Las revelaciones sobre más de 25 mil funcionarios públicos que viajaron al extranjero entre 2023 y 2024 mientras estaban con licencia médica, los 250 trabajadores del área de la salud que asistieron partos durante su propio reposo, y los 1.470 prestadores que emitieron más de 30 mil licencias encontrándose también con permiso vigente, no solo destaparon una serie de irregularidades en el sistema, sino que dejaron en evidencia la ausencia de mecanismos eficaces para detectar este tipo de malas prácticas.

Por esa misma razón, la Contraloría instruyó sumarios a la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (Compin), Fonasa y la Superintendencia de Seguridad Social (Suseso). Además, en medio de las presiones por estos cuestionamientos, este lunes el gobierno le solicitó la renuncia a la superintendenta Pamela Gana.

Eso sí, días antes de dejar su cargo, Gana emitió las últimas instrucciones para reforzar el control sobre la emisión de licencias médicas mediante la incorporación de alertas informativas en el sistema que permitan monitorear conductas irregulares

La semana pasada, a través de un oficio resolutivo, la en ese entonces superintendenta instruyó a los operadores del sistema de licencias médicas electrónicas –Imed y Medipass– el implementar una serie de ajustes en la plataforma. Entre ellos se incluyen mensajes visibles que adviertan a los profesionales de la salud sobre las sanciones asociadas a la emisión de licencias sin fundamento médico o sin mediar una atención. También se les exigió incorporar contadores que informen al emisor cuántas licencias han otorgado en el último mes y en los últimos 12 meses, además de desplegar un resumen de las licencias previas del paciente, agrupadas por tipo de diagnóstico.

A lo anterior se suman otras medidas más restrictivas, como la posibilidad de inhabilitar preventivamente al profesional en caso de detectarse un comportamiento inusual en la emisión de licencias médicas –ya sea por su volumen, frecuencia, anulación o el lugar desde el cual fueron emitidas– y la suspensión automática durante el período en que el profesional se encuentre él mismo con licencia médica, cosa de evitar que den permisos en este tiempo. Los operadores tienen un plazo de cinco días hábiles, contados desde la notificación del oficio, para remitir un cronograma con las tareas y plazos asociados a la implementación de estos cambios.

Otras medidas

En paralelo, el Ministerio de Salud está trabajando en un proyecto de ley. Y aunque los detalles aún no se conocen, sí hay acuerdos generales: por ejemplo, que estará enfocado en reducir los incentivos existentes para solicitar licencias médicas, especialmente aquellas de larga duración.

En ese marco, el Ejecutivo evalúa eliminar lo que se conoce como “período de carencia”: hoy, en licencias de 10 días o menos, los tres primeros no se pagan, lo que termina incentivando que se pidan por más tiempo del necesario.

Además, el Ejecutivo detectó otro componente en la legislación que podría actuar como incentivo. Hoy, el otorgamiento de licencias médicas en el sector público está regulado por el artículo 111 de la Ley 18.834, que establece que estas son un derecho del funcionario para ausentarse o reducir su jornada por motivos de salud. Además, establece que el funcionario, en el sistema público, sigue recibiendo el total de sus remuneraciones, algo que no ocurre en el sector privado, donde el pago suele ser menor.

La idea que se baraja es encontrar una fórmula que permita mantener el derecho a licencia médica, pero con un nuevo esquema de pagos: por ejemplo, que mientras más tiempo dure el reposo, el monto de la remuneración se vaya reduciendo gradualmente.