El fallecimiento del exintegrante del Movimiento Lautaro Juan Aliste Vega, condenado a 42 años de prisión por delitos como el asesinato del cabo de Carabineros Luis Moyano, sorprendió tanto al oficialismo como a la oposición. Y es que en medio del padecimiento de un severo cáncer de páncreas el exlautarista había solicitado, a sus 53 años, un indulto al Presidente José Antonio Kast.

Su solicitud había incluso encontrado apoyo en integrantes del oficialista Partido Republicano, quienes vieron una oportunidad de apoyar el uso de la facultad presidencial en este caso para luego requerir otros indultos a exuniformados condenados por casos de violencia policial en el estallido social o a presos de Punta Peuco, situación que fue cuestionada desde la oposición, la que acusó de estar planteándolo como una “moneda de cambio”.

El partido del Presidente Kast buscaba dar una señal de transversalidad, pero este apoyo los dividió al punto que la diputada Macarena Santelices renunció a la colectividad.

Ayer, tras la muerte de Juan Aliste Vega -quien parmanecía desde el 19 de agosto en el Hospital Penitenciario de Santiago- se reabrió el debate. Y una vez más, dividió al oficialismo. En el sector, hay varios partidos, especialmente de Chile Vamos, que no han fijado postura oficial respecto de eventuales indultos.

Pese a ello, la condonación de penas por motivos humanitarios ha sido un flanco para el Presidente Kast, dado que desde diversos sectores de la derecha han presionado para que el Mandatario ejerza su facultad.

Una vez conocida la noticia, diputados del Partido Republicano volvieron a referirse al tema, lo que reabrió el debate. Cristián Araya dijo que “toda persona privada de libertad que enfrente una enfermedad terminal y no represente un riesgo para la sociedad debería tener la posibilidad de pasar sus últimos días en su hogar, acompañada de sus seres queridos, por grave que haya sido el delito cometido. Un gesto de humanidad como este no debería generar controversia. No implica desconocer la justicia, relativizar los delitos ni restar gravedad al daño causado. El gobierno debe actuar con mayor celeridad en el análisis y resolución de las solicitudes de indulto humanitario”.

Su par José Carlos Meza enfatizó que “lo hemos dicho desde siempre, los republicanos somos respetuosos de la dignidad de las personas desde su concepción hasta su muerte natural y es por eso que hemos abogado siempre por la necesidad de aplicar indultos humanitarios para personas que tienen enfermedades terminales y que no constituyen un peligro para la sociedad”.

Mientras que el también diputado republicano Agustín Romero enfatizó que “las razones humanitarias son completamente atendibles y pueden justificar un indulto cuando una persona enfrenta una enfermedad terminal. Eso no borra sus crímenes ni el dolor de la familia del cabo Luis Moyano. Este fallecimiento debiera abrir una reflexión sobre cómo abordamos estos casos”.

Desde la directiva del Partido Republicano, en tanto, el secretario general, Vicente Bruna, dijo que “desde el Partido Republicano reafirmamos nuestra convicción de que una persona privada de libertad con enfermedad terminal, demencia o similar, debe terminar de cumplir condena en su hogar. Por lo mismo, consideramos fundamental un indulto humanitario transversal, materia en la que seguiremos colaborando con el gobierno para que esta pueda ser llevada a cabo.

Los otros partidos

Los indultos presidenciales han sido un tema que ha dividido desde siempre a las coaliciones gobernantes. En su momento, Sebastián Piñera fue criticado por condonar penas a condenados por violaciones a los derechos humanos, mientras que a Gabriel Boric se le fustigó por indultar a condenados por delitos del estallido social, que una vez liberados de sus penas fueron sorprendidos delinquiendo nuevamente.

Las presiones al Presidente Kast se comenzaron a acentuar en septiembre, cuando en el oficialismo se planteó la interrogante de si acaso los indultos iban a venir antes o después de la discusión de la Ley de Presupuesto 2027.

De todas maneras, el tema también fue abordado desde Chile Vamos. El senador Javier Macaya (UDI) dijo que “a mí me da la impresión de que en esta materia tenemos que tomar algún camino, porque no se ha seguido ninguno, ni el de los indultos generales, ni el camino de los indultos particulares. Por tanto, la inacción en esta materia es lo menos compasivo y humanitario que hay. Espero que en un gobierno, pero también en las personas que profesas valores cristianos y humanos, donde la compasión es un valor muy importante, se tenga en consideración, más allá de si se hace por la vía de una ley general o caso a caso”.

En Mesa Central, de Canal 13, la presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN), enfatizó que “cuando hay vacíos y no se toma una decisión se empiezan a llenar estos vacíos y por eso algunos parlamentarios de republicanos estuvieron de acuerdo con este indulto mirando que el Presidente Kast pudiera indultar a quienes están con enfermedades terminales en Punta Peuco. A mí no me corresponde decirle al Presidente si tiene o no que indultar. Hoy día hay un interés de lado y lado y hay que decidir si se va a avanzar o no con este objetivo, humanitario, por ejemplo en una acción universal de clemencia, y por ende no se avanzará. Pero si tú no dices tu decisión, sigues generando expectativas de lado y lado. Hay que zanjar esto”.

Mientras que el presidente de Evópoli, el senador Luciano Cruz-Coke, recalcó que “sostengo mi postura de que el indulto por ningún motivo ni bajo ninguna circunstancia es una decisión que debe recaer en el Ejecutivo de turno. Cualquier conmutación de la pena debe estar regulada en una ley que establezca con claridad los casos específicos en que deba aplicarse y debe ser exclusivamente por razones estrictamente humanitarias de carácter general. Hoy el indulto es una institución incompatible con la democracia liberal moderna, un resabio autocrático de tiempos pretéritos y que, a mi juicio, interfiere gravemente en la separación de poderes del Estado”.

En eso además la postura de La Moneda ha sido que no descarta en conceder indultos, pero que cada caso en particular se debe analizar individualmente, pero también se han abierto diciendo que no corresponde que alguien muera en la cárcel.

Desde RN la vicepresidenta y diputada Ximena Ossandón dijo que “el tema de los indultos se debe revisar en su totalidad. Debería existir una comisión especial para otorgarlos y no ser facultad del presidente de turno. Considero que se deben dar indultos, independiente del crimen cometido, estando en etapa terminal. Chile debe dar pasos de humanidad. Aliste Vega debió morir acompañado de su familia”.

En la oposición, en tanto, han sido particularmente críticos a indultos por parte del gobierno de Kast, acusando que podría haber riesgos de impunidad.

el presidente del PC, Lautaro Carmona, recalcó que “lamento el hecho, la partida de una persona que estaba privada de libertad. Mucha consideración hacia su familia, pero lo que no está planteado es que nosotros homologuemos estos crímenes con crímenes de lesa humanidad. Sería un retroceso civilizatorio que el país comenzara a reconsiderar que los crímenes de lesa humanidad tienen una raya de cumplimiento, que es la edad, que es la enfermedad”.

Mientras que la timonel socialista, la senadora Paulina Vodanovic, dijo que “por supuesto lamento que una persona muera en esas condiciones estando preso, pero hay cero posibilidad de que aceptemos ningún indulto, de cualquier tipo. No entendemos, además, porqué el PS tendría que haber apoyado el indulto a Aliste Vega, me llama mucho la atención que nos carguen a Aliste Vega como si fuera de los nuestros, cuando fue el PS el que trabajó por desarticular al Movimiento Lautaro. Nosotros no defendemos a un delincuente involucrado en la muerte de un carabinero, más aún cuando se trata de un hecho cometido el año 2007″.