Señor director:

Está pasando casi inadvertida la  aprobación del proyecto de ley de Aporte al Espacio Público, iniciativa que bajo el argumento de mejorar la cohesión social y la sustentabilidad aumentaría aún más el precio de las viviendas sociales.

La iniciativa tiene como fin que los nuevos proyectos inmobiliarios mitiguen sus impactos a través de medidas relacionadas con vialidad, y un aporte monetario equivalente a cierto porcentaje del avalúo fiscal que, alternativamente, puede materializarse con estudios de perfectibilidad.

Ambos cargos delegan al reglamento todos los parámetros que permitirían predecir el monto a pagar, generando gran incerteza a cualquier persona que quiera llevar a cabo un desarrollo inmobiliario.

La Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios estima que las viviendas aumentarían su precio un 8% promedio. Si ya con el IVA de la reforma tributaria una vivienda que costaba $ 50 millones aumentaría en promedio un 10%, con este nuevo cambio regulatorio esta misma vivienda aumentaría a casi $ 60 millones. Es decir, si antes una persona que solicitaba un crédito hipotecario a 25 años entregando un 20% de pie tenía que pagar un dividendo promedio de $ 225 mil mensuales, ahora requeriría de $ 270 mil.

Alguien tiene que pagar este mecanismo para que el Estado recaude más recursos; lamentablemente esta carga la tendrán las personas a través de dividendos más caros.

Paulina Henoch I.

Programa Social LyD