A seis días de que expire el plazo para que las negociaciones lleguen a algún tipo de acuerdo, y con ello retomar el desalojo de la megatoma de San Antonio, la mesa tripartita que busca una salida aún no logra humo blanco.

La situación mantiene en alerta a la Municipalidad de San Antonio, que participa en las conversaciones junto al Ministerio de Vivienda (Minvu) y los propietarios del terreno, representados por su abogado Diego Pereira-Fonfach.

“La aprensión nuestra es que el 27 de agosto vence el plazo para que la mesa instalada en el Minvu entregue luces de un posible acuerdo entre las partes para resolver la megatoma de San Antonio en el cerro Centinela y todavía no vemos que se haya concretado”, señala a La Tercera el alcalde Omar Vera.

Las palabras del edil cobran relevancia porque, hasta ahora, las negociaciones se han desarrollado bajo estricta reserva debido a un acuerdo de confidencialidad. Su declaración evidencia que, tras casi 90 días de diálogo, el ministerio encabezado por Carlos Montes no ha logrado persuadir a los principales dueños del terreno, Ricardo Posada y Esteban Solari, quienes concentran la mayor parte de la superficie ocupada.

En este escenario, las fechas se vuelven decisivas y todo apunta a que podría reactivarse el camino que el ministro buscó evitar: el desalojo de una toma donde viven cerca de 10.000 personas.

El propio alcalde reconoce la complejidad del panorama. “El municipio no tiene los recursos, ni económicos ni humanos, para resolver un tema de esta magnitud, y miramos con preocupación esta mesa tripartita”, advirtió.

En lo concreto, el 27 de agosto vence el plazo fijado por la Corte de Apelaciones de Valparaíso, tras la solicitud de los propietarios. Si no se logra un acuerdo, estos deberán informar a la corte mediante un téngase presente y solicitar el cúmplase de la sentencia. A partir de ese momento se debería conformar una nueva mesa de desalojo, esta vez integrada por el Ministerio de Seguridad, la Delegación Provincial y las municipalidades de San Antonio y Cartagena.

La preocupación no solo se ha levantado desde la comuna: el gobernador de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, advirtió que el plan del gobierno para la megatoma enfrenta serias dificultades, porque “los recursos que tienen las cooperativas no se condicen precisamente con la propuesta que hace el gobierno en materia de compra de terrenos versus la propuesta que tienen los propietarios del terreno”.

A pocos días de vencer el plazo, agregó que “lo que no puede pasar es que por una displicencia o por una falta de gestión este tiempo que se había dado de los seis meses finalmente concluya en una solución no satisfactoria para las partes”.

A esto se suma el malestar de los dirigentes de las cooperativas, quienes, a pocas semanas del plazo límite, no habían sido incorporados a la mesa tripartita. Esto, pese a que cumplían con la principal condición para participar: contar con una estructura organizativa formal, con representantes a cargo de cada uno de los polígonos que conforman la megatoma.

Consultado sobre la eventual incorporación de las cooperativas -una posibilidad que en un inicio parecía factible pero que con el tiempo se fue diluyendo-, el alcalde Vera confirmó que finalmente quedaron fuera de las negociaciones, que se han desarrollado a puertas cerradas.

“Eso ya no ocurrió. Se debía invitar a las cooperativas, pero la mesa está terminando su periodo de funcionamiento. Los actores que están presentes son quienes deberán generar un resultado positivo”, sostuvo el edil.

Esta situación reaviva la tensión entre el Minvu y las tomas de terrenos en la Región de Valparaíso, destacando el caso de la familia Correa en Quilpué, donde persiste una ocupación ilegal que aún no ha sido desalojada, a pesar de una orden judicial.