La Sala del Senado aprobó este martes, por 37 votos a favor y una abstención, el informe de la comisión mixta del proyecto que perfecciona el procedimiento de expulsión administrativa de extranjeros infractores de la ley, despachando la iniciativa del Congreso.

El proyecto ya había sido visado el lunes por la Cámara de Diputados, con 128 votos a favor, 11 en contra y ninguna abstención.

La iniciativa establece nuevas atribuciones para la Policía de Investigaciones (PDI), que podrá ingresar a inmuebles donde se encuentren extranjeros con órdenes de expulsión vigentes, previa autorización judicial, para la cual un juez tendrá 24 horas para resolver.

Ese fue uno de los puntos que se modificaron tras resolver las discrepancias entre los diputados y senadores, ya que, la versión original, otorgaba esa autorización al subsecretario del Interior, dejando la revisión judicial para una instancia posterior.

El proyecto también apunta a facilitar la ubicación de quienes deben ser notificados en procedimientos migratorios. Para ello, el Servicio Nacional de Migraciones podrá requerir a personas naturales, empresas y funcionarios públicos datos como el nombre completo, domicilio y correo electrónico de extranjeros en situación irregular.

Asimismo, acorta los plazos de reclamación de las personas afectadas por estas medidas y amplía de tres a cinco años el período durante el cual los extranjeros expulsados tienen prohibido reingresar al país.

El proyecto fue presentado durante la administración del expresidente Gabriel Boric y posteriormente perfeccionado mediante indicaciones impulsadas por el gobierno del Presidente José Antonio Kast.

Debate

Durante el debate, el senador del Partido Republicano, Renzo Trisotti defendió la iniciativa y afirmó que “una orden de expulsión que no se cumple es una señal de debilidad del estado y Chile necesita recuperar el control de sus fronteras y hacer respetar las leyes”.

El representante de la Región de Tarapacá, agregó que “durante demasiado tiempo hemos visto cómo se dictan expulsiones que quedan pendientes, mientras las autoridades carecen de herramientas suficientes para poder ejecutarlas. Y esa distancia entre lo que el estado resuelve y lo que efectivamente puede cumplir claramente debilita la confianza ciudadana”.

Asimismo, acusó que las regiones de la zona norte, han sido las más afectadas con el fenómeno migratorio.

Por Renovación Nacional (RN), el senador Andrés Longton, señaló que “este proyecto parte del gobierno anterior, pero finaliza su tramitación durante este gobierno, por lo tanto, hay una transversalidad, que yo celebro”.

Además, valoró las disposiciones del proyecto. Longton relevó “lo que hace el fondo, es acelerar o hacer más eficientes las órdenes de expulsión o las que se van a decretar. Y entre las novedades que establece el fondo, es que se puede ingresar al domicilio por parte de la PDI, que era una gran dificultad. Estaban en sus domicilios y obviamente que no había autoridad para poder sacarlos de ahí para poder ejecutar las órdenes de expulsión y después se vencía el plazo y por lo tanto quedaba en nada esa expulsión”.

En esa línea, explicó que será un juez de garantía quien autorizará dicho ingreso. También, valoró que la notificación se pueda realizar por correo electrónico.

Por el Partido Socialista, la senadora Danisa Astudillo, también destacó la iniciativa, y afirmó que en Tarapacá, “nuestra región ha debido enfrentar las consecuencias de una crisis migratoria que el Estado no fue capaz de gestionar oportunamente”.

“Tarapacá ha cargado con un peso que le correspondía al país entero y las cifras oficiales muestran por qué necesitamos actuar. Durante el año 2025 en Chile se dictaron más de 23 mil órdenes de expulsión, sin embargo, ese mismo año se materializaron un poco más de 1.200 expulsiones entre administrativas y judiciales”, describió.

“Estas cifras revelan la enorme distancia entre la capacidad del Estado para dictar expulsiones y su capacidad para ejecutarlas, porque de poco sirve dictar una orden de expulsión si después el Estado no tiene cómo hacerla cumplir. Y eso es precisamente lo que buscamos cambiar”, sostuvo la parlamentaria, quien también votó a favor.