La tarde de este martes, se llevó a cabo una sesión especial en la sala del Senado para abordar el informe que emitió la la Contraloría General de la República (CGR), el cual reveló que entre 2023 y 2024 más de 25.000 funcionarios públicos viajaron fuera del país mientras gozaban de licencia médica.

A la instancia, acudió la contralora Dorothy Pérez, quien proporcionó una detallada explicación en torno a los casos detectados, y también respondió a más de una docena de inquietudes por parte de los legisladores en torno a diversas materias, tales como la modalidad en que se llevarán a cabo los sumarios, si es que existen proyectos de modificación legal para entregar mayores atribuciones al ente fiscalizador, los casos excepcionales, o los plazos hábiles que están estipulados para el desarrollo de investigaciones internas, entre otros temas.

Respuestas de la contralora

El senador Alfonso de Urresti (PS) presentó sus dudas en relación a la necesidad de crear una ley corta en esta materia:

Contralora Dorothy Pérez (CDP): “Nosotros hemos hecho presente la necesidad de hacer algunos ajustes quirúrgicos específicos en algunas legislaciones y el señor presidente del Honorable Senado nos ha solicitado que hagamos llegar un oficio con estos elementos, lo haremos llegar a la mayor brevedad”.

El senador David Sandoval (UDI) consultó en torno a las direcciones de control y a la tarea que estas deberían realizar, además de hacer ajustes normativos en la materia:

CDP: “Nosotros lo que podemos hacer conforme al artículo 18 de nuestra ley orgánica, que tenemos algún grado de intuición respecto de las direcciones de control, es instruirles a ejecutar algunos tipos de fiscalización. Pero robustecer las direcciones de control es una cuestión clave. Y hace unas semanas nosotros emitimos otro Consolidado de Información Circularizada (CIC) de los primeros que emitimos donde mostramos la situación real de las direcciones de control en el mundo municipal que es una de las áreas con mayores irregularidades en nuestro país. Y mostramos situaciones ahí de municipalidades medianas, casi grandes, con una sola persona en la dirección de control, a cargo de fiscalizar 106 mil millones de pesos”.

“Esto lo he hecho presente a los alcaldes y alcaldesas en las asociaciones, en las asambleas que realizan anualmente, pero no tenemos la atribución para instruirles que tengan una dotación mínima en relación al tamaño del presupuesto que ellos tienen. Y sólo podemos sugerirles algunas cuestiones, pero ahí hay algo que hacer en esa materia en términos legislativos”.

El senador Alejandro Kusanovic (Ind) planteó dudas respecto al gasto aproximado de 30 millones de dólares al mes en licencias médicas:

CDP: “Yo quiero recordar que un hospital pequeño vale 30 mil millones de pesos, que es 30 millones de dólares más o menos aproximadamente. Eso quiere decir que en este tipo de irregularidades se estaba perdiendo casi un hospital al mes, si hacemos esa extrapolación. Por eso es importante, en que se tienen que quirúrgicamente seleccionar donde se invierten los recursos para controlar estas fugas”.

El senador Matías Walker (Demócratas) aludió a los proyectos de ley que están en trámite en el Parlamento:

CDP: “Nosotros vamos a ingresar este oficio que ha solicitado el señor presidente con nuestras propuestas. Por supuesto que nosotros las hacemos pensando en el mejor sistema de control que se pueda obtener dentro de las circunstancias de nuestro país y por supuesto les corresponde a los poderes colegisladores evaluarlo”.

De igual modo, el senador el Juan Castro (PSC) abordó la modificación de leyes orgánicas para entregar mayores atribuciones a la Contraloría:

CDP: “Queremos también insistir que no sólo se trata de más atribuciones para la Contraloría. Di una lista de proyectos que ustedes conocen bastante mejor que yo, que son muy interesantes y que tienen herramientas útiles y potentes y que los distintos gobiernos han impulsado y que están en tramitación, transparencia municipal, lobby 2.0, prevención de conflictos de interés. Hay una serie de recursos, el que apunta a determinar quién es el beneficiario final de las contrataciones públicas y de las transferencias. Todo ese tipo de medidas legislativas realmente podrían ayudar mucho a la transparencia y a la prioridad”.

Luego, el senador Gustavo Sanhueza (UDI) preguntó sobre si se enviaría desde el ente fiscalizador algún protocolo o directriz para la realización de los respectivos sumarios:

CDP: “Existe normativa precisa de cómo se deben tramitar estos sumarios administrativos. Esa normativa está en el estatuto administrativo y en estatutos especiales para algunas instituciones que tienen normas especiales (…) Estamos hablando de 25 mil personas y debe haber un porcentaje, que me imagino que no es muy alto, pero debe haber personas que tienen alguna justificación y deben tener la oportunidad de presentar esa justificación”.

“Evidentemente es una recarga administrativa enorme hacer 25 mil sumarios. Entonces, nosotros señalamos algunos elementos de cómo poder instruir por bloques esto, agrupando materias dentro de cada una de las instituciones para que no sean 25 mil, sino que muchos menos los sumarios que tengan que hacer, pero respetando luego en la formulación de cargos la individualidad para que la defensa también sea particular y el resguardo del secreto del sumario que también se debe cumplir”.

Por su parte, el senador Sergio Gahona (UDI) planteó que se requerían medidas adicionales en esta materia:

CDP: “Corresponde a los poderes colegisladores tomar algunas medidas legislativas en la materia. En lo que se refiere a nosotros, las medidas administrativas las hemos tomado, pero también estamos a raíz de estos hallazgos tan de magnitud, hemos tomado algunos elementos para nuestras planificaciones de otras fiscalizaciones”.

“Esto nos dio luces de otras materias que tenemos que fiscalizar con herramientas de tecnología. Necesitamos sí apoyo, lo conversé con la Directora de Presupuesto hoy, porque, aunque parezca muy doméstico lo que voy a decir, nosotros necesitamos recursos muy cuantiosos para absorber la cantidad de información que nos llega (…)”

“Llegó un momento que no teníamos recursos para recibir la cantidad de rendiciones de cuentas que venían llegando (…) Cada vez que hay proyectos de ley que establecen medidas de transparencia, que tengan en algún punto de repositorio o de revisión a la Contraloría, si no hay recursos adicionales, quiere decir que nuestras otras labores tienen que disminuir para poder allegar los recursos para cubrir estos nuevos mandatos legales”.

Luego, la senadora Claudia Pascual (PC) consultó si existe algún horizonte de tiempo para poder depurar esta situación de que una misma persona registra varias salidas:

CDP: “Nosotros en los archivos que entregamos tanto al Consejo de Defensa del Estado (CDE) como al Ministerio Público y a cada una de las instituciones que notificamos estos hallazgos, les indicamos cuántas veces había salido la persona, con día, hora y minuto en que salió. Entonces tienen la información”.

“Sucede, sí, que a veces estamos hablando de una persona que en la mitad de este periodo auditado se fue de ese servicio y pasó a otro servicio y ahí cometió otra irregularidad. Entonces hay cifras que no es que tengamos que hacer una depuración de nuestra base, sino que de la manera en que es presentada la información por cada institución presenta diferencias”.

“Nosotros presentamos toda la información 2023-2024, pero entre medio hay gente que falleció, que renunció, que jubiló, que se cambió de servicio público. Entonces la base de datos que un servicio administra y entrega puede decir, no, yo tengo 200 casos y la Contraloría solo me informó otra cantidad, pero entre medio están estas explicaciones”.

“De hecho, nosotros en la revisión detectamos 43 viajes de funcionarios de la Contraloría que tenían reposo, que correspondían a 36 personas. Eso quiere decir que había algunas personas que habían incurrido en esta irregularidad más de una vez. Pero también tenemos casos de funcionarias que, en las primeras indagaciones, en una situación de cáncer agravado, donde ya no hay respuestas de salud en nuestro país, han tenido que buscar una última alternativa de tratamiento en el extranjero. Entonces sabemos que existen esas situaciones, pero no son los 25.000 casos”.

En el mismo tenor, la parlamentaria comunista hizo énfasis respecto a las licencias psiquiátricas de prenatal o de hijo menor de un año:

CDP: “Nuestra revisión incluye licencias psiquiátricas, y la Superintendencia de Seguridad Social ha sido muy clara en dictámenes desde hace muchos años señalando que las licencias psiquiátricas tampoco permiten salir del país”.

“Respecto de las licencias prenatales y de los hijos menor de un año hay que conjugar las normas de licencia médica con otros derechos, por ejemplo, el amamantamiento ese derecho está establecido en favor del bebé y este menor tiene derecho a ser amamantado por su madre y es una obligación, por ende, hay casos en que la madre puede haber viajado al extranjero, dejado al bebé con otra persona y haber incumplido. Todos esos son determinaciones de detalle que los sumarios administrativos van a poder esclarecer. Nosotros en un cruce masivo de base de datos no podemos tener ese detalle”.

La senadora Pascual también preguntó respecto a la fiscalización del sector privado:

CDP: “Nosotros tenemos pocas atribuciones respecto al sector privado, pero sí podemos revisar si el Compin o la Suceso o las distintas entidades públicas hacen su tarea respecto de los privados, y lo hacemos”.

El senador Jaime Quintana (PPD) cuestionó si habría otras entidades privadas, tales como agencias de viajes, involucradas en esto, como una oportunidad de negocio:

CDP: “La verdad es que, si bien eso es más propio de la investigación penal, lo cierto es que desde la mirada administrativa nosotros nos damos cuenta de que cuando se acumulan demasiados casos en un médico, evidentemente allí puede haber una situación de organización, pero puede ser más propio esto de la investigación penal, para ver si hay una situación de asociación ilícita o alguna institución que se esté aprovechando específicamente de este mecanismo. Esos antecedentes de todos modos nosotros estamos reportándolos tanto al CDE como al Ministerio Público”.

“Los datos sensibles ni siquiera los hemos entregado, por ejemplo, al Ministerio de Hacienda que nos pidió cuantos casos eran, nosotros le mandamos la lista de instituciones con un número de casos, sin rut y nombre de personas. A cada institución pública sí le entregamos el dato específico con nombre y rut de cada funcionario porque tiene que hacer el sumario. Así que hemos sido muy cuidadosos con los datos sensibles”.

La senadora Yasna Provoste (DC) aludió a los esfuerzos significativos que hacen los funcionarios públicos para cumplir su labor:

CDP: “Nuestra tarea también se dirige a que esos funcionarios no tengan que estar padeciendo, a veces por muchos años, el reemplazo con otra persona que está en suplencia, sino que hacerse cargo de la tarea y de la carga de trabajo de colegas que no han venido a trabajar por dos o tres años y a veces más”.

“En un hospital teníamos un caso de una persona con 14 años de licencia médica. Sus compañeros de trabajo probablemente han estado absorbiendo esa carga por tanto tiempo y recargados ellos que son funcionarios, tan funcionarios públicos como el que está faltando (…) Necesitamos que todo el sistema de control funcione, el control jerárquico, los controles internos dentro de la misma organización y no esperar que venga el control externo o la auditoría interna a descubrir las cosas. Los mismos mecanismos de las instituciones tienen que ir corrigiendo estas cosas a tiempo”.

La parlamentaria decé también preguntó en torno al tiempo estimado para los sumarios de los casos descubiertos dentro de la propia Contraloría:

CDP: “En el envío al Ministerio Público y al CDE, nosotros incluimos todos los casos, incluyendo los de la Contraloría, que fueron detectados por nuestra auditoría interna, y esa es una de las tareas relevantes. No solo los detectó la División de Fiscalización, también la auditoría interna. Entonces, eso es un encargo que se le debe hacer a todas las instituciones públicas. Tienen que hacer que sus auditorías internas funcionen”.

“De las 43 situaciones de salidas y entradas, 36 eran funcionarios, y respecto a esos 36 casos ordenamos los sumarios. Los plazos son los que establece la ley. Veinte días hábiles para la indagatoria, más el plazo para los descargos, más los plazos que establece luego para notificaciones y todos los procedimientos deberían demorar máximo 55 a 60 días hábiles. Nosotros estamos esmerados en cumplir ese plazo”.

El senador Juan Ignacio Latorre (FA) se refirió al ausentismo y a la falta de supervigilancia de las jefaturas de servicio:

CDP: “No podemos sino concordar con lo que él señaló. Si es que se pueden hacer 25 mil sumarios, la verdad es que es difícil y por eso nos reunimos con las autoridades para señalarle algunos elementos para hacer bloques de investigación”.

La senadora Ximena Órdenes (PPD) consultó sobre si el Comité de Ausentismo Central puede ser útil o no frente a estas materias:

CDP: “Esa es una cuestión de mérito que el artículo 21-B de nuestra ley orgánica nos prohíbe intervenir en cuestiones de mérito y opinar al respecto”.

El senador Esteban Velázquez (FRVS) preguntó qué herramientas concretas se podían plantear en esta materia:

CDP: “Los incentivos en cada legislación son la clave. Por ejemplo, los incentivos hoy día para marcar la asistencia en el sistema biométrico no están. Todavía lo que pide la ley es un control, no dice cuál. Con todas las tecnologías que hay, todavía hay muchos marcando con libreta y anotando su asistencia una vez al mes, porque la verdad es que no lo hacen diariamente. Entonces, ese tipo de cambios específicos se requieren”.

De igual modo, el congresista del partido Federación Regionalista Verde Social presentó sus dudas en relación a las denuncias masivas de otros trabajadores que la Contraloría ha recibido:

CDP: “La mayoría de estas investigaciones nosotros las hacemos por denuncias de otros trabajadores que tienen que estar asumiendo la carga de trabajo de la persona que falta. Esa es la situación por la cual nosotros comenzamos estas fiscalizaciones, además de la cantidad de recursos públicos involucrados que son tan cuantiosos. Entonces, en ningún caso nosotros hemos buscado mancillar el nombre de los funcionarios públicos, sino que, todo lo contrario. Estamos atendiendo denuncias de otros funcionarios públicos que se ven afectados".

El senador Carlos Kuschel (RN) aludió a las dificultades de inversión que había en el país y a la deuda pública y su crecimiento:

CDP: “En relación a la permisiología, que también lo aludió sin mencionarlo en esos términos, nosotros hemos hecho varias auditorías en ese tema para poder empujar a la administración pública a corregir sus procesos y acelerarlos para que no sucedan estas situaciones, como en el Consejo de Monumentos Nacionales, donde detectamos trámites de 900 días de retraso de procesos de obras públicas que podrían dar trabajo a personas vulnerables incluso y que no se podían acometer esas obras por los 900 días de retraso que tenían esos trámites”.

Finalmente, el senador Karim Bianchi (Ind) consultó sobre imponer sanciones mayores en este tipo de casos y también aludió a situaciones irregulares que también se registran al momento de obtener licencias de conducir:

CDP: “Solo sobre licencias de conducir quisiera señalar que nosotros en el CIC N°4 emitimos un análisis profundo de las licencias de conducir en el sector municipal que se le entregaban a las personas a pesar que desde el año 2002 este Congreso Nacional despachó una ley de la República que prohíbe entregarle licencias de conducir a aquellas personas que están en el registro de deudores de pensiones de alimentos, y a pesar de ello, el 70 y tanto por ciento de las municipalidades seguían entregando estas licencias sin revisar el registro de deudores”.

“Creo que eran 13 mil personas que habían recibido esa licencia de conducir de manera irregular y había alcaldes y concejales recibiendo licencia en su propio municipio. Entonces hemos estado en todos estos temas, a veces no con la connotación que ha tenido este caso de las licencias médicas, pero estamos haciendo nuestro mayor esfuerzo para colaborar en que se pueda vivir en Chile en un mejor sistema de transparencia y probidad”.