Tres semanas después de asumir como fiscal nacional, Ángel Valencia se reunió con el exministro del Interior Andrés Chadwick y con el protagonista del caso Audio, el abogado Luis Hermosilla. Esa cita ocurrida hace dos años sigue complicando al jefe del Ministerio Público, quien ha intentado explicar varias veces que se trató de una cita para “limar asperezas”, evitando las suspicacias respecto a que en esa cita se pudieran haber tratado las causas judiciales que se seguían contra el presidente Sebastián Piñera.

Los diputados Luis Cuello (PC) y Boris Barrera (PC) recurrieron a la Corte Suprema para impugnar la negativa del Ministerio Público a indagar administrativamente dicha reunión.

Y así fue. En un fallo resuelto el 26 de agosto, el máximo tribunal determinó que “aparece que el Ministerio Público ha incurrido en un acto ilegal y arbitrario al rechazar de plano, por medio del fiscal nacional subrogante, la denuncia de los actores presentada contra el fiscal nacional, incurriendo en una vulneración a su garantía constitucional de igualdad ante la ley”.

“Razón por la cual será acogida la presente acción según se dirá en lo resolutivo de este fallo”, agregó la resolución unánime de la Tercera Sala de la Corte Suprema.

La resolución de las ministras Adelita Ravanales, Mireya López y el ministro Diego Simpértigue, además de los abogados asistentes Álvaro Vidal y Andrea Ruiz, determinó que se revocaba el fallo de la Corte de Santiago y se deja sin efecto la determinación de la Fiscalía Nacional, “debiendo dar curso a la denuncia como en derecho corresponde, de conformidad con lo razonado en el considerando quinto de este fallo”.

Por lo mismo, ahora el Ministerio Público deberá convocar a la instancia conformada por los tres fiscales regionales, elegidos por sorteo, quienes deberán resolver si es que se lleva a cabo o no la investigación administrativa por Ley de Lobby.

Esta arista comenzó en octubre del año pasado, cuando los dos diputados oficialistas presentaron una denuncia ante el ente persecutor para que se determinara si es que el fiscal nacional había incurrido en contra de la Ley de Lobby al no registrar esa reunión con Chadwick y Hermosilla.

En esa ocasión, el fiscal Héctor Barros, en calidad de fiscal nacional subrogante, rechazó el requerimiento de Cuello y Barrera, afirmando que dicha cita no era objeto de ese tipo de registro.

El rechazo inicial

Tras la resolución de Barros, los parlamentarios del PC recurrieron hasta la Corte de Apelaciones de Santiago y presentaron un recurso de protección, apuntando a que el Ministerio Público no siguió la normativa para resolver este tipo de denuncias.

La Ley de Lobby establece que, en caso de que el fiscal nacional sea el denunciado, será una comisión de tres fiscales regionales, elegidos por sorteo y excluido Valencia, quienes tienen que resolver si es que se acoge, o no, la apertura de una investigación administrativa. Acusaron que en esta ocasión fue solo el fiscal nacional subrogante quien resolvió.

A juicio de los diputados, aquello estipuló “diferencias arbitrarias, dejando al denunciado fiscal nacional Ángel Valencia en una posición de inmunidad jurisdiccional que nuestro ordenamiento jurídico no le ha reconocido, toda vez que su subrogante se atribuyó la facultad de resolver sobre el fondo del asunto, aun cuando legalmente solo le correspondía dar curso al procedimiento establecido".

Algo que fue rechazado por el Ministerio Público en su respuesta a la Corte, justificando que no se incurrió en una actuación arbitraria y explicando que no se llevó a cabo ese procedimiento de la comisión de fiscales regionales dado que no se justificaban las condiciones para darle curso.

En esa instancia, la Corte de Apelaciones de Santiago rechazó el recurso de Cuello y Barrera y determinó que “al no verificarse una actuación arbitraria o ilegal que atente contra un derecho de carácter cierto y determinado de los recurrentes, el recurso no puede prosperar, sin que sea necesario analizar la eventual vulneración de garantías constitucionales, por inoficioso”.

“Fallo contundente”

Consultado por esta resolución, el diputado Luis Cuello calificó esta resolución ante La Tercera, como “un paso en función de transparentar cuáles han sido las relaciones y las materias que se han discutido con Hermosilla y con Chadwick. Creo que este fallo de la Corte Suprema, al mismo tiempo, es contundente, puesto que nadie está por sobre la ley”.

“Acá lo que dio a haberse aplicado desde un inicio por parte del Ministerio Público fue haber desarrollado el procedimiento que la ley establece, cuestión que la Fiscalía no hizo y que trató de evadir por una vía que era muy arbitraria. Entonces, me parece que esto restablece el imperio de la ley, restablece el principio de igualdad entre la ley y, sobre todo, este procedimiento que ahora debe comenzar”, agregó.

En esa línea, concluyó Cuello, que espera que “esto permita despejar y llegar a la verdad respecto de lo que Hermosilla y Chadwick habrían pedido en esa reunión con el fiscal nacional Ángel Valencia”.

En los pasillos del Ministerio Público por su parte, la resolución de la Suprema ya ha rondado y quienes conocen de aquello destacan la gravedad que representa el hecho de que el máximo tribunal reproche y califique el actuar de la Fiscalía como “ilegal”.