La disputa que mantienen las municipalidades de Punta Arenas y Puerto Natales con el Estado por los costos heredados del proceso de desmunicipalización de la educación se ha convertido en una de las batallas legales y políticas más ásperas del último año en Magallanes.

Ambas comunas denuncian que los cambios legislativos y administrativos asociados al traspaso de los colegios al Servicio Local de Educación Pública (SLEP) han derivado en un golpe financiero permanente a sus presupuestos, pese a que las obligaciones ya no recaen en ellas.

Todo se juntó el pasado 28 de agosto, cuando la Municipalidad de Punta Arenas presentó una demanda contra el Fisco para frenar los millonarios descuentos que arrastra desde 2023 tras el traspaso de los SLEP. La acción judicial busca revertir lo que el municipio considera un cobro indebido e indefinido por bonos de zona extrema y aumentos salariales de personal educativo que deberían haber quedado a cargo del Estado.

En el escrito al que tuvo acceso La Tercera -y que fue notificado al Fisco el pasado 12 de septiembre- el municipio detalló que solicitó al Fisco hacerse cargo de los pagos de bonos de zona extrema y los incrementos salariales negociados con asistentes de la educación y profesionales PIE, argumentando que estos costos ya no corresponden al municipio tras el traspaso de la educación al SLEP. Sin embargo, la ley de reajuste del sector público cambió las reglas a última hora, obligando a los municipios a financiar los incrementos salariales de manera indefinida.

En rigor, la acción judicial sostiene que los descuentos aplicados por la Dipres son indebidos y de carácter indefinido, violando principios de seguridad jurídica y previsibilidad presupuestaria, y busca que se detenga cualquier cobro futuro mientras se resuelve el fondo del conflicto.

“Nos cambiaron las reglas y ahí se modifica y dicen que toda municipalidad o corporación municipal que hubiese negociado aumentos de sueldos del 2021 en adelante se hace cargo de ese extra. Después, en 2024, se estableció que esto era ad aeternum (para siempre), hasta que la última persona se retire o fallezca del sistema”, agregó a La Tercera el alcalde de la comuna, Claudio Radonich (RN).

En 2024 Punta Arenas interpuso un recurso de protección para detener los cobros, que fue acogido en primera instancia pero rechazado por la Corte Suprema en enero de 2025. Por lo mismo, la demanda actual apunta a que el Fisco asuma los costos que la comuna considera que le corresponden al Estado. Según Radonich, los descuentos afectan a cerca del 8% del presupuesto anual del municipio, que asciende a $38 mil millones.

El alcalde asegura que nunca antes en Chile un municipio había enfrentado un cambio legislativo de esta magnitud en tan poco tiempo: “En 12 meses el legislador cambió tres veces las condiciones. Fue pensado básicamente en Punta Arenas y en Puerto Natales, que somos las comunas más afectadas”.

En el caso de Puerto Natales, la alcaldesa Ana Mayorga Bahamonde (ind.) confirmó que su comuna vive un escenario similar y evalúa una nueva acción judicial luego de que el primer intento en 2024 no prosperara. “A fines de 2024 la municipalidad sufrió un recorte de 1.200 millones de pesos aplicado por la Dipres al Fondo Común Municipal, vinculado al bono del 42% a asistentes de la educación que aún paga el SLEP, pero cuyo descuento recae permanentemente en la municipalidad”, explicó Mayorga.

“Para 2025 se nos informó de un recorte de 1.300 millones, aunque la cifra estimada a la fecha es de 941 millones. A eso se suma un arrastre de 400 millones del año anterior, generando un efecto acumulativo”, añadió. “Este descuento limita recursos para mantención urbana, alumbrado público y ayudas sociales, como canastas familiares y otros apoyos a vecinos y vecinas”.

Además de los recortes, Mayorga sostiene que Puerto Natales enfrenta deudas relevantes, como $700 millones por alumbrado público, y la pérdida de infraestructura municipal -maestranza, polideportivo y piscina- tras la desmunicipalización, que impacta directamente en la comunidad.

Como sea, desde la Asociación Chilena de Municipalidades (AChM), en la Ley 21.040 quedó establecido que las deudas que los municipios mantenían antes del traspaso se sigan pagando mediante descuentos automáticos de las remesas del Fondo Común Municipal. Incluso, dicen, las condiciones laborales pactadas antes del cambio también deben ser asumidas por el municipio a través de una planilla complementaria que financia el propio Fondo Común.

En palabras simples, el nuevo Servicio Local de Educación no se hace cargo de esas obligaciones pasadas, sino que las sigue cubriendo el municipio con recursos que se descuentan año a año.

Aunque desde la AChM, pese a que la disposición es legal, para los alcaldes no deja de ser injusto “porque en la práctica significa que los municipios seguimos asumiendo costos del pasado (...) Eso termina debilitando la capacidad de gestión local y castigando a comunas que ya dependen en gran medida del Fondo Común para financiar sus proyectos comunales”.

Desde la Dirección de Presupuestos (Dipres) explicaron que los descuentos al Fondo Común “no son arbitrarios, sino el cumplimiento de un mandato legal”. En la entidad recordaron a este medio que tanto la Corte de Apelaciones de Punta Arenas como la Corte Suprema ya rechazaron los recursos presentados por el municipio, señalando que la Dipres actuó “a través del instrumento jurídico pertinente” y que no existió ilegalidad en su proceder.

Además, desde la Dipres precisaron que su objetivo ha sido asegurar que los trabajadores reciban el beneficio comprometido y, al mismo tiempo, resguardar las finanzas de los SLEP, que comenzó a operar en enero de 2024. “Hemos estado disponibles para ajustar montos y plazos de los descuentos”, indicaron, agregando que con el Municipio de Puerto Natales ya lograron un acuerdo que permite “mantener el beneficio a los trabajadores, adecuar los descuentos a los flujos del FCM y darle cumplimiento a lo establecido normativamente”.

Según cifras oficiales, Punta Arenas calcula un perjuicio superior a $3 mil millones en dos años, mientras que Puerto Natales enfrenta un déficit acumulado de más de $1.300 millones en 2025, sin contar deudas por servicios básicos. Así, Radonich enfatizó en que la demanda busca poner fin a un cobro indefinido, mientras que Mayorga sostiene que cualquier ajuste debería limitarse a los plazos originalmente pactados en los convenios.