno fue explícito respecto de la voluntad de adquirir este terreno para desarrollar un plan habitacional y se estableció una mesa de diálogo y negociación con los pobladores y los dueños con el objeto de arribar a un acuerdo. No obstante, como el precio solicitado estaba por sobre el precio de mercado, se ha tomado la decisión de utilizar esta herramienta que confiere nuestro ordenamiento jurídico”, explicó el secretario de Estado.

La ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo, hizo hincapié en las razones que llevaron al Ejecutivo a tomar esta decisión. En primer lugar, resaltó el carácter “excepcional” de esta megatoma, la rapidez con que ésta fue poblada desde su creación en 2018 y en sus dimensiones: más de 10 mil personas y más de 4 mil niños habitan en ella.

Luego relató que pese a que se generaron mesas de diálogo tanto con los pobladores agrupados en cooperativas como con los duelos del terreno, “llegó a un punto donde la adquisición de terrenos mediante compra pactada con los dueños no llegó a un acuerdo debido a que los precios que se pusieron sobre la mesa estaban muy por sobre el valor comercial que las propias tasaciones arrojaron”.

“Y esto ha derivado en que teniendo en cuenta la magnitud del problema ante un eventual desalojo, tuviéramos que necesariamente acompañar el plan de desalojo con una solución integral a través del proyecto habitacional”, explicó.

Luego detalló que la expropiación será pagada según lo que establezcan los peritos y el valor comercial del terreno. Además precisó que se erigirá un proyecto habitacional sobre la mitad del terreno -100 de las 215 hectáreas- “con financiamiento corresponsable de las cooperativas” y aunque evitó dar detalles del plan de desalojo que será entregado en dos días más al tribunal correspondiente, indicó que éste considera despejar las 115 hectáreas que no serán expropiadas.

Respecto del destino de las familias que habitan las 115 hectáreas que no serán expropiadas, la secretaria de Estado reiteró que hay un principio de corresponsabilidad para el proyecto habitacional, que implica a las cooperativas. Estas agrupaciones, dijo, corresponden al 90% de las familias que habitan la toma. “Evidentemente hay algunas familias que no están organizadas en cooperativas, pero obviamente si queremos avanzar en soluciones tienen que ser colectivas“, aseveró.