Esta semana el gobierno cosechó un importante triunfo en su Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT). Se trata del despacho a ley de un proyecto que era bien esperado por el sistema de persecución penal.

Tras un largo camino legislativo, el Ejecutivo consiguió al fin despachar a ley la ampliación del periodo de flagrancia, pasando de las 12 horas actuales a un plazo de 24 horas.

El objetivo de este cambio al Código Procesal penal es entregar mayores herramientas para la identificación de imputados, la recopilación de antecedentes y el desarrollo oportuno de diligencias investigativas en las primeras horas clave luego de la comisión de un delito.

El triunfo legislativo fue celebrado por el gobierno. El ministro José García (RN) se anotó un proyecto despachado, el ministro de Justicia Fernando Rabat recibió elogios de los parlamentarios y el ministro Martín Arrau (Republicano) festejó el despacho para así mejorar el sistema de persecución.

En el Congreso, en tanto, vieron con buenos ojos que este proyecto, de años de tramitación, al fin viera la luz. Los más contentos fueron los legisladores de RN ya que la iniciativa fue impulsada desde ese partido.

La iniciativa, en sus orígenes, surgió como una moción de cinco senadores de RN durante la legislatura pasada: Manuel José Ossandón, Rodrigo Galilea, José García, Rafael Prohens y Kenneth Pugh.

Fuentes del Congreso cuentan que luego de su ingreso, el gobierno pasado lo incuyó en el fast track de seguridad impulsado por la exministra Carolina Tohá (PPD) en mayo de 2024.

En sus orígenes los principales impulsores, según cuentan en el Congreso, fueron el senador Ossandón, el ahora exsenador Pugh y el abogado Ronald von der Weth, quien se desempeñaba como coordinador legislativo de la bancada. Una posta que tomó la senadora Paulina Núñez (RN) cuando llegó a la testera del Senado y siguió moviendo la iniciativa en diálogo con el Ministerio Público.

Tras los años de tramitación legislativa, el proyecto finalmente terminó abordando algo más amplio que la idea original de la moción.

Además de extender el tiempo para detener a imputados, se aprovechó de mejorar las herramientas para investigar desde las primeras horas. Así por ejemplo en el Senado se incorporó a la autoridad marítima como auxiliar del Ministerio Público, se fortalecieron las actuaciones policiales sin orden previa y se modificó el régimen de instrucciones generales para realizar diligencias.

En su recta final -tras varios intercambios entre el equipo técnico de Justicia, la senadora Núñez y el asesor von der Weth- se logró conservar la modificación del artículo 87 del proyecto, bajo la dirección de los fiscales y sin habilitar diligencias que requieran autorización judicial.

Los retoques finales lograron contemplar un plazo de hasta 48 horas para determinadas hipótesis de flagrancia cuando la detención sea practicada por la Policía Marítima. Ambas disposiciones fueron aprobadas por unanimidad de los integrantes presentes de la mixta y luego ratificadas por las cámaras. Ahora solo faltará la revisión en el TC para que luego sea promulgada.