La Corte de Apelaciones de Temuco revocó la resolución del Juzgado de Garantía de la ciudad y ordenó el reingreso a prisión preventiva del desaforado Mauricio Ojeda, imputado como autor del delito reiterado de fraude al fisco en el denominado caso Manicure.

Ojeda había salido el miércoles de la cárcel de Temuco ante una resolución que fue apelada por el Ministerio Público y tras el pago de una caución. La Tercera Sala del tribunal de alzada consideró su libertad como peligro para la sociedad y los fines del procedimiento y legislador de oposición no completó dos días fuera del penal.

“En lo que respecta a la necesidad de cautela, esta Corte estima que, conforme a lo previsto en el artículo 144 del Código Procesal Penal, no han variado las circunstancias que motivaron la imposición de la prisión preventiva por resolución de fecha 2 de enero del año en curso, en la cual se consideró fundadamente que la libertad del imputado representa un peligro para la seguridad de la sociedad y los fines del procedimiento”, señaló el fallo.

En relación al peligro de fuga, la Corte de Temuco planteó que “la caución económica fijada por el tribunal a quo no es suficiente para neutralizar el riesgo de fuga, considerando que priman los argumentos esbozados respecto del peligro para la seguridad de la sociedad por sobre el peligro de fuga, considerando, como ya se dijo, la naturaleza de los ilícitos, la magnitud del daño causado y la pena probable a imponer, que corresponder a una de carácter efectivo”.

En abril pasado, la misma sala, revirtió otro fallo que le había otorgado el arresto domiciliario por la misma caución.

La medida cautelar de prisión fue dictada tras su formalización, el 3 de enero de 2025.

La indagatoria del Ministerio Público contra Ojeda apunta a una trama de presunta corrupción en los convenios por más de $700 millones alcanzados por el GORE de La Araucanía y las fundaciones Folab y Educc.

Según la Fiscalía de La Araucanía, el legislador tuvo una participación activa en la entrega de las platas, realizó gestiones con los funcionarios encargados de validar que Folab y Educc cumplieran con los requisitos para acceder a los dineros del GORE y gestionó entre amigos y en entidades bancarias recursos financieros que puso a disposición, mediante préstamos con interés, vía transferencia bancaria para dar solvencia y liquidez a las fundaciones.

La Fiscalía de Alta Complejidad de La Araucanía solicitó una pena de 19 años de cárcel en contra del diputado.