Uno de cada tres escolares cree que la violencia sirve para lograr lo que quiere

Los últimos días no han sido fáciles para los escolares del país. En Puerto Montt, un colegio intenta comprender qué motivó a uno de sus niños a disparar contra otro. En Copiapó, una familia llora a su hijo trans de 15 años que se suicidó por el bullying que le hicieron sus compañeros. Y en Santiago, el Instituto Nacional ayer volvió a suspender las clases, por otro enfrentamiento -uno de los tantos que ha habido este semestre- entre encapuchados y policías.

La violencia escolar es un tema cada vez más preocupante para las autoridades, no solo por los ataques, sino por el impacto que tiene en la enseñanza. Así queda reflejado en el Estudio Nacional de Formación Ciudadana, aplicado por la Agencia de Calidad de la Educación en escolares de 8° básico en 2018, el que muestra que uno de cada tres estudiantes cree que la violencia es un medio válido para lograr lo que uno quiere.

Según el análisis, el 65% de los escolares dice que el fin justifica los medios para lograr la paz y el 66% está de acuerdo con que la ciudadanía castigue a los criminales por sus propias manos, como ocurre en las llamadas "detenciones ciudadanas". Y estos índices son más alarmantes en algunas regiones, como la de Los Lagos, donde el lunes fue el disparo.

El secretario ejecutivo (S) de la agencia, Juan Bravo, advierte que estos datos indican "que hay cosas que no estamos conversando ni profundizando con nuestros jóvenes", y que se puede concluir que "mientras menor conocimiento cívico tenga un estudiante, menor es la valoración por los mecanismos democráticos y la participación".

La directora del Doctorado de Educación de la U. Alberto Hurtado, María Teresa Rojas, dice que esta medición indica que "existe la percepción en los colegios de que los más fuertes, rudos o imprudentes consiguen más cosas que quienes negocian", lo que le preocupa.

"Hay que aspirar a que ningún escolar crea en la violencia", explica, lo que, en parte, es tarea de los colegios. "La formación por el respeto debe ser un eje transversal y lo que sabemos es que hay escuelas que logran tener una convivencia respetuosa, pero parte de ellas no lo logra. Pero la violencia crece también porque la violencia social crece y las escuelas no están abstraídas de eso", agrega.

El estudio de la Agencia de Calidad de la Educación muestra que hay zonas donde la percepción de la violencia es más preocupante. En la Región de Los Lagos, el 62% de los alumnos cree que la paz se logra por medio del diálogo y la negociación, siendo el índice más bajo del país.

Juan Bravo dice que, más allá de lo ocurrido en Puerto Montt y de los diversos resultados por región, "tenemos la responsabilidad de trabajar para que este tipo de situaciones muy lamentables no ocurran", y ahí las familias tienen un rol clave.

"Los estudiantes aprenden con el ejemplo y lo que aprenden en la casa es probablemente lo que van a poner en práctica: si una familia resuelve sus conflictos con violencia, el estudiante entenderá que ese es un mecanismo válido. Por el contrario, una familia que resuelve sus problemas con diálogo, enseñará a sus hijos que esa es la vía correcta", explica.

El estudio detectó otro indicador preocupante en la Región de Tarapacá, donde el 74% de los estudiantes cree que la ciudadanía debe castigar a los delincuentes.

Y a propósito del ejemplo que les dan los adultos a los niños, esta cifra es muy similar a la revelada por el Centro de Estudios de Conflictos y Cohesión Social (Coes), que en 2017 hizo un estudio que muestra que el 76% de los chilenos avala las "detenciones ciudadanas".

"Cuando tenemos conceptos que no conocemos, como justicia, debido proceso, respeto a la vida, que son conceptos cívicos básicos, no los valoramos y, por lo tanto, nos creemos con el derecho de actuar por cuenta propia. Aquí lo más relevante es la educación y esa es la vía por la que tenemos que transitar", plantea Bravo.

La balacera de Puerto Montt y los desórdenes en el Instituto Nacional han puesto la mirada sobre las medidas que están tomando las autoridades para frenar la violencia. Y una de ellas, la revisión de mochilas, está en el centro de la polémica.

Ayer, la defensora de la Niñez, Patricia Muñoz, criticó que se use ese mecanismo, pues, a su juicio, "se están haciendo intervenciones de índole policial, que se están haciendo de manera ilegal, porque la policía no está para eso". Además, criticó que se utilicen estos episodios "para fines de refuerzo de una agenda legislativa que ciertamente tiene aspectos vulneratorios de derechos humanos".

Pero el gobierno defendió la revisión de mochilas y la aplicación de la Ley Aula Segura, en el caso del Instituto Nacional. "Ese liceo está tomado hace demasiado tiempo por un grupo de violentistas y eso nos debe hacer pensar de qué manera podemos frenar esta espiral de violencia", dijo la ministra de Educación, Marcela Cubillos, quien criticó duramente a Muñoz.

"Quisiéramos ver a la defensora de la Niñez, alguna vez, defendiendo los derechos de todos los menores del Instituto Nacional que quieren estudiar con seguridad, que son la mayoría", afirmó.

El alcalde de Santiago, Felipe Alessandri, se reunió ayer con exalumnos de ese liceo para ver cómo frenar a los encapuchados. "Se está afectando a la educación pública con violencia que no es normal y frente a eso llamamos a quienes quieran conversar a condenar la violencia", dijo el edil.