Dos son los considerandos clave para el gobierno en el decreto que modifica el estatus del penal Punta Peuco. El nueve, que indica que el ordenamiento del sistema penitenciario debe tener presente el derecho de igualdad ante la ley, y el que le sigue, que alude a que ya “no resulta plausible mantener un establecimiento penitenciario especial de las características” del recinto en cuestión.

Por lo mismo, el Presidente Gabriel Boric celebró que Contraloría tomara razón del acto administrativo, pues en la práctica implica la activación de una serie de tareas que deberá desarrollar Gendarmería para que el establecimiento deje de ser un lugar donde hasta ahora sólo cumplían condena exagentes del Estado condenados por violaciones a los derechos humanos en dictadura.

Tras la publicación del decreto en el Diario Oficial a partir de este martes podrán ingresar al recinto condenados por delitos comunes, cambiará el régimen de visitas, las facilidades que tenían para el ingresar encomiendas se terminarán y habrá distribución de las plazas.

De acuerdo con lo señalado por el Presidente, el establecimiento quedará “a disposición de las necesidades del país, en particular del desafío que enfrentamos en materia de seguridad”. El principio que rige la medida es avanzar en justicia, según especificó el Mandatario, aunque también optimizar recursos en medio de la sobreocupación de las cárceles del país.

Pero aunque hay voces que indican que esto podía ser sólo una medida simbólica, desde el gobierno recalcan que esto trae aparejado cambios concretos.

¿Qué implica la publicación de este decreto? El ministro de Justicia, Jaime Gajardo, lo explica así: “Lo principal es que ya no existirán penales especiales para que personas que fueron condenadas por graves violaciones a los derechos humanos cumplan sus condenas. Eso es lo más importante”.

“Nuestro país, en 2013, dio un paso fundamental en el gobierno del expresidente Sebastián Piñera, cuando cerró el penal Cordillera. Ese era uno de los penales especiales y hoy se da el cierre definitivo a este momento, ya que se termina este penal especial de Punta Peuco y se transforma en un establecimiento común”, agregó Gajardo.

Preguntas y respuestas prácticas

1. ¿Los actuales internos se quedan en el penal?

De acuerdo con el detalle que han entregado las autoridades, no está contemplado que las personas que actualmente cumplen en la que ahora será conocida como la cárcel de TilTil sean trasladadas a otros recintos penitenciarios.

2. ¿Seguirá siendo sólo para hombres?

Sí. El nuevo Centro de Cumplimiento Penitenciario Tiltil se mantiene como recinto sólo para hombres.

3. ¿Cuál es la capacidad actual y cuántos cupos se habilitarán?

La capacidad actual del recinto es para 133 personas, aunque se mantienen 141 personas recluidas. Se habilitarán 32 nuevas plazas en cuatro módulos, con lo que la capacidad del establecimiento llegará a 165.

4. ¿Para quiénes serán esos nuevos cupos?

Los nuevos cupos podrán ser utilizados conforme lo defina Gendarmería en los procesos de segmentación de la población penal en general. Por las características de la población actual del lugar, lo más probable es que sigan ingresando adultos mayores, que tengan bajo compromiso delictual.

5. Si hay nuevos condenados por delitos de lesa humanidad, ¿a qué cárcel se van?

Podrían ingresar a este recinto o cualquier otro establecimiento del país conforme lo determine Gendarmería y los tribunales. Esto ya ocurre actualmente.

6. ¿Qué construcciones en el recinto están asociadas a la modificación?

Se están ejecutando obras que implican la construcción de un nuevo recinto de visitas, una sala de televigilancia, cuatro módulos para las 32 nuevas plazas, otra sala de ingresos, además de obras vinculadas a las instalaciones eléctricas.

7. ¿Qué pasa con las visitas?

Gendarmería deberá establecer un nuevo reglamento de visitas, puesto que actualmente las visitas ingresaban por la guardia y se reunían con los reclusos en zonas que no estaban habilitadas especialmente para ello.

8. ¿Qué pasa con los electrodomésticos?

Gendarmería deberá adecuar la tenencia de distintos elementos, puesto que actualmente los reos contaban con múltiples artefactos. Según los catastros, tienen 73 televisores, 29 electrodomésticos entre hornos hervidores y microondas, 75 colchones particulares, 74 calefactores, 10 lavadoras y/o secadoras y 105 refrigeradores.

La resistencia de los condenados

Pese a las explicaciones entregadas por el gobierno para sostener la medida, este martes el abogado de la Fundación Verdad y Justicia, Raúl Meza, ingresó un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Santiago en representación de los condenados, oponiéndose a la reconversión. Apunta que el actuar del Presidente Gabriel Boric, es “ilegal y arbitrario”, a la vez que sostiene que el decreto vulnera los derechos constitucionales a la vida y a la integridad física y psíquica de los internos.

Eso sí, desde el gobierno descartan que se esté cometiendo alguna vulneración. “Para que proceda un recurso de protección tiene que haber un acto arbitrario o ilegal. Y en ningún caso se ha entendido que uno comete una arbitrariedad cuando tiene facultades legales para realizar algo. En este caso, el Ministerio de Justicia tiene las potestades para crear, modificar o cerrar los establecimientos penitenciarios, y eso es precisamente lo que visó la Contraloría General de la República, visó la legalidad del acto emitido por el Ministerio Justicia como decreto Supremo”, sostuvo en conversación con La Tercera.

Asimismo, puntualizó: “Lo que es anómalo es que exista un penal especial para ciertos criminales que cometieron delitos durante un cierto periodo histórico, que en este caso es la dictadura militar. Eso es absolutamente anómalo en nuestro sistema penitenciario. Por ende, nosotros creemos que no tiene ningún asidero, pero habrá de todas maneras que informar en su momento ante la Corte de Apelaciones respectiva".

Pero esa no es la única arremetida a la que el Ejecutivo deberá hacer frente. Durante esta jornada el alcalde de Tiltil también confirmó que una arremetida judicial en contra del decreto.

Para el alcalde César Mena (Ind. republicano), esto no es más que “un guiño político que le está haciendo a la candidata (Jeannette) Jara para ver si suben las encuestas, pero le está haciendo un daño enorme a nuestra comuna”.

“Nosotros estamos preparando todo, el jueves vamos a ingresar un recurso de amparo ante la corte (...) y estamos evaluando ir al Tribunal Constitucional porque él nos está pasando a llevar los derechos humanos a todos los habitantes de Tiltil”, complementó.

En el mismo tono, advirtió que la comunidad va a protestar y “se está organizando porque también van a presentar un recurso de amparo”.