Por 24 votos a favor, 6 en contra, 11 abstenciones y un pareo, esta jornada la Sala del Senado aprobó en general el proyecto de “Escuelas Protegidas”, iniciativa que establece medidas de seguridad, orden y respeto para la comunidad educativa.

Los votos negativos fueron de la senadora independiente Fabiola Campillai, los PC Daniel Núñez, Claudia Pascual y Karol Cariola, y los frenteamplistas Diego Ibáñez y Beatriz Sánchez.

El proyecto, que se encuentra en segundo trámite constitucional y con urgencia calificada de discusión inmediata.

Previo a la discusión en la Sala, el senador e integrante de la comisión de Educación, Cristián Vial (Republicanos), destacó que el proyecto tiene “un articulado bastante sensato” que pone de relieve las necesidades que están viviendo las nuestras comunidades educativas. Asimismo, indicó, el proyecto también busca fortalecer la autoridad dentro de la sala de clases, dentro y fuera del establecimiento.

En un acuerdo propuesto por la presidenta del Senado, Paulina Núñez, el debate en particular de la iniciativa se dejará para este martes. Tras su aprobación en general en la Sala del Senado, el proyecto pasará para su discusión en la Cámara de Diputados.

Debate en la Sala

En la discusión, la senadora Yasna Provoste (DC) hizo hincapié en que, si bien estaban en medio de la discusión del proyecto, desconocían las renovaciones de indicaciones ni las nuevas indicaciones que ha presentado el Ejecutivo.

“Tenemos solo un número, pero no el detalle. Estamos legislando con discusión inmediata un proyecto que toca derechos fundamentales”, advirtió.

En esta línea, indicó que las y los profesores del país “nos están pidiendo una ley para fortalecer la convivencia, no una ley para llamar a Carabineros”.

“Nos están pidiendo una ley para que seamos capaces de discutir en serio a partir de hechos tan dramáticos y tan dolorosos como lo ocurrido en Calama, en que coloquemos la protección y la confianza en el centro de nuestra tarea, pero para esto se necesitan recursos”, afirmó.

La acción pedagógica, sostuvo, “se funda en la confianza”.

“Esa es la primera idea que quiero transmitir con mucha claridad. Una escuela no es un aeropuerto, no es un estadio, no es un control fronterizo. Es el lugar en donde una sociedad le dice a sus niños, niñas y adolescentes, aquí confiamos en ti, aquí te formamos, aquí te cuidamos”, señaló.

Por su parte, el senador Rojo Edwards (Republicano) apuntó a que “no existe derecho a la educación si no existen condiciones mínimas de seguridad, orden y respeto dentro de las escuelas”, indicando que “son muchos cambios que tenemos que hacer en esta tramitación”, añadiendo que “tenemos que simplificar los procedimientos para que los colegios puedan efectivamente revisar las mochilas a la entrada”.

Beatriz Sánchez (Frente Amplio) calificó por su parte a la iniciativa como un “mal proyecto”, indicando que “no fortalece la labor docente”, ya que además no considera presupuesto para llevar a cabo las medidas, recargando además la labor docente, sembrando además la desconfianza entre los estudiantes y sus colegios.

Mientras que, al contrario, el senador y presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, indicó que la iniciativa ni impone “la obligación de medidas intrusivas” sino que habilita para que “en la realidad de cada proyecto educativo se tome la mejor decisión posible y así esos profesores no caigan”.

Diego Ibáñez (FA) expresó que “creo que el tamaño del problema no se condice con el tamaño de esta respuesta. Hoy, insisto, un adolescente, antes de cometer un delito, no va a revisar la Constitución, no va a revisar el artículo X para asociarse a una pena y para evaluar si comete un delito o no”.

Añadiendo que “eso no va a ocurrir en los adolescentes. Eso no va a ocurrir. La reafirmación del delito es una medalla. Es una medalla en la trayectoria delictiva justamente para convencer a ese padre de que su hijo no sea un soldado del narco. Es una medalla. Por tanto, si hoy queremos hablar de violencia en la escuela, hablemos con evidencia, hablemos de lo que pasa en serio”.