El martes, al correo de los intervinientes del caso ProCultura llegó una comunicación que esperaban desde el lunes 7 abril, el día en que teóricamente se terminaba el secreto de la indagatoria a cargo del fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper. “En consideración a problemas técnicos vinculados a la carga de la carpeta, las copias se podrán retirar a partir de las 10.00 del lunes 5 de mayo en dependencias de la Fiscalía de Focos”, se leía en el mail.

Los receptores de ese correo -abogados defensores y querellantes- lo leyeron con escepticismo. No solo porque el aviso para obtener copia de la carpeta de antecedentes del caso llegaba 22 días después del vencimiento del secreto, sino porque los abogados que son parte de la causa llevan varios meses inmersos en una dinámica de dilación.

El Código Procesal Penal establece que un fiscal puede mantener bajo secreto los antecedentes de la carpeta para “la eficacia de la investigación” solo por 40 días y con la posibilidad de ampliarlo una vez “por el mismo periodo y con motivos fundados”.

Según los intervinientes, todo se explica por Cooper y el estilo con el cual ha llevado adelante el caso ProCultura, la investigación madre del lío de platas que suma más de $ 6 mil millones bajo la lupa del Ministerio Público. Y que por estos días se espera con inquietud en La Moneda.

A diferencia de causas normales, para solicitar las copias el equipo de Cooper creó un correo especial solo para el caso ProCultura. Es a través de ese mail que se reciben las solicitudes. Y cada vez que ha habido alguna ventana para hacerlo, por parte de los fiscales del caso -además de Cooper participan los fiscales Eduardo Yáñez y Ricardo Soto- han surgido trabas administrativas o problemas técnicos. Todo siempre con comunicaciones que se responden con atraso.

Entre los intervinientes cuentan que la maniobra de Cooper se explica por el hábil manejo que le ha dado a una causa que no está agrupada y que tiene varias aristas -cada una con un Rol Único de Causa (RUC)- a lo largo de todo Chile.

Cuando el fiscal nacional, Ángel Valencia, sacó de la investigación al suspendido fiscal regional de Aysén Carlos Palma -caído en desgracia por sus chats con Luis Hermosilla y con Gonzalo Migueles, la pareja de la exsuprema Ángela Vivanco- le entregó todo a Cooper, quien actualmente tiene indagatorias abiertas en las regiones de Antofagasta, Valparaíso, Metropolitana, Ñuble, Biobío y Magallanes. Valencia y Cooper ya tenían una relación cercana antes de que el primero fuera nombrado jefe del Ministerio Público. Ya designado, el fiscal regional se transformó en uno de sus hombres de confianza.

Manejar la causa con distintos RUC, según comentan los intervinientes, le ha permitido intercalar el secreto de cada una de esas aristas. De esta manera, cuando se vencía la reserva de una, Cooper dejaba en secreto otra, y como todas las aristas son parte del mismo caso, entregar copia de una carpeta pone en riesgo la reserva del resto.

Por eso, a inicios de abril los abogados que son parte de las aristas del caso pensaron que se destaparía la olla y explotaría la bomba de ProCultura, pero nada de eso ocurrió. Incluso, el 7 de abril recibieron un correo que decía que las solicitudes de copia se responderían en 15 días. Eso, a pesar de que, según las mismas fuentes, el secreto de todos los RUC ya se había vencido. La dilación, en todo caso, aparentemente no ha incomodado a los intervinientes, ya que ninguno ha reclamado solicitando una audiencia de cautela de garantías.

De hecho, cuando supuestamente terminó la reserva, el abogado Jorge Cabrera -a nombre de la entonces imputada Irina Karamanos (FA)- solicitó copia de la carpeta, pero el equipo de fiscales del caso respondió diciendo que no podía entregarla, ya que pese a que la exprimera dama había declarado en calidad de imputada, la Fiscalía la sacó del mapa y solo la tiene como testigo. Por eso solo podían dar copia de su declaración, pero de nada más, ya que “no tiene carácter de interviniente”.

Vigilancia suprema

Para varias fuentes involucradas al caso ProCultura, que a inicios de abril Cooper siguiera estirando el secreto apunta a la delicada posición en la que se encuentra, ya que en paralelo está enfrentando una solicitud de remoción ante el pleno de la Corte Suprema.

Cooper arriesga ser removido del Ministerio Público por otro de los casos que está bajo su responsabilidad: Sierra Bella. Cuando el persecutor se fue de la Fiscalía Centro Norte para asumir como el mandamás de la Región de Coquimbo, Cooper le pidió a Valencia llevarse consigo el caso que él mismo había iniciado y que tiene a la exalcaldesa Irací Hassler (PC) como imputada.

En el Ministerio Público saben que cualquier fiscal que se vuelve protagonista por estar a cargo de causas de corrupción se transforman en una figura incómoda. El problema, comentan en el organismo, es que cuando el caso afecta al mundo político, la remoción es un botón que se puede apretar en cualquier momento.

El actuar de Cooper en Sierra Bella es lo que lo tiene en la cuerda floja ante el máximo tribunal. Fueron 10 diputados oficialistas -del PS, FA y PC- los que en marzo pasado pidieron que sea removido. En el escrito que presentaron alegan negligencia manifiesta por haber realizado una incautación a la expresidenta de la Cámara Karol Cariola (PC) cuando estaba pariendo a su primogénito, Borja. Además, se reprocha un segundo “supuesto fáctico”, donde se imputa “negligencia manifiesta en el cumplimiento de la obligación de reserva en el ejercicio de la función investigativa”.

Esa última imputación se basa en que Cooper no habría resguardado correctamente los chats privados entre Hassler (PC) y Cariola, y que se escapan de los delitos investigados en el caso Sierra Bella. Chats que finalmente fueron publicados por La Tercera.

Esa es la razón que explicaría por qué Cooper sigue dilatando el secreto de ProCultura. Para los intervinientes se trata de una maniobra para ganar tiempo ante la Suprema y evitar que se filtren los antecedentes al momento de dar copia a los intervinientes. Para los que son parte del caso ProCultura, su lógica apunta a demostrar con hechos que mientras la carpeta está bajo su control, no hay filtraciones.

Toda esta situación ya llegó a oídos de los supremos, quienes deberán resolver su futuro. Pese a que en los últimos cinco años se ha querido remover a cuatro fiscales regionales, la Suprema siempre ha dicho que no. Pero ahora el escenario podría ser distinto.

En el pleno hay voces minoritarias que ven con preocupación el actuar de la Fiscalía, en un contexto en que han resentido los costos para la judicatura cuando los chats de jueces se filtran por completo. Por eso hay quienes ven en la acusación de negligencia, por no haber resguardado la conversación por WhatsApp de Cariola y Hassler, un motivo suficiente para aplicar la remoción. Algo que no convence al resto, quienes son de la idea de que no corresponde dar curso a una solicitud de diputados PC, quienes alegan por una investigación en la que la imputada es una compañera de esa misma bancada.

¿Descontrol?

Si la incautación con Cariola pariendo o la filtración de los chats entre Cariola y Hassler dañaron su figura, esta semana se sumó un elemento más para la presión en su contra, luego de que La Tercera publicara, hace justo una semana, que un tribunal autorizó la petición de Cooper de pinchar el celular del exjefe de asesores del Segundo Piso Miguel Crispi (FA).

La ola de cuestionamientos no solo quedó ahí. Este mismo medio publicó que el equipo de Cooper no solo quería interceptar las comunicaciones privadas del principal asesor del Presidente de la República, sino que, además, quiso incautar los teléfonos de la exsenadora Isabel Allende (PS), la exministra Maya Fernández (PS) y de otros asesores que participaron de la revisión de la fallida compraventa de la casa del expresidente Salvador Allende. La pretensión de Cooper chocó con un duro portazo del juez Cristián Azócar, del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago. Todo dentro del caso de la Fiscalía que también está bajo el poder de Cooper.

Pero para desgracia del fiscal, esa medida intrusiva no podía solicitarla fuera de Santiago. La particularidad de ProCultura le permitió pedir el pinchazo de Crispi en el Juzgado de Garantía de Antofagasta y no en el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago. “Esa petición jamás habría sido autorizada por un juez de Santiago. El juzgado de Antofagasta es un tribunal acostumbrado a ver causas de narcotráfico, donde es muy común que la Fiscalía pida pinchazos y que los jueces digan que sí a todo lo que pide el Ministerio Público”, dice un abogado que conoce de cerca el tema.

Pero la gota que rebasó el vaso fue un dato, publicado por el medio Ex-Ante, que reveló que Cooper no solo quería escuchar a Crispi, sino que, además, pidió interceptar las conversaciones del Presidente Gabriel Boric, información que, hasta el momento, no ha sido confirmada ni desmentida por el Ministerio Público.

Ese hecho provocó la indignación del oficialismo. El diputado Jorge Brito (FA) acusó la existencia de un “espionaje político”. Su compañera de bancada Javiera Morales criticó el “descontrol” del fiscal, dijo que se puso en riesgo “la seguridad nacional” y, por lo mismo, citó al fiscal Valencia a dar explicaciones a la Comisión de Constitución de la Cámara.

Por su parte, el jefe de bancada de los diputados socialistas, Juan Santana, también se sumó a las críticas por lo que llamó el “descontrol” del fiscal Cooper. Además, apuntó directo a Valencia, dijo que lo ocurrido era reflejo de una conducta “temeraria e inconstitucional” y luego lanzó una amenaza: “(Si Valencia) no toma medidas, el día lunes exigiremos su remoción”. Un tono que fue refrendado por el secretario general del PS, Camilo Escalona. “Hay fiscales que se colocan en una posición supraestatal que es enteramente inconstitucional”, dijo el exsenador.

La Moneda también se sumó las críticas. Su primera reacción, a cargo de la vocera (S) Aisén Etcheverry (FA), fue pedir explicaciones al Ministerio Público. Luego intervino el ministro de Seguridad, Luis Cordero, quien contradijo la postura inicial y aseguró que al Ejecutivo “no le corresponde andar pidiendo rendiciones al Ministerio Público”.

Cooper ha mantenido estricto silencio. Solo habló una vez -el lunes pasado- para defenderse: “Me llama mucho la atención que se hable de este tema cuando se afecta a ciertas personas, pero cuando se investiga otro tipo de delitos no se cuestionan, digamos, las intervenciones telefónicas respecto del narcotráfico, terrorismo”.

Su alocución causó molestia en el gobierno, por el hecho de haber puesto a Crispi al nivel de narcos o terroristas. Pero lo que más enoja es que el oficialismo lo percibe como un fiscal “cuyos actos van en función de golpear solo a un sector político específico”.

En la izquierda no es un misterio que Cooper sea un fiscal cuya sensibilidad política esté en la derecha, algo que al interior de la Fiscalía quedó en evidencia, por ejemplo, para el estallido social. En la jurisdicción Centro Norte, mientras hubo fiscales más preocupados de perseguir las violaciones a los derechos humanos, Cooper puso el foco en perseguir los desmanes y colaborar con Carabineros para resguardar el orden público.

De hecho, hay abogados que no olvidan su frustrada intención de formalizar a una estudiante de Derecho de la Universidad de Chile por ejercicio ilegal de la profesión, en un caso de funcionarios policiales de una comisaría que alegaron en contra de la estudiante, quien se habría presentado como abogada exigiendo el listado de detenidos, información que debe ser pública.

Quienes conocen a Cooper cuentan que siempre supo que ProCultura lo transformaría en un fiscal incómodo e incluso en un persecutor “peligroso” para el mundo político, pero al interior del Ministerio Público son varios quienes lo defienden, sobre todo porque hasta el momento no ha habido filtraciones.

En medio de la tormenta, en la Fiscalía comentan que el mayor seguro de Cooper está en la solicitud que hizo en el Juzgado de Antofagasta para pinchar a Crispi. Quienes saben del caso dicen que en esta se esgrimieron “razones más que fundadas para haber hecho lo que hizo, y así mismo lo entendió el juez que autorizó”.

Las mismas fuentes agregan que cuando se destape el caso vendrá la revancha de Cooper. Esto, debido a que durante todos estos meses ha sido duramente criticado por voces de derecha por los pocos resultados del caso ProCultura.

Cuando se destape la olla, en la Fiscalía comentan que no solo podría caer la cúpula de ProCultura -que era encabezada por el siquiatra Alberto Larraín-, sino que se podría venir una solicitud de desafuero de varios gobernadores -hay seis, incluido Claudio Orrego, de la Región Metropolitana, calificados como sujetos de interés- e incluso el caso podría derivar en una eventual arista de financiamiento irregular a campañas políticas.