Clubes de cannabis proliferan y gobierno crea protocolo para regular autorización de cultivo

Grupos de usuarios medicinales buscan proveer marihuana a pacientes con receta médica. Nueva normativa mandata al SAG a aprobar toda plantación, previa consulta al ISP e intendencias.

Francisco Pastene (71) escuchó, hace poco más de un año, a vecinos conversar sobre las supuestas propiedades medicinales de la marihuana. Entonces decidió someter el rumor a una prueba concreta, con sus propias dolencias, derivadas de la artrosis que padece desde hace décadas. Así, consiguió algunas hojas de la planta y preparó un té. Desde entonces, bebe cuatro tazones de la infusión al día.

A raíz de las dificultades para conseguir la materia prima, acudió a generaciones más jóvenes y con ellos logró conformar un club, la Asociación Social de Usuarios de Cannabis (Asumc), en Maipú. Esta tiene personalidad jurídica y su objetivo es cultivar marihuana para suministrar el producto, ya sea en hojas o aceite derivado de la planta, a adultos mayores asociados de la comuna que padezcan de alguna enfermedad. “La marihuana me calma el dolor mucho más rápido y ha mejorado notablemente mi calidad de vida”, dice Pastene. “Nunca he sentido un efecto alucinógeno y creo que puede ser un buen remedio natural si uno es responsable y no se excede”, agrega.

Patologías

Los clubes de cannabis creados para promover el cultivo colectivo de la planta han proliferado durante este año. Según la ONG Latinoamérica Reforma, que se dedica a difundir tratamientos a base de marihuana en pacientes de determinadas patologías, estas entidades están presentes en la mayoría de las regiones. Por lo general, cuentan con personalidad jurídica o están en proceso de constituirse como fundación o corporación, con un objetivo social en común: educar en temas de autocultivo y entregar la planta de marihuana, o productos derivados, como aceite o su flor (cogollo), a personas que tengan una receta médica de profesionales ligados a estas agrupaciones.

“Hay gente que no puede cultivar, porque no tiene espacio, porque no tiene los conocimientos o porque su enfermedad se lo impide. Nosotros cultivamos por ellos y elaboramos un extracto con diferentes variedades, que se receta según la enfermedad a tratar”, explica Ives Romero, director de la Fundación de Apoyo Social Integral y Medicinal del Cannabis (Fasimc).

A cambio, la entidad pide un aporte voluntario que cubre costos de producción de la resina en un laboratorio. “Estamos creando también un estatuto de transparencia, para que nuestros asociados conozcan todos los gastos y comprueben que no existe lucro ni lavado de dinero”, agrega Hans Ureta, presidente de la entidad.

Un funcionamiento similar rige a la Corporación Dispensario Nacional. Estos, además de preparar el extracto para sus socios, también entregan plantas y su flor a los pacientes y piden un aporte de hasta $ 9 mil por gramo, además de la cuota de pertenencia a la corporación, que asciende a $ 12 mil al mes. “Eso cubre los gastos que nos permiten hacer análisis de selección de las cepas y variedades, y también los costos de producción”, explica Luis Quintanilla, presidente de la corporación. “Nuestra intención es también contribuir a la investigación científica de los efectos de la cannabis en los pacientes”, agrega.

Según Rodrigo Rodríguez, médico de la U. Católica y miembro de Latinoamérica Reforma, “el tratamiento con cannabis se ha visto efectivo en personas con tratamiento oncológico que tienen efectos secundarios, como náuseas, y en enfermedades neurológicas como epilepsia refractaria y algunos pacientes con dolores crónicos y fibromialgia”.

Marco legal

Según el asesor jurídico de Latinoamérica Reforma, Luis Antimán, estos clubes funcionan dentro del marco legal. “La ley 20.000 prohíbe el tráfico de estupefacientes, pero exime el autocultivo de cannabis, su consumo privado y con fines medicinales. En los clubes, las personas se unen para cultivar de forma privada y las plantas están determinadas para un consumo próximo en el tiempo, para cada uno de los pacientes de estas asociaciones, que cuentan con una receta médica que respalda su consumo como tratamiento”, afirma.

Al respecto, el abogado del Colegio Médico Adelio Misceroni afirma que “si bien no es tan explícita la Ley 20.000, esto está regulado en el artículo 8, que establece la posibilidad de obtener autorización del SAG para cultivo de cannabis”. Agrega que “la jurisprudencia de la Corte Suprema ha señalado que sólo el hecho de tener una planta de cultivo de marihuana no da autorización a la policía para entrar al hogar. En algunos casos, con asociaciones como éstas, la corte ha fallado de forma favorable”.

En este sentido, el Ejecutivo envió un proyecto que modifica la Ley 20.000 para de despenalizar el expendio y autocultivo de cannabis con fines medicinales, el que actualmente se discute en el Congreso (ver recuadro).

Asimismo, la Subsecretaría del Interior firmó en septiembre un convenio con el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) y el Instituto de Salud Pública (ISP), para establecer un protocolo que regule las autorizaciones de cultivo de cannabis. En el documento se constata que el aumento de las solicitudes “ha puesto de manifiesto una serie de deficiencias”, tanto respecto del procedimiento como de las diferentes instituciones que participan en él.

Carabineros y PDI

El protocolo entrega al SAG la potestad de autorizar los cultivos, previo informe del ISP y de la intendencia regional respectiva, y ordena informar a Carabineros y PDI. Además, se establece que los destinos de la cosecha pueden tener fines científicos, sanitarios, industriales o farmacéuticos, entre otros (ver recuadro).

Carlos Bravo, jefe de la sección de Estupefacientes y Sicotrópicos del ISP, explica que en el informe, el instituto se pronuncia “sobre la solicitud de plantación, su finalidad, si será investigación científica o elaboración de productos farmacéuticos, y si cumple o no con la normativa que regula esos aspectos”.

Desde el SAG informaron que “la ley no distingue” los cultivos según el lugar donde se realicen, por lo que esta autorización es requerida para toda plantación, incluidas las que se implementen dentro de los hogares.

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