“¿Y por qué no?“.

Esa fue la pregunta que Paulina Retamales (41) se hizo al ver en LinkedIn que se había abierto el concurso que buscaba al director ejecutivo del Servicio Local de Educación Pública (SLEP) Santiago Centro, el que a partir del 1 de enero de 2026 pasará a ser el sostenedor de todos los colegios que hasta hoy gestiona el municipio homónimo, incluidos los liceos emblemáticos tan en boga por diversos episodios de violencia y caída académica.

Retamales, matrona de profesión y con estudios en gestión educativa, ganó el concurso a otras 317 personas y asumió su cargo en febrero, cosa de durante este 2025 llevar a cabo la transición con la municipalidad que lidera Mario Desbordes, quien antes de ser alcalde se negaba a este traspaso.

¿Por qué postuló a un cargo que estará tan bajo la lupa?

Para aportar no solo desde el rol que cumplo, sino también desde cómo he ido conformando un equipo que tiene convicción en esta política y experiencia. Podemos aportar a tener una sociedad en donde la educación sea el valor y esté en el lugar que se merece.

¿Cómo se logra revertir la situación de la educación pública santiaguina?

Con presencia en el territorio, pero poniendo siempre el foco en lo que estamos llamados a hacer los SLEP: procesos pedagógicos. Una de las grandes diferencias que genera esta política pública es pasar de cualquier municipio, que tiene muchas variables que administrar, a nosotros que tenemos un solo foco.

Con Alessandri, Hassler y Desbordes los hechos violentos han seguido. Pareciera que nada ha logrado resolver el problema. ¿Por qué ahora será distinto?

Porque el foco está en lo que estamos llamados a hacer. Una de nuestras ideas fuerza es el trabajo con las familias. Hoy día hay muchas que declaran abiertamente que por las movilizaciones cambian a sus hijos de establecimiento. No podemos quedar ajenos con estas familias que, en general, no han sido parte de las conversaciones.

¿Cómo abordará los hechos de violencia? Existen los Reglamentos Internos de Convivencia Escolar (RICE), pero también está Aula Segura.

Cada establecimiento tiene un reglamento aprobado por el consejo escolar. En ese consejo hay representantes de apoderados, estudiantes, docentes, del sostenedor. Y cómo la comunidad educativa plantea abordar esos temas, a nosotros solo nos queda apoyar.

Pero llegado el momento son ustedes los que pueden querellarse, invocar Aula Segura. No se le puede pedir eso a un rector.

No, pero tenemos que acompañarlos en las decisiones que la comunidad considere más oportunas. Hay otras instituciones encargadas de supervisar, controlar, gestionar y guiarnos, como la Super de Educación. Nosotros vamos en el camino de acompañar las decisiones de la comunidad siempre en el marco de la ley, no vamos a pasar sobre eso. Y también tenemos que resguardar los espacios educativos.

¿Y cuál es su opinión de Aula Segura?

Siempre tenemos que pensar que si un estudiante sale de un establecimiento, la revinculación es muy compleja. Hoy es Aula Segura, mañana puede ser otro nombre, pero más allá de eso, estamos formando niños y jóvenes. Nuestra labor no es punitiva, es formativa.

¿Habrá alguna instrucción sobre su uso?

Lo que va a primar es que para algo existen los RICE. No existe un reglamento a nivel de sostenedor, son de cada comunidad educativa.

Pero cuando se vean molotov y overoles blancos, ¿qué hará?

Sin duda, no vamos a poner en riesgo comunidades educativas. Necesitamos ir a conversar con estas comunidades para entender cuáles son las formas que han tenido, porque también ha habido situaciones en que sí se han podido controlar. No siempre termina en actos de molotov o de violencia.

La quema de una micro, lanzar una molotov, ¿resiste diálogo? ¿Ahí sí habrá querellas?

Tenemos que hacer todo lo que está dentro de un marco educativo, formativo para evitar llegar a eso. Insisto: se ha logrado. En el caso que llegue a ocurrir, por supuesto que vamos a tener que evaluar todas las alternativas sin pasar a llevar la formación de los estudiantes y su bienestar. Siempre nuestro foco va a estar en mantener a los estudiantes, entendiendo que son jóvenes que se están formando.

¿Está en crisis la educación de Santiago?

Está en una situación compleja, pero no en crisis. He encontrado muy buena disposición para apoyar la instalación del servicio desde distintas veredas.

¿Por qué Santiago y la educación pública llegaron a esta situación compleja?

Pasó que la administración municipal tiene tantos frentes y necesidades de recursos -así surge esta ley- que se perdió el foco en los procesos pedagógicos. Hay comunas en que sí funcionó, pero una política pública obedece a una realidad país. Y en Santiago no lo vinculo a ninguna administración, sino que también se dio que las características de los habitantes de la comuna cambiaron y sus necesidades también.

¿Cómo ha sido la relación con el municipio en esta transición? Desbordes inicialmente no quería traspasar los colegios.

El vínculo con la municipalidad va a ser para siempre y es muy importante que cada director ejecutivo lo cuide, porque finalmente nuestras familias son vecinos. Particularmente este municipio y el alcalde han sido muy receptivos a esto.

¿Cómo va a abordar la situación del INBA después de la explosión del año pasado?

Hoy se conoce la consecuencia, pero algo pasó antes. Nada es antojadizo, es relevante entender el dolor de esa comunidad. Es importante poder tener el contexto e ir previniendo. La comunidad de alguna forma siempre va tomando el pulso. Hay que lograr acompañar y saber cuándo se empieza a subir de tono.

Por otro lado, el Instituto Nacional simboliza la baja académica.

No quiero estigmatizarlo. Es uno de los impactados, porque es el que tenía una matrícula más relevante, era más conocido al ser emblemático, pero es una realidad de todo el sistema.