La opinión técnica del Consejo Fiscal Autónomo sobre el FES - proyecto que busca condonar, reprogramar y reemplazar el CAE- era largamente esperada en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados. Esto no sólo porque el proyecto de ley tiene consecuencias fiscales importantes (involucra enormes sumas de fondos públicos), sino porque su informe financiero contiene promesas difíciles de creer.

¿Qué dijo el Consejo?

Primero, valoró la forma de cobranza que propone el proyecto, tanto para los deudores actuales del CAE, como para los que en el futuro tomarían el FES. Ésta consta de un descuento por planilla, contingente al ingreso, y que probablemente sea más eficiente que el sistema vigente para recuperar los recursos que se han prestado a los estudiantes para sus carreras. Esto es positivo, en particular porque deja establecido que el presente gobierno busca no condonar el CAE, si no cobrarlo con más efectividad. Es destacable que una coalición política que llamaba a condonar y a no pagar las deudas estudiantiles por ser supuestamente ilegítima, ahora sea felicitada por un sistema de cobranza efectivo. Bien.

Segundo, confirmó un elemento clave que varios diputados, expertos y rectores habían hecho ver: el informe financiero contiene una serie de numerosos supuestos sobre el mercado del trabajo, crecimiento de la economía y de los salarios, los ingresos futuros de los graduados, el desempleo, formalidad, entre otros, que podrían no cumplirse. Si no se cumple todo lo que Hacienda y la Dirección de Presupuestos supone, entonces el costo del proyecto podría aumentar dramáticamente. Entonces, para que los diputados puedan evaluar realmente el proyecto, se requieren análisis de sensibilidad y simulaciones, que permitan justamente comprender los riesgos que implica tener gastos seguros (que los contribuyentes paguen en efectivo los aranceles de todos los estudiantes del sistema) e ingresos inciertos (que los beneficiarios puedan pagar el impuesto que se les aplicará). Esta incertidumbre y riesgo aumenta si universidades de gran matrícula que hoy cuentan con el CAE deciden adscribir a la gratuidad. A su vez, disminuyen fuertemente los ingresos futuros del FES, sin reducir el gasto.

Tercero, el Consejo hizo ver un problema de gran importancia, pero que no tiene mucho eco en la discusión pública. El FES propone considerar el pago de aranceles de los estudiantes como un activo, y no como un gasto. Esto lo argumenta porque podrá recuperar, al menos en parte y por vía del impuesto a los graduados, parte de los recursos que gaste en aranceles. ¿Para qué este enredo? Pues para no transparentar el enorme gasto público que implica este proyecto y no explicitarlo como tal en el presupuesto de la nación. El Consejo Fiscal Autónomo ha dicho que la Contraloría, junto con otros organismos debe tener parte en esta decisión contable. Pero finalmente, ¿cuál es el tema de fondo? El mismo de siempre: el gobierno se niega a definir el FES como crédito o impuesto. Hoy es claramente un impuesto, pero si Hacienda quiere registrarlo como inversión, entonces debe valorizar la deuda, y entonces caer en su propia trampa, afirmando que se trataría de un crédito. Difícil.

El CFA, con una presentación todavía preliminar, solo ha confirmado y profundizado las dudas que afectan a este proyecto desde el principio. Solo queda que el gobierno escuche y haga algo al respecto.

Por Daniel Rodríguez Morales, director ejecutivo Acción Educar